Publicación original: Verdad Abierta

A su manera, y luego de haberse negado en varias ocasiones a comparecer, como sí lo han hecho varios de sus homólogos, habló durante cerca de cinco horas con tres de sus representantes en su casa de Llanogrande, en Rionegro, Oriente antioqueño, sobre varios temas sensibles para el país relacionados con el conflicto armado. Fue reiterativo en señalar que desconocía esa institución, creada tras la firma del Acuerdo de Paz. Las víctimas cuestionaron ese encuentro.

Algo debe quedar claro: el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez no compareció ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Lo ocurrido ayer fue una conversación informal en la que el líder político impuso una puesta en escena para hacer una defensa de su gestión presidencial y cuestionar el Acuerdo de Paz alcanzado por el Estado colombiano a través del gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla de las Farc.

Este encuentro se anunció de manera súbita en la tarde del domingo y pese a que, oficialmente, no se precisó la agenda de conversación, el expresidente Uribe publicó ese mismo día un extenso artículo en el portal El Expediente en el que expuso los 62 puntos de los que iba a hablar con los representantes de la CEV.

La Comisión, por su parte, emitió horas más tarde un comunicado en el que confirmó la reunión, anunció que asistirían el presidente de esta institución, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, la comisionada Lucía González y el comisionado Leyner Palacios, y precisó que, en el encuentro, “escuchará y recibirá los aportes que haga el expresidente Uribe y los someterá después al análisis y al contraste como ha hecho con los aportes de los demás expresidentes y personas que han entregado su verdad a la institución”.

Al día siguiente, la CEV anunció a los periodistas a través de sus canales de difusión que la reunión comenzaría a las 10 de la mañana y agregó que “el compromiso entre las partes es que durante el encuentro no habrá transmisión pública, ni difusión en redes sociales, ni atención a medios. Esto según lo acordado”.

Pero estando en la casa de la familia Uribe, las condiciones las puso el expresidente y exsenador: no cedió a las pretensiones de privacidad de la conversación y dispuso que se transmitiera por sus redes sociales, especialmente por su canal de YouTube.

Al ser consultados los funcionarios de la Oficina de Prensa de la CEV sobre la supuesta violación al compromiso acordado previamente, respondieron que “la Comisión acoge la decisión que tome el contribuyente. Cómo los demás expresidentes que han pedido hacerla pública, cómo otros tantos actores y responsables. Acá el tema es que no estaba previsto pasarla en directo, pero sí hacerla pública luego, ¿qué cambió? Pues que decidieron enviarla en directo”.

En su presentación inicial, De Roux dejó claro que asistían a esa conversación como Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, “una entidad de carácter público y autónoma, con respaldo constitucional”, pero aceptó la posición del expresidente Uribe de desconocer esa institución.

Y es que el exmandatario hizo énfasis en reiteradas ocasiones en que no lo consideraba como una comparecencia ante esa entidad, pues no reconocía la legitimidad de las instituciones del Acuerdo de Paz, porque, a su juicio, se crearon violando al Estado Social de Derecho, al ser refrendado por medio del Congreso de la República tras perder el plebiscito del 2 de octubre de 2016.

Impuso el orden

Fotograma extraído de la transmisión de YouTube de Álvaro Uribe Vélez.

El expresidente Uribe no sólo impuso la agenda de conversación, también fue detallado en la disposición del espacio en el que atendería a los representantes de la CEV: uno de los corredores de su amplia casa campestre en la que ocupó una mesa grande y alta lo que hacía que se destacara su figura de autoridad y que De Roux quedara en posición de subordinado, así como los dos comisionados.

Mientras el expresidente Uribe exponía con detalle sus logros en los dos períodos presidenciales (2002-2006 y 2006-2010), saltando sin ningún orden aparente entre los 62 puntos del documento que preparó para la CEV, De Roux tomaba atentamente apuntes sin parar en un bloc de notas.

Ese fue el encuadre que fijó la cámara durante las cerca de cinco horas de transmisión en vivo y sólo cambió de enfoque cuando el comisionado Palacios intervino en la conversación, pero en ningún momento se enfocó a la comisionada González. Detrás de la cámara estuvieron los hijos del expresidente Uribe: Tomás y Jerónimo.

En esa disposición del escenario, parecía el dictado de un profesor a su alumno. Y es que el exmandatario estableció sus reglas de juego, tomando distancia radicalmente de todos los eventos que ha realizado la Comisión para obtener el testimonio de excombatientes y políticos en relación con el conflicto armado.

Una y otra vez, el exjefe de Estado explicó que atendía al padre De Roux por respeto a sus calidades personales, mas no por su condición de presidente de la CEV y porque quería contribuir a la verdad; no obstante, fue incisivo en negar la existencia del conflicto armado en Colombia. En su lenguaje sólo cabe “amenaza terrorista”.

La divergencia de opiniones sobre este encuentro se reflejó en la difusión de la conversación por redes sociales: mientras en la transmisión realizada por el canal del exmandatario se tituló “Reunión padre de Roux”; en la retransmisión que realizó la CEV se rotuló como “Álvaro Uribe ante la Comisión de la Verdad”.

Como si fuera poco, el encuentro no contó con la participación de víctimas, salvo la del comisionado Palacios, que padeció la pérdida de 28 miembros de su familia en la masacre de Bojayá. En el modelo que ha dispuesto la CEV, las víctimas suelen hacer preguntas de manera presencial, virtual o por medio de mensajes pregrabados, y esta vez no ocurrió. Como tampoco hubo pendones, imágenes o logos de la Comisión. Estaban en la casa de campo de la familia Uribe y su patriarca ponía las condiciones.

La larga conversación, de casi cinco horas, se hizo en dos sesiones: la primera, en la mañana, tuvo una duración de dos horas y 21 minutos, y la segunda, en la tarde, de 2 horas, 39 minutos. El telón de fondo fue la cotidianidad de la familia Uribe en su hogar campestre.

En la primera sesión, que transcurrió bajo una fuerte lluvia, el padre De Roux y la comisionada González dejaron claro que lo que pretendían con esa conversación era que el expresidente Uribe contribuyera con sus explicaciones para comprender lo ocurrido durante la guerra en Colombia. El presidente de la CEV pidió demarcar el diálogo “sobre el dolor humano”, aludiendo a las miles de víctimas de múltiples crímenes que dejó la confrontación armada.

En la sesión de la tarde, el político antioqueño respondió algunas preguntas del padre De Roux, del comisionado Palacios y de la comisionada González. En varias ocasiones, los ánimos se caldearon y el exmandatario tomó como ataques personales los interrogantes que buscaban explicaciones sobre las dinámicas del conflicto armado y las decisiones que tomó para conjurarlo.

De hecho, en un momento, y en una intromisión inusual y desobligante, que no tuvo ninguna contención por parte del expresidente, sus dos hijos acusaron a la comisionada González de tener un sesgo favorable a las Farc y le recriminaron un mensaje que publicó en 2017 en la red social Twitter mostrándose a favor de la extinta guerrilla, que acababa de emitir los lineamientos del partido político que conformó tras concluir su proceso de dejación de armas.

Minutos antes, uno de los dos hijos, cuyas voz se escuchaba, pero la cámara no lo enfocó, irrumpió abruptamente para salir en defensa de su padre y afirmar que los llamados ‘falsos positivos’, uno de los temas que más espinosos que se abordó en esta conversación, habían hecho explosión cuando Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa, entre los años 2006 y 2009, durante el segundo mandato presidencial de Uribe.

La presencia activa de los hijos del expresidente y la puesta en escena al parecer fueron calculadas meticulosamente para que el jefe del partido Centro Democrático le hablara a su electorado y disipara los interrogantes que lo rondan por crímenes ocurridos con relación al conflicto armado, una estrategia similar a la que también han recurrido exjefes guerrilleros y paramilitares.

¿Explicaciones claras?

Buena parte de su intervención, el exmandatario se concentró en explicar lo que fue su política de Seguridad Democrática, que se aplicó durante su gobierno y a la que le atribuye el éxito de sus dos mandatos. “Todo ese proceso que yo dirigí tuvo un total escrutinio nacional e internacional”, dijo, con lo que buscó borrar toda sospecha de que fue esa política la que generó el fenómeno de los llamados ‘falsos positivos’, que consistió en presentar asesinatos de civiles inermes como “bajas en combate”.

Uribe insistió que bajo su gobierno se privilegiaron las desmovilizaciones y no las bajas en combate, y no sólo expuso que se había logrado la desvinculación de 53 mil integrantes de grupos armados, sino que exaltó el papel en ese proceso de quien fuera su Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, prófugo de la justicia justamente por promover falsas desmovilizaciones.

Al referirse al caso que concitó el interés nacional sobre los llamados ‘falsos positivos’, el de los jóvenes de Soacha, que fueron encontrados en fosas en Ocaña, Norte de Santander, Uribe admitió un error: “Cometí un error por esos días de decir que no estaban cogiendo café”.

Y sin admitir responsabilidad alguna en este tipo de casos, que según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó por lo menos 6.402 personas asesinadas de manera ilegítima por tropas estatales entre los años 2002 y 2008, Uribe insistió en que en algunos hechos fue inducido a error, y hasta engañado, por los militares.

Pese a la negación del fenómeno, evidencias de lo ocurrido han quedado expresadas en testimonios entregados a la CEV por miembros de la Fuerza Pública, en declaraciones a la JEP por militares comparecientes y por procesos judiciales en los que han sido condenados uniformados de distintas guarniciones militares.

Sobre ello insistió en otro punto reiterado durante varios años: “Lo que pasa es que también hay muchas falsas acusaciones para desacreditar a las Fuerzas Armadas” y se explayó en hablar de las estigmatizaciones de las que eran víctimas, pero no reconoció que durante sus dos periodos de gobierno fue incisivo en señalar a los defensores y defensoras de derechos humanos como parte de la estructura intelectual de las Farc, poniéndolos en situación de grave riesgo. Incluso, ante el padre De Roux, señaló que el Consejo Regional Indígena de Cauca (Cric), tiene lazos con el narcotráfico y que con esa organización no se lleva bien, como sí lo hace con otras comunidades étnicas.

Algunas de sus intervenciones del pasado quedaron condensadas en este video, donde califica de “politiqueros al servicio del terrorismo” a quienes se atrevieron a cuestionar su propuesta de Seguridad Democrática. Sus ataques verbales también incluyeron a varios periodistas.

Tal como lo hizo el expresidente Juan Manuel Santos en su comparecencia ante la CEV en junio pasado, su homólogo insistió en que los llamados ‘falsos positivos’ eran, al comienzo, un rumor en el que no creían, según él, “ni la Fiscalía ni las Fuerzas Armadas” y agregó: “Para mí era muy difícil creer que había ‘falsos positivos’, pero siempre procuramos actuar a tiempo”.

Y ante uno de los señalamientos más persistentes en su contra, como lo es pedir resultados a los comandantes, lo que ha sido interpretado como una inducción a la comisión de delitos contra civiles para incrementar los indicadores de eficiencia de las distintas guarniciones militares, Uribe admitió que sí pedía resultados, pero matizó el asunto.

“Se dice que Uribe llamaba a los comandantes. Por supuesto, es que yo llegué con la personalidad , el carácter y la determinación que he tenido, de producir resultados, con toda la ética y en todos los campos”. Y para desligarse de toda responsabilidad, sentenció: “La culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia, es del incapaz criminal que para fingir resultados produce crímenes”.

El exmandatario se atribuyó la decisión de que sólo funcionarios de la Fiscalía podían hacer la inspección judicial de los cuerpos de las personas dadas de baja por uniformados de la Fuerza Pública: “Cuando declararon inexequible el decreto de las zonas especiales de orden público, yo tomé la decisión de que en todo el territorio nacional el cadáver de cualquier persona dada de baja no podía ser movido por las fuerzas armadas, que tenía que esperar que llegara la fiscalía a hacer el levantamiento del cadáver”.

No obstante, esa afirmación no es del todo cierta. En marzo pasado, el portal Colombiacheck sometió a revisión esa aseveración en medio de un debate sobre ‘falsos positivos’ y encontró que, por el contrario, lo que había intentado hacer el expresidente en su primer periodo de gobierno (2002-2006) fue asignarle tareas de Policía Judicial a las Fuerzas Militares mediante reformas constitucionales, que fueron rechazados por la Corte Constitucional en los años 2003 y 2004. (Leer en: Uribe no ordenó en 2003 que levantamientos en combate fueran hechos por el CTI)

En varias de sus intervenciones aludió al narcotráfico que, a su juicio, está ligado a la comisión de los ‘falsos positivos’, pero sin que diera muchos detalles al respecto. “Me parece que falta ese componente en la investigación, el tema del narcotráfico en estos asesinatos”, dijo. ¿Podría leerse esa sugerencia como una revictimización de las víctimas?

Ante las peticiones de los comisionados de que explicara no hechos puntuales, sino fenómenos, como la connivencia de sectores de la Fuerza Pública con grupos paramilitares, Uribe volvió a insistir sobre un punto que ha sido su excusa para evadir responsabilidades: la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y la posterior extradición, en mayo de 2008, de los principales jefes paramilitares a Estados Unidos porque, según él, continuaban delinquiendo desde las cárceles, razón por la cual activó los pedidos de ese país para que respondieran por delitos asociados al tráfico de drogas.

Sobre las asociaciones de vigilancia y seguridad privada, conocidas como Convivir, creadas bajo el gobierno del presidente Cesar Gaviria (1990-1994) y reformuladas en la administración de Ernesto Samper (1994-1998), el exsenador Uribe reiteró lo que dicho en sendas intervenciones del pasado: que la articulación de la ciudadanía debía ser “solidaria con las autoridades en procura de los fines superiores del Estado” y agregó: “Siempre pensé que la cooperación con la Fuerza Pública garantiza transparencia y eficacia, he crecido muchísimo en eso”.

En este tema, admitió un error: “dije que debían tener armas largas por el desespero de ver tanta violencia”, pero a renglón seguido precisó que esa petición se había quedado sólo en el discurso: “Nunca se les concedieron”. En contraste a lo dicho por Uribe, registros documentales evidencian que a quienes conformaron esas asociaciones se les autorizó el porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, como subametralladoras y pistolas automáticas, gracias a las normas que las crearon. El asunto fue zanjado por la Corte Constitucional en 1997, cuando declaró inexequibles esas autorizaciones.

Lo que no admitió Uribe, pero tampoco se lo preguntaron, es que las Convivir se convivieron en una herramienta legal que permitió la expansión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá por diversas regiones del país y en mecanismo de financiación de esas estructuras ilegales a través de la recepción de aportes de empresarios. En este tema resalta el caso de la multinacional bananera Chiquita Brands, que reconoció la entrega de aportes ante jueces federales en Estados Unidos. (Leer más en: Acusan a directivos de Chiquita Brands de financiar grupos paramilitares en Urabá)

La puesta en escena le permitió a Uribe hacer, de nuevo, un balance de su gestión presidencial, sin que aportara esclarecimiento alguno sobre los hechos. ¿Qué piensan las víctimas sobre este encuentro de Uribe con la CEV?

Un sabor agrio

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) documento 6.402 casos de ‘falsos positivos’ ocurridos entre 2002 y 2008. Foto: cortesía Mafapo.

Quienes sufrieron en carne propia las consecuencias de los ‘falsos positivos’ quedaron con una sensación de decepción tras las declaraciones de Uribe. Las expectativas eran muy diferentes a lo que realmente sucedió en el encuentro con De Roux.

De esta forma lo expresó Jacqueline Castillo, directora general de la asociación Madres de Falsos Positivos de Colombia (Mafapo), cuyo hermano fue asesinado y reportado como muerto en combate: “Yo tenía la esperanza de que Uribe aceptara y reconociera que bajo su directriz se pudo haber desencadenado todo este acto tan macabro que cometieron miembros del Ejército, pero sabemos que no lo hizo”.

Para ella, el evento significó una burla para las víctimas y afirmó que Uribe, al igual que Santos, cumplió con el deber de hablar ante la Comisión de la Verdad —en este caso de una manera informal y no reconocida por el expresidente antioqueño— pero no aportó verdad.

En eso mismo coincide Blanca Nubia Monroy, quien también hace parte de Mafapo. Ella equiparó a Uribe con el general Mario Montoya, quien fue comandante del Ejército Nacional desde 2006 hasta 2008, diciendo que ambos son “unas personas hipócritas, falsas, que están jugando con el dolor de Colombia y de las madres” de aquellos que fueron ejecutados extrajudicialmente.

“Me parece inaudito que el señor Uribe, sabiendo que él fue el que dio la orden de la muerte de los jóvenes, para que estas personas fueran obligados a ser ‘falsos positivos’, hoy en día no quiera tener los pantalones para decir una verdad. Señor Uribe, póngase la mano en el corazón, piense en el dolor que hubiera sentido su mujer si le hubieran quitado a un hijo. Señor Uribe, ojalá, ojalá a usted no le vaya a faltar un hijo, para que sienta lo que nosotros sentimos”, le dijo Monroy a VerdadAbierta.com con evidente indignación.

Esta no fue la única mención al general Montoya. Luz Edilia Palacios, victimizada dos veces en desarrollo del conflicto armado, opinó que Uribe, a quien define como “un individuo mentiroso”, que le falló al país durante su mandato y ahora le dio la espalda a la verdad, en lugar de ser recibido en escenarios valiosos para la paz, debería estar hablando cara a cara con Montoya.

Adriana Arboleda Betancur, defensora de derechos humanos perteneciente a la Corporación Jurídica Libertad y vocera nacional del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), planteó que los actores que han ejercido el poder es a quienes más se les debe exigir y, al mismo tiempo, evitar un trato privilegiado que no tienen, pues con eso se envía un mensaje que desestimula la entrega de los testimonios por parte de personas, grupos y comunidades vulnerables.

En su reflexión, calificó el encuentro como un “hecho muy lamentable” porque, a su juicio, le garantizó “al expresidente y exsenador seguir defendiendo su tesis justificatoria y negacionista de todos los hechos de que se le acusan”.

Al valorar lo dicho por Uribe, esta defensora de derechos humanos aseveró que no dijo nada nuevo, simplemente “se limitó durante largas horas a decir lo que históricamente ha dicho y es que la Seguridad Democrática trajo paz, a negar sus vínculos con el paramilitarismo, a desconocer su responsabilidad política en los casos de las ejecuciones extrajudiciales, a insistir que prácticamente este país le debe todo a él, sin reconocer las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes atroces de los cuales incluso se ha señalado su responsabilidad por testigos, jefes paramilitares y por las propias víctimas”.

Arboleda planteó que el padre De Roux y los comisionados deben hacer un análisis autocrítico de lo que pasó en el encuentro, el cual catalogó como un “show político”, que lo único que buscaba era posicionar la imagen de salvador de Álvaro Uribe Vélez.

“Es lamentable -agregó- que haya sido un acto privado, que incluso durante el monólogo, porque todo fue menos un diálogo, siguió diciendo que desconoce la legitimidad de las entidades que se conformaron en el marco del Acuerdo de Paz; no hubo posibilidad de verdaderas contrapreguntas. El escenario mismo que se utilizó quería mostrar a Uribe como superior y a los comisionados como personas sin legitimidad, sin capacidad alguna de discutir con una persona que le debe tantas explicaciones al país”.

Y consideró que si bien la CEV, en su propósito de esclarecer un sinnúmero de hechos relacionados con el conflicto armado, debe escuchar a todos los actores, debe hacerlo fundamentado en los principios que están establecidos en el Acuerdo de Paz: “No pueden ser actos que se aprovechen para seguir deslegitimando el Acuerdo de Paz, para seguir deslegitimando la Comisión de la Verdad y en general el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación”.

“Lo que ha permitido este acto -continuó- fue pisotear la dignidad de las víctimas y de un sector del país que le sigue apostando a la paz y a la posibilidad de transformaciones sobre la base de la verdad y el reconocimiento de los crímenes por parte de quienes han hecho parte de la guerra”.

Arboleda aseveró, finalmente, que “el mensaje que deja la Comisión es que siempre hay que aceptar las condiciones de Uribe, que debemos ser sumisos ante su palabra, y eso es inaceptable. Los comisionados le agradecieron su contribución a la verdad, sabiendo que no contribuyó, ni entregó ninguna verdad. Un verdadero exabrupto”.

Es tanta la desilusión que algunas víctimas incluso ya dicen haber perdido la esperanza en la justicia colombiana y ponen su mirada sobre una ‘Justicia Divina’. “Nosotros, las víctimas de Colombia, sabemos que la justicia de este país no se ha hecho sentir porque los jueces y fiscales y Cortes son la misma cadena y lo han favorecido en todo. Esperamos la justicia divina de Dios”, dijo Palacios.

Si algo caracterizó en la transmisión del encuentro entre Uribe y De Roux fue la presencia de algunos animales que el exmandatario tiene en su residencia, lo que también fue referido por las víctimas a la hora de dar a conocer su descontento.

Anadelina Páez, madre de Eduardo Garzón Páez, dado ilegalmente como baja en combate, ha dicho sin dudar y de forma comparativa que Uribe, desde una posición egocéntrica, se preocupa incluso más por sus mascotas que por los colombianos a los que un día representó políticamente. “Es un mentiroso. Contesta las palabras leyéndolas como si no tuviera memoria de lo que ha hecho, o ¿será que se le perdió la memoria a este señor? Hay que buscarla”, añadió.

Guión repetido

Fotograma extraído de la entrevista con revista Semana a mediados de junio.

Al hacer una contrastación de lo dicho por el expresidente en la reunión en Llanogrande con otras intervenciones suyas, salta a la vista la entrevista que le concedió a la revista Semana el pasado 14 de junio, como respuesta a la comparecencia del expresidente Juan Manuel Santos a la CEV, en la que hizo duros cuestionamientos al segundo gobierno Uribe, en el que fue Ministro de Defensa. Repitió casi que, calcadamente, los puntos expuestos ante los comisionados de la CEV.

Los enfrentamientos entre las verdades de los otrora jefes de Estado son difíciles de contar. En su versión, Juan Manuel Santos dijo que siempre vio a las Farc como un adversario con el cuál se debía dialogar, pero según Uribe, mientras estuvo en su gobierno como Ministerio de Defensa, “nunca se lo expresó” y le oyó varios discursos en los que se refería a las Farc como “grupo terrorista”.

También, Uribe negó que se haya acordado la Doctrina Vietnam que acusó Santos: “No hay un sólo documento, ni en los gobiernos anteriores a los que presidí ni en mi gobierno, que incluya esa doctrina”. Esta estrategia mide el éxito de las acciones militares con el número de bajas, acción dentro de la cual el riesgo de comisión de ‘falsos positivos’ es alto. “Eso de contar cuerpos yo no sé de dónde sale, además, ¿Por qué no lo dijo (Santos) en la época?”, expresó Uribe.

De acuerdo con Santos, cuando él entró al Ministerio de Defensa, cambió las prioridades del éxito de los resultados militares: lo primero no serían las bajas en combate sino las desmovilizaciones para evitar la corrupción en la institución y las cifras. Sobre esto también Uribe lo desacredito.

Sin embargo, hay documentos que señalan lo contrario, como el orden del día que tuvo el Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina, de Bello, Antioquia, el 5 de abril de 2006, en el que se recuerda la “orden de carácter permanente” impartida por el general Mario Montoya, que estableció que “los comandantes se evalúan por sus resultados” y que “las bajas no es (Sic) lo más importante, es lo único”.

Según le explicó a Semana y reiteró ante los comisionados de la CEV, la vez que recuerda haber tratado con Santos el tema de la responsabilidad de altos militares en el asesinatos de civiles que luego fueron presentados como bajas en combate fue en octubre de 2008 —fecha para la cuál el escándalo de los ‘falsos positivos’ había estallado con las ejecuciones de los jóvenes de Soacha— y, según este mismo, la decisión de llamar calificar servicios a tres generales, 11 coroneles y 13 oficiales fue de él y no de Santos.

Varios temas referidos por Uribe en la conversación con De Roux y sus acompañantes ya los había planteado en SEMANA: El fortalecimiento de la capacitación en derechos humanos en militares e instituciones justicia durante su mandato; el inicio de las investigaciones por ejecuciones a persona protegida, según dice, desde que Camilo Ospina fue ministro de Defensa (julio de 2005 y julio de 2006); o que fue “engañado” por los soldados involucrados en ‘falsos positivos’ las expresó de manera idéntica en ambos espacios.

Contrario a la responsabilidad que se le atribuye por presionar a las Fuerzas Militares para conseguir resultados en la guerra contra los grupos insurgentes que calificaba y califica de terroristas y narcotraficantes, Uribe ilustró que su exigencia era para todas las instancias de su gobierno. “El cuento no es ‘no, como Uribe exigía mucho, esa exigencia llevó a los falsos positivos’ no ahí hay problemas de criminalidad que nada tiene que ver con los altos comandantes, nada tuvieron que ver los ministros de Defensa, problemas de criminalidad que nada tuvieron que ver con la Seguridad Democrática que bastante le sirvió al país”.

El reto de la Comisión, como lo señaló ayer el padre De Roux, es escuchar a todos los implicados en el conflicto armado y contrastar sus declaraciones, para formular un informe que le permita a los colombianos comprender lo sucedido durante más de medio siglo de confrontación y buscar caminos que conduzcan a la reconciliación, la convivencia y la no repetición de la violencia. La pregunta que queda en el ambiente es si esa labor de escucha debe ser al precio de sacrificar su dignidad.