Las elecciones presidenciales en el Perú han necesitado de una segunda vuelta en siete oportunidades, desde 1990, para elegir al presidente de la República, como ha ocurrido este año, señala el Jurado Nacional de Elecciones.

El máximo organismo electoral fue creado en 1931 y, desde esa fecha, ha llevado adelante 18 comicios presidenciales que llevaron a la Presidencia a once jefes de Estado.

Para el director de la asociación civil Gobernabilidad Perú que aporta a la formación de políticas públicas, Eduardo Calderón de la Barca Quiroz, existió fraude electoral en la segunda vuelta: “Si partimos de la idea de que el fraude consiste en torcer la voluntad electoral del voto”.

Calderón de la Barca señala que las irregularidades han sido múltiples y no sólo durante la elección sino previas a ella, donde se impidió de manera arbitraria la participación de varios partidos políticos.

El sábado tres de julio los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Lima Centro 1 declararon improcedente un pedido que se presentó para anular la inscripción de la fórmula presidencial del partido Perú Libre que encabeza Pedro Castillo.

El tribunal electoral declaró improcedente el pedido que presentó la ciudadana Mónica Yaya Luyo para que se anulara la inscripción de esta fórmula presidencial al sostener que Dina Boluarte no renunció a su cargo de funcionaria de la Reniec dentro del plazo de seis meses que establece la ley antes de las Elecciones Generales.

Debemos señalar que el reciente anuncio del candidato del partido Perú Libre, Pedro Castillo, ratificando que pedirá al Congreso de la República la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución Política pese a que aún no se proclama los resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha generado discrepancias al interior de esta organización.

El día lunes cinco de julio el asesor legal del partido Perú Libre, Aníbal Torres Vásquez, aseguró que “probablemente” la organización criminal “Los Dinámicos del Centro” financió al partido político por el que postuló Pedro Castillo, pero ello no implica “directamente” al candidato presidencial.

“Probablemente habrá financiado a Perú Libre, ¿pero ha financiado a Pedro Castillo? No juzguen antes de que haya una decisión judicial”, señaló Torres Vásquez.

El jueves primero de julio el vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Luis Alberto Sánchez, estimó que el resultado del ganador de las Elecciones Generales 2021 no excederá el 15 de julio. Indicó que los Jurados Electorales Especiales están trabajando “incansablemente” al igual que el pleno de este organismo electoral.

Desde del JNE se espera no exceder la fecha para resolver la contienda entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, aunque hay algunos aspectos pendientes a dilucidar previamente.

La candidata Keiko Fujimori reaccionó este viernes dos de julio a la decisión del presidente Francisco Sagasti de no solicitar una auditoria internacional de las elecciones presidenciales del 6 de junio y que aún no definen ganador por denuncias de fraude.

A través de las redes sociales, Keiko Fujimori señaló que: “El presidente Francisco Sagasti ha abdicado de su gran responsabilidad de garantizar elecciones limpias en igualdad de condiciones. En nombre de una supuesta ‘imparcialidad’ ha preferido hacerse a un lado y dejar a todos los peruanos en la oscuridad e incertidumbre electoral”.

El día martes seis de julio el presidente Francisco Sagasti aseveró que no es un árbitro en el proceso electoral y que el único ente con esa potestad es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Un presidente no es un árbitro. El JNE es el único que tiene la potestad de definir. Por lo tanto, cualquier intento del Ejecutivo, del presidente, de servir de árbitro estaría fuera de la Constitución y es algo que no nos corresponde ni me corresponde”, afirmó Sagasti desde Ayacucho.

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) alertó el martes seis de julio de una “amenaza a la libertad informativa en el Perú” por recientes posturas del partido Perú Libre sobre las libertades de expresión, de prensa y de información, “según están consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales”.

“Varias de ellas son contrarias al libre ejercicio de la información y de la libertad empresarial en el ámbito de las comunicaciones, por lo que alerta de una amenaza a la libertad informativa en el Perú”, señaló en un comunicado.

La democracia debe garantizar elecciones limpias, libertades civiles básicas y, además, resultados tangibles.