El próximo 13 de julio se presentará ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Nueva York, el más reciente informe trimestral del Secretario General de la ONU, António Guterres, sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
La presentación del informe que se hará de forma presencial por parte del Representante Especial y Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, abarca desde el 27 de marzo al 25 de junio de 2021, en el que se destaca la implementación del Acuerdo de Paz y el trabajo de las partes durante un periodo particularmente complejo para el país, que incluye la tercera y más severa ola de la pandemia de la COVID-19, una difícil situación económica y un malestar social sin precedentes desde el pasado 28 de abril en que comenzaron las movilizaciones del Paro Nacional.
Sobre los eventos relacionados con el paro, el Secretario General resalta que el Acuerdo demostró la utilidad del diálogo para superar el conflicto y ofrece herramientas para ayudar a solucionar muchos de los problemas que han sido parte de las discusiones y por eso hace un llamado:
“En estos tiempos difíciles, y mientras el país se prepara para un nuevo ciclo electoral, hago un llamado a todos los actores políticos y sociales de Colombia para que se comprometan con la no violencia y prioricen el diálogo con el fin de encontrar soluciones concertadas. Ese es el camino que le permitirá a Colombia seguir avanzando hacia la reconciliación y la restauración de su tejido social. Las Naciones Unidas siguen plenamente comprometidas y disponibles para ayudar al logro de ese objetivo”.
En el informe se destacan los avances y desafíos que se presentan en el marco de las cinco prioridades para la implementación integral del Acuerdo de Paz, recomendadas por el Secretario General para 2021, como lo son:
- La protección y seguridad de los excombatientes y las comunidades afectadas por conflictos; líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos.
- La sostenibilidad del proceso de reincorporación
- La consolidación de la presencia integral del Estado en las zonas afectadas por el conflicto
- Fortalecer el diálogo constructivo entre las partes
- Fortalecer las condiciones para la reconciliación.
Igualmente, el Secretario General de la entidad, recalca la importancia de continuar avanzando en la implementación integral del Acuerdo de Paz, sobre todo al aproximarse al quinto aniversario de la firma del Acuerdo.
Se resalta, particularmente, que durante este periodo se registró un hito importante en el proceso de paz en Colombia, con la respuesta dada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por parte de los antiguos comandantes del Secretariado de las FARC-EP en el marco del caso 01, reconociendo responsabilidades por crímenes cometidos por la antigua guerrilla en el marco de este caso, incluido el secuestro.
Agrega que los avances y recientes desarrollos en el trabajo del sistema de justicia transicional son una señal de que el proceso de paz de Colombia está entrando en una fase clave. Destaca también que la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, siguen demostrando su valor y la importancia de su trabajo y que, por lo tanto, merece el máximo respeto y apoyo de todas las partes del conflicto y de todos los actores de la sociedad.
Señala que el compromiso de todas las partes del conflicto de contribuir a la defensa de los derechos de las víctimas, es fundamental para que la sociedad colombiana se reconcilie con su pasado. Dicho compromiso exige que todos los actores contribuyan plenamente a la verdad y reconozcan sus responsabilidades por sus crímenes y que tomen medidas para reparar los daños causados durante el conflicto.
El Secretario General reitera que, garantizar la seguridad de los y las excombatientes, líderes y lideresas sociales y comunidades es una condición esencial para la consolidación del Acuerdo Final y que, a pesar de los esfuerzos y las medidas tomadas por el Gobierno y por instituciones estatales, aún se requieren acciones más efectivas para enfrentar los múltiples riesgos que persisten, especialmente en aquellas zonas en las que se esperaba que el Acuerdo fuera un punto de inflexión para pasar de la violencia a la paz duradera.
Durante este período, la Misión verificó 16 homicidios de excombatientes de las FARC-EP, así como fueron reportados por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), 49 asesinatos de líderes y defensores y defensoras de derechos humanos. OACNUDH documentó, además, nueve masacres durante este periodo y, 10 más, que están en peceso de verificación.
El informe expresa que la violencia, debido a disputas por el control social y territorial entre actores armados ilegales, continúa afectando a comunidades, líderes sociales y excombatientes, particularmente en 25 municipios de los departamentos de Antioquia, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
Añade que continúan afectaciones como el desplazamiento forzado y el confinamiento de civiles, afectando particularmente a comunidades indígenas y afrocolombianas en Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.
Agrega que se han presentado nuevos casos de violencia contra miembros de diversos partidos políticos. También advierte sobre la persistencia de los riesgos a los que se enfrentan las mujeres lideresas y la necesidad de avanzar en la implementación del Programa Integral de Garantías para Mujeres Líderes y Defensoras.
Los resultados alcanzados, hasta el momento, en el proceso de reincorporación son loables, pero los retos que quedan por delante son igualmente significativos y, por ello, es necesario dar pasos firmes para consolidar el proceso en los próximos meses. Se resalta que la gran mayoría de excombatientes siguen comprometidos con el proceso de reincorporación y que es necesario dar mayor apoyo para garantizar la sostenibilidad de los proyectos productivos, incluido un apoyo específico a las mujeres excombatientes.
Indica que aproximadamente la mitad de los 13.589 excombatientes acreditados, están involucrados en proyectos productivos individuales o colectivos. Se han aprobado 90 proyectos colectivos en el CNR (dos durante este periodo), que benefician a cerca de 3.500 personas. Se reitera que los que están fuera de los antiguos ETCR se enfrentan a mayores dificultades para acceder a los beneficios de la reincorporación.
El Secretario General indica que el acceso a la tierra y a la vivienda es esencial para proporcionar seguridad y un sentido de pertenencia a los excombatientes. En tal sentido, se reportan avances en la compra de tierras por parte de Gobierno para los antiguos ETCR, con la adquisición de predios para dos adicionales en Guaviare y Nariño. Con esto, el Gobierno ha comprado tierras para 7 de los 24 antiguos ETCR.
Teniendo en cuenta que se acerca el quinto aniversario de la firma del Acuerdo Final, el Secretario General destaca una vez más, la determinación de las partes de avanzar con un compromiso constructivo en la implementación, a pesar de sus diferencias.
Por último, el Secretario General de la ONU, añade un agradecimiento por la confianza de las partes en el trabajo de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que ha llevado a solicitar recientemente la ampliación de su mandato, para incluir la verificación del cumplimiento y la implementación de las sanciones propias de la JEP y sostiene que la adopción unánime, por parte del Consejo de Seguridad de su resolución 2574 (2021), es una muestra más del apoyo inquebrantable de la comunidad internacional a los esfuerzos de construcción de paz en Colombia.
