En ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, grupos ecologistas conmemoraron a defensores de la tierra y el ambiente asesinados en las últimas décadas. Proyectaron sus imágenes en las paredes de la Asamblea Legislativa, denunciando la impunidad y exigiendo a los diputados la ratificación del Acuerdo de Escazú.

«Costa Rica es un país que se autodenomina el paraíso de la conservación de la naturaleza, al tiempo que se niega a adoptar medidas concretar para protegerla», denunció la organización Bloque Verde en un comunicado.

Durante varias horas, miembros del movimiento ecologista costarricense proyectaron los rostros de Yehry Rivera, Sergio Rojas, Diego Armando Saborío, Jairo Mora, Kimberley Blackwell, David Maradiaga, Jaime Bustamante, Oscar Fallas, María del Mar Cordero, Jorge Aguilar, Óscar Quirós, Antonio Zúñiga y Olof Wessberg.

De acuerdo con las estadísticas del Bloque Verde, durante las últimas tres décadas se han registrado al menos 25 atentados contra personas defensoras de la tierra y el ambiente, resultando 13 personas asesinadas.

Al cumplirse 49 años de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, el movimiento ambientalista «clama por justicia ante las agresiones y asesinatos de defensores y defensoras de la naturaleza, los ecosistemas y los pueblos que los habitan», reitera Bloque Verde.

La difícil situación ambiental que vive Costa Rica fue objeto de las declaraciones del Fiscal Ambiental adjunto, Luis Diego Hernández.

«El país vive un incremento de la participación del crimen organizado en actividades destructivas, relacionadas principalmente con la agroindustria, el tráfico de fauna silvestre, la construcción de pistas (narco) para aterrizaje dentro de áreas protegidas y la expansión inmobiliaria».

Una situación que para el movimiento ecologista representa «un factor de riesgo importante para las personas que defienden la naturaleza».

La decisión de proyectar los rostros de defensoras y defensores asesinados responde a la necesidad de poner en evidencia que la legislación costarricense “no contiene herramientas claras y efectivas para proteger la vida de quienes defienden ecosistemas enteros”.

“Estos trece asesinatos políticos contra activistas ambientales y por la recuperación de la tierra han quedado en la impunidad.

Sólo los casos de Yehry Rivera y Sergio Rojas tienen procesos judiciales abiertos, y esto solamente gracias a la presión política, de los familiares y de los movimientos”, dijo a La Rel, Henry Picado de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon).

Para Picado es imprescindible acabar con tanta impunidad y garantizar verdad y justicia para las y los defensores asesinados.

Además, es necesario que la Asamblea Legislativa ratifique cuanto antes el Acuerdo de Escazú[1], que entró oficialmente en vigor el pasado 22 de abril.

Hasta la fecha, solamente 12 de los 46 países y territorios de América Latina y el Caribe lo han hecho.

Los países señalados como los más peligrosos para quienes defienden la tierra y los bienes comunes (Colombia, Brasil, Honduras y Guatemala) siguen sin adherirse al tratado.

[1] http://www.rel-uita.org/america-latina/acuerdo-escazu-asignatura-pendiente-america-latina/