Semejante a los círculos de poder en el ámbito privado, así funcionan los Estados.

Sin que ello represente una gran novedad, el fortalecimiento de los estamentos oficiales en la mayoría de países ha venido a constituir un cambio sustancial en las relaciones entre gobernantes y gobernados. Más o menos conscientes de que el poder máximo procede de los círculos económico-empresariales, los pueblos empiezan a percibir cómo sus derechos y el entorno jurídico en el cual se ha desarrollado su existencia, derrapa de la ruta conocida para adentrarse en terrenos mucho más pantanosos e inciertos. Los nuevos parámetros para contener una pandemia se van asemejando a las normas estrictas del más puro fascismo.

Los pueblos, sobre todo aquellos pertenecientes a países menos desarrollados, han comenzado a perder derechos reconocidos en sus textos constitucionales, observando cómo sus gobiernos aprovechan la coyuntura para cometer toda clase de abusos amparados por un estado de emergencia en el cual cabe casi todo: enriquecimiento ilícito, manipulación de las leyes, fortalecimiento de los cuerpos policiales y castrenses y, como consecuencia inmediata, el completo abandono de las políticas públicas referentes a la protección de la ciudadanía en aspectos vitales, como salud y nutrición. Estas políticas públicas, de las cuales depende en gran medida la supervivencia de grandes sectores son, desde hace mucho, territorio invadido por intereses corporativos.

El nuevo escenario pueblo-gobierno también se ha instalado en naciones poderosas, en donde sectores radicales adversos al poder ciudadano comienzan a marcar territorio y a instalar nuevos modelos de relación entre los estamentos políticos y la población. Visto desde la perspectiva de la necesidad innegable de imponer normas estrictas de conducta para detener la pandemia, estas adquieren un viso de pertinencia, lo cual hace que amplios sectores de la ciudadanía las acepten sin rechistar. Sin embargo, en ese nuevo estatus se deslizan, con demasiada frecuencia, medidas que afectan a derechos civiles históricamente reconocidos, tales como el derecho a manifestarse o el de escoger libremente opciones frente a la salud individual.

La actitud de los gobiernos comienza a revelarse como un regreso a épocas de autoritarismo y represión, aun en países de fuerte raigambre democrática y en donde los derechos ciudadanos han constituido la columna toral de su institucionalidad. Este nuevo orden de cosas –también en Europa- comienza a despertar el temor a un regreso a las oscuras épocas del fascismo y fortalece a grupos extremistas que aspiran al poder. Esto provoca de manera inevitable la reacción de una ciudadanía decidida a proteger los valores democráticos, pero puesta contra las cuerdas por una situación sanitaria innegable y un nuevo marco reglamentario que le impide expresarse libremente.

El futuro inmediato, por lo tanto, constituye un enigma de proporciones épicas dada la manera como se mezclan en el mortero el deber ciudadano, la responsabilidad frente a los demás, la inconsistencia de muchas decisiones políticas y la ausencia de certeza con respecto a la verdad científica. En esa nebulosa, conveniente para ciertos sectores de poder, se desarrolla actualmente una relación perversa entre gobernantes y gobernados quienes, por una parte, buscan consolidar el poder contra aquellos que aspiran a conservar los derechos y libertades considerados justos e inviolables. Tras esta dicotomía, subyace un elemento aún más perverso: los intereses económicos de una cúpula corporativa de proporciones planetarias capaz de incidir, sin el menor escrúpulo, en el derecho a la vida.