La Cámara de Diputados de Argentina aprobó esta madrugada dos nuevas leyes que promueven la equidad de género en los medios de comunicación y el cupo laboral de personas transexuales, travestis y transgénero, lo que refuerza el avance de derechos sociales en el país sudamericano.
En el caso de la Ley de Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación, se trata de una normativa inédita a nivel mundial que combate la evidente y cotidiana disparidad en los medios, en donde los varones suelen tener mayoría, sobre todo en los puestos de mayor visibilidad o influencia.
El aval de 134 votos a favor y seis abstenciones que el proyecto obtuvo en Diputados implica su ratificación definitiva, ya que en octubre pasado ya había sido aprobada en el Senado.
Por el contrario, la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero Diana Sacayán-Lohana Berkins, que fue aprobada con 207 votos a favor, 11 en contra y 7 abstenciones, todavía debe ser enviada a la Cámara Alta para su confirmación o rechazo. En su favor cuenta con un decreto presidencial que ya establece que por lo menos el 1,0 % de los empleos en la administración pública deben ser ocupados por este colectivo.
Las contundentes mayorías legislativas con las que avanzaron estos proyectos progresistas consolidan el papel de Argentina como el país sudamericano que va a la vanguardia de derechos sociales en la región, proceso que tuvo un capítulo crucial en diciembre pasado con la legalización del aborto.
Más que paridad
Desde hace años, las periodistas argentinas denunciaban el predominio masculino en la conducción de programas de radio y televisión o en las columnas de opinión de la prensa, además de las diferencias salariales que, como en el resto de la economía, permiten que las mujeres ganen menos aunque realicen el mismo trabajo o estén igual o más capacitadas, lo que ocurre también en el resto del mundo.
El año pasado, el colectivo Periodistas Argentinas comenzó a impulsar la ley que se debatió en foros con la participación de trabajadoras de prensa y que se acompañó con una campaña audiovisual en la que las periodistas solamente decían una palabra: equidad. Se convirtió en una nueva y original causa feminista.
Así avanzó una ley que se redactó con una perspectiva de diversidad, ya que acuñó una amplia conceptualización que no se refiere únicamente a las mujeres sino a «los géneros» para que en los medios estén representados con igualdad de derechos y oportunidades sin importar su identidad de género ni orientación sexual.
El proyecto dispone que los medios públicos cumplan con el principio de equidad en el acceso y permanencia a los puestos de trabajo, lo que le abre la puerta de este mercado laboral a más trabajadoras de prensa. Además, promueve que por lo menos el 1,0 % de los puestos sean ocupados por personas transexuales, travestis, transgénero e intersex.
El cumplimiento de la norma es obligatorio para los medios públicos, es decir, los que forman parte del ecosistema comunicacional financiado por el Estado, los cuales, además, deberán realizar campañas de concientización y sensibilización para fomentar la igualdad de las personas y la erradicación de la violencia por razones de género; difundir noticias y producciones con perspectiva de género, diversidad sexual e interculturalidad; y procurar acciones para la prevención de la violencia simbólica y mediática en la producción de contenidos y mensajes.
A los medios privados con y sin fines de lucro, en tanto, les ofrece incentivos ya que, si adhieren a la ley, podrán obtener un Certificado de Equidad que les permitirá ser beneficiados en el reparto de la publicidad oficial.
Para ello deberán demostrar que sus procesos de selección de personal respetan el principio de equidad en la representación de los géneros; llevan a cabo políticas de inclusión laboral con perspectiva de género y de diversidad sexual; implementan capacitaciones permanentes en temáticas de género y de comunicación igualitaria y no discriminatoria y que impulsan acciones para apoyar la distribución equitativa de las tareas de cuidado de las personas trabajadoras.
También deberán disponer de salas de lactancia y/o de centros de cuidado infantil, promover el uso de lenguaje inclusivo en cuanto al género en la producción y difusión de contenidos de comunicación; y contar con protocolos para la prevención de la violencia laboral y de género.
Justicia
Por otra parte, la ley de cupo trans aprobada en la Cámara de Diputados establece que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán destinar por lo menos el 1,0 % de sus puestos de trabajo a personas travestis, transexuales y transgénero, al igual que los ministerios públicos, los organismos descentralizados y las empresas y sociedades del Estado.
La norma, que ahora será discutida en el Senado, señala que este colectivo, que enfrenta una añeja y permanente situación de vulnerabilidad, tiene derecho al trabajo formal digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, por lo que, para garantizar su ingreso y permanencia, no podrán ser tomados en cuenta antecedentes contravencionales o penales que sean irrelevantes para el laburo que van a desempeñar.
El debate estuvo marcado por una fuerte emotividad, ya que la ley lleva el nombre de Diana Sacayán y Lohana Berkins, dos de las activistas trans más importantes de Argentina, defensoras de los derechos humanos, pioneras e impulsoras de leyes fundacionales, escritoras y referentes de las luchas LGTBI a nivel internacional.
Sacayán fue asesinada en octubre 2015, y el crimen tuvo tal impacto que por primera vez en el país sudamericano se investigó formalmente como «travesticidio». Berkins, en tanto, murió solo cuatro meses después, debido a una enfermedad que la mantuvo varias semanas hospitalizada. El legado de ambas queda plasmado en la nueva ley.
«Con esta media sanción, luego de décadas de exclusión, persecución, estigmatización y violencia institucional hacia la población travesti trans comienza un nuevo ciclo en materia de reconocimientos de derechos, como es el trabajo del que fuimos excluidas por nuestra identidad de género. Esta etapa que se avecina contribuirá no solo a la inclusión laboral sino a nuevas relaciones sociales basadas en el respeto, el reconocimiento y la valoración de las diversas identidades de género», le dijo Marcela Tobaldi, fundadora de la Asociación Civil La Rosa Naranja e integrante del Frente Orgullo y Lucha, a la Agencia Presentes después de que se aprobara el proyecto.
