En la presentación del informe trimestral sobre el avance en la implementación de los textos de La Habana, la oficina en cabeza de Carlos Ruiz Maseeiu destacó que este período estuvo marcado por el paro nacional, que afectó en el desarrollo de alguno de los puntos del Acuerdo.

Este martes, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el jefe de la Misión de Naciones Unidas en Colombia para el seguimiento de la implementación del Acuerdo de Paz rindió informe trimestral sobre los avances en la materia. Sobre los hechos registrados en el período del 27 de marzo al 25 de junio, Ruiz Massieu hizo énfasis en la situación social por la que pasó el país a cuenta del paro nacional.

“El período sobre el que se informa estuvo marcado por un gran malestar social en Colombia y por la polarización en torno a las protestas en todo el país y la violencia asociada. Los sucesos suscitaron grave preocupación a nivel nacional e internacional, así como llamados a la no violencia, al respeto de los derechos humanos y a la solución de las diferencias mediante el diálogo pacífico”, se precisa al inicio del informe.

Pese a las dificultades que representó el paro, en términos económicos, sociales y de salud, pues el país en ese entonces se encontraba en el tercer pico de la pandemia por la COVID-19, la oficina señaló que se presentaron progresos en algunos puntos del Acuerdo, pero, como siempre, destacó que queda por hacer más, especialmente en el momento actual donde el Sistema Integral para la Paz está se encuentra en una fase clave.

El momento coyuntural al que hace referencia es al reconocimiento de responsabilidades que hicieron excomandantes de las Farc sobre el macrocaso de secuestros ante la Jurisdicción Especial para la Paz y la misma contribución y compromiso que manifestaron de ayudar a la Unidad de Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas a determinar el paradero de por lo menos 136 víctimas.

“Para que la sociedad se reconcilie con su pasado y los colombianos y colombianas recuperen la confianza mutua, es fundamental el compromiso de todas las partes de contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Este compromiso exige que todos los actores contribuyan plenamente a la verdad, reconozcan sus responsabilidades por los crímenes cometidos y tomen medidas para reparar los daños causados durante el conflicto. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda siguen demostrando su valor y la importancia de su trabajo merece el máximo respeto y apoyo de todas las partes y de todos los actores de la sociedad colombiana”, precisa el informe sobre el llamado a respaldar y rodear al Sistema Integral para la Paz.

 

Y aunque el énfasis fue a las instituciones que nacieron del Acuerdo, la oficina extendió al llamado a todo el entramado estatal. “En esta coyuntura crítica y respetando plenamente el papel que desempeñan todas las instituciones democráticas nacionales es esencial que todos los poderes públicos trabajen juntos para avanzar plenamente en la implementación del Acuerdo Final, incluso mediante la adopción de legislación relacionada con la paz”.

Entendiendo el malestar social y los reclamos de la ciudadanía en el paro nacional, en el que la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanas de Naciones Unidas ha reportado 56 muertes, la oficina de Ruiz Massieu insistió que el diálogo es el camino para tramitar las diferencias y las solicitudes por parte de las poblaciones que piden equidad, mayores oportunidades de empleo y educación. Asimismo, se destacó que los textos de La Habana cuentan con instrumentos para resolver situaciones como las que vive el país.

“El proceso de paz demostró el valor del diálogo para resolver el conflicto, mientras que el Acuerdo ofreció un conjunto de instrumentos para resolver varios problemas pendientes desde hace tiempo, muchos de los cuales también han sido objeto de discusión en el contexto del paro nacional. Las partes en el proceso de paz reconocieron que la construcción de la paz requiere el compromiso activo de todos los colombianos y colombianas y estipularon, en el punto 2 del Acuerdo Final, salvaguardias para la participación política y ciudadana. La implementación de estas disposiciones sería útil en el contexto actual y para el futuro”.

Ruiz Massieu, ante los 15 representantes del Consejo de Seguridad y Marta Lucía Ramírez, pidió que se requiere humildad y empatía para continuar avanzando en el proceso de paz y solucionar los problemas estructurales e históricos por los que los y las colombianas se han movilizado. “Tomará tiempo desarmar los discursos, las estructuras y las identidades heredadas del conflicto y así contribuir para que el pueblo, y en especial a quienes vivieron la guerra, cierre este capítulo y continúe el camino hacia la reconciliación”, dijo en la sesión especial.

Los representantes de los países con asiento permanente y no permanente en el Consejo de Seguridad de forma unificada pidieron continuar con la implementación del Acuerdo y los esfuerzos por consolidar la paz. Así mismo, lamentaron y pidieron más acciones para la protección de líderes, lideresas y defensores de Derechos Humanos, así como excombatientes de las Farc.

Igualmente, la mayoría rechazó los brotes de violencia que vivió el país en el marco del paro nacional y pidió que se investiguen las muertes, desapariciones y lesiones asociadas a las jornadas de movilizaciones e insistieron que el camino para solucionar el malestar social es el diálogo. “Todas las entidades políticas y sociales se deben comprometer con la no violencia y el diálogo. Compartimos preocupación por las violaciones a los derechos humanos”, dijo el representante por el Reino Unido.

“Es necesario asumir que el impacto socioeconómico de la pandemia y consecuencia de décadas de conflictos no permiten alcanzar resultados satisfactorios, lo cual motiva descontentos entre las partes”, dijo por su parte el representante de México. Así mismo, este le pidió al tribunal de paz profundizar en el impacto de la violencia sexual en el conflicto y reforzar el enfoque de género en las investigaciones.

En esa misma línea, en que se observa una relación entre las deudas históricas del Estado con el malestar de la ciudadanía que salió a las calles, la representante por Kenia, Túnez y San Vicente y Las Granadinas pidió “poner en relieve la importancia de hacer frente a las causas subyacentes del conflicto, entre ellas, la desigualdad”.

Compartiendo el enfoque del informe, la representante de Noruega insistió en la necesidad de seguir el punto 2 del Acuerdo, especialmente en el contexto de violencias y polarización que vive Colombia. Y eso está atravesado por un diálogo entre las partes, insistió.

Otras voces pidieron, por ejemplo, reanudar las negociaciones con el Eln, continuar con la sustitución voluntaria de cultivos y avanzar en una reforma agraria.