Con motivo del 15/junio, Día internacional contra los Centros de Internamiento de Extranjeros, entidades, colectivos migrantes, asociaciones antirracistas y personas implicadas en la lucha por los derechos humanos nos reafirmamos en la denuncia del CIE como espacios de no- derecho, bajo una supuesta legalidad formal que esconde su carácter de estructura racista y violenta por parte del Estado.
El 12 de junio, a las 18h nos manifestaremos ante el CIE de la Zona Franca. Hasta entonces podéis sumar vuestra adhesión (personal y colectiva) al Manifiesto «Sobran razones para cerrar los CIE y revertir la violencia institucional» en este enlace: https://framaforms.org/manifest-15j-2021-1622455980
Mediante el manifiesto, los col·lectivos denuncian:
En la situación actual de cierre de fronteras de los países receptores de la mayoría de expulsiones, resulta absurdo y motivo de sufrimiento inútil mantener los CIE abiertos, con personas retenidas cuando se sabe que su expulsión no será posible.
Desde la reapertura en octubre, el CIE de Barcelona ha impedido las visitas de familiares y organizaciones de ayuda y sólo tras muchas gestiones ha permitido las visitas de abogadas. Esto no solo vulnera los derechos de las personas internas y de sus familias, sino que significa un grave bloqueo de la mirada ciudadana hacia este espacio de privación de libertad. Aumenta la opacidad y por tanto la arbitrariedad.
En el año 2020 se han presentado 6 denuncias por malos tratos o tortura por parte de agentes de la policía en los 6 meses que ha estado abierto. Además, se han producido situaciones de confinamiento por motivos de la covid-19 en condiciones deplorables y a pesar de haber denunciado la situación a los Juzgados de Control del CIE, estos no han hecho absolutamente nada para evitarlo.
Tanto la Ley de Extranjería como el funcionamiento de las administraciones dificultan la regularización de las personas migrantes y las abocan a la situación de irregularidad.
El repliegue del estado-nación a raíz de la pandemia ha supuesto un recrudecimiento de las redadas racistas. El estado de excepción implantado por la covid-19 ha servido como pretexto para legitimar las ilegalidades del estado, así como para promover y justificar restricciones de los derechos humanos que instauran y normalizan el racismo y la violencia institucional como procedimiento protocolario.
La negativa del Gobierno en el Congreso de lxs Diputadxs sobre las propuestas presentadas en la PNL presentada por el Movimiento #RegularizacionYa y la Coordinadora Obrim Fronteres, referente a la regularización extraordinaria en el contexto de pandemia de 600.000 personas de todo el Estado español y más demandas con relación al acceso a derechos a través de la agilización de trámites para no dejar a nadie atrás, derechos de menores tutelados y ex tutelados y otras exigencias con relación a asilo y refugio.
Las deportaciones masivas realizadas en Canarias y en Ceuta sin ninguna garantía de derechos, violentando a mujeres y niñxs, con un tratamiento militarizado de un conflicto humanitario.
El tratamiento vergonzoso a los menores en Ceuta, que ha hacinado a alrededor de 500 niños en naves industriales, y que ha dejado en situación de calle a otros tantos, que se encuentran escondidos por el temor a ser deportados.
El nuevo pacto europeo de migración y asilo cuyo eje central se basa en la deportación, fortaleciendo así el papel de FRONTEX en un momento en que se cuestiona desde el Parlamento Europeo la transparencia de fondos que se han multiplicado de manera millonaria en los últimos años, así como los escándalos de desvío de dinero a fondos de dudosa legalidad. Una agencia que será investigada por deportaciones ilegales en caliente en el Egeo.
Por estas razones, exigen soluciones como:
El cierre inmediato de los Centros de internamiento de extranjeros
La Regularización de todas las personas migrantes y refugiadas en el Estado español ante el contexto global de la pandemia y las consecuencias que plantea para las personas sin papeles.
Un cambio urgente de paradigma en las políticas migratorias para poner en el centro la vida de las personas y dejar de utilizar a la migración como moneda de cambio para fortalecer la Industria de la Guerra, tanto en la frontera como en el territorio, impidiendo el acceso a derechos básicos. Abandonar las medidas securitistas ante una crisis humanitaria.
Arbitrar los medios necesarios para facilitar las solicitudes de asilo y refugio para descartar los tapones generados en los CETI, CATE y campamentos de la vergüenza. Sin que esa agilización signifique siempre denegaciones.
Acabar con las deportaciones masivas como respuesta única a la llegada de personas migrantes a las fronteras.
Protección de la infancia y juventud migrante, primando el interés superior de los menores por sobre el estatus migratorio.
La derogación de la Ley de Extranjería y la Ley Mordaza.
