Cuando hablamos de derechos, siempre imaginamos que deben ser dictados para los seres humanos. Leyes que formulamos para regular una sociedad compleja y que cada uno pueda sentirse seguro. Estas leyes al ser violadas tienen que mover el mecanismo de la justicia y la implantación de sentencias que aseguren la convivencia de las sociedades actuales. Pero si hablamos de los derechos de la Tierra o de los animales, muchos ya se quedan sorprendidos y no entienden que otras especies vivas puedan ostentar el mismo estatus de derechos adquiridos y que además nos beneficie también a nosotros.
Debemos borrar el egocentrismo que aún impera en nuestro caminar del siglo XXI como únicos seres con derechos y ser conscientes que sin los derechos de la Tierra en todo su conjunto, no podrían existir los derechos humanos. Contaminar el mar, saquear los bancos de especies marinas, destruir nuestras costas, deforestar las selvas, inundar nuestro aire de gases venenosos, envenenar la tierra con productos que matan..son sólo algunas de las acciones humanas que van contra los derechos humanos. Proteger la Naturaleza que abarca todos los ecosistemas y la biodiversidad de nuestro planeta, es sin duda, el primer factor importante que nos debemos plantear para proteger a todos los seres vivos y en consecuencia de ello, se necesita una Ley universal que proteja los derechos de los ríos a ser ríos, de los mares a ser mares, de los seres vivos a ser seres vivos.
Palabras como economía verde, desarrollo sostenible, agenda 2030, economía ecológica, sbn (soluciones basadas en la naturaleza), bioeconomía circular, REDD (Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques) y un sinfín de términos, nos hacen creer que las políticas están cambiando hacia una mirada ecológica y de respeto a nuestro medio ambiente. Pero solo es un maquillaje verde, un escudo reflector que nos hacen creer que las empresas y gobiernos están cambiando hacia un futuro mejor y sin embargo no existe legislación que impida la contaminación de un río o la deforestación de un bosque no en su valor económico, sino en el valor real que los ecosistemas tienen en la conservación y protección de la vida. Una empresa puede estar contaminando en un determinado punto pero como por otro lado realiza plantaciones de árboles el resultado es “lo comido por lo servido”. Esto no es una economía verde. Por ello se hace necesaria la existencia de leyes donde se especifique claramente los derechos de la Naturaleza y que además sea un capítulo especial e importante en la Constitución.
Naciones Unidas ha elaborado un informe en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 74/224 de la Asamblea General de Naciones Unidas titulada “Armonía con la Naturaleza”. No tiene desperdicio y tal vez estos son los informes que quedan apartados en un rincón de la mesa y después ocultos por otros legajos más interesantes para quien ocupa el sillón. En dicho manifiesto, el Presidente de la Asamblea pone de relieve que solo se puede preservar la Madre Tierra cambiando el paradigma de una sociedad centrada en los seres humanos a un ecosistema global centrado en la Tierra. Además deja claro que es necesario para ello, implicar a todo el mundo, en particular a los jóvenes y que la educación y la capacitación en la armonía con la Naturaleza y la jurisprudencia de la Tierra son vitales para salvaguardar la Madre Tierra. Es decir, leyes que amparen los derechos de la Tierra que equivale como hemos dicho anteriormente, la salvaguarda de los derechos humanos.
Recientemente una serie de Asociaciones civiles han solicitado a la Unión Europea y realizado una Pregunta Parlamentaria al Gobierno presentado por el Senador Carles Mulet, sobre la necesidad de elaborar una Ley del “deber de vigilancia” exigente para las empresas que operen fuera de la Unión Europea y que no solo cubra a las empresas matrices, sino a las subsidiarias extranjeras o de terceros países y que los responsables de la violación de derechos humanos o destrucción la biodiversidad de nuestro planeta, puedan ser juzgados en los tribunales europeos por los delitos que ocasionen y la obligación de reparar lo dañado bien en materia de medio ambiente así como en indemnizaciones a las víctimas de sus actuaciones irresponsables y delictivas. La respuesta de los citados organismos es el silencio. Por ello es imprescindible que la Constitución, Ley de leyes, recoja los Derechos de la Tierra.
El propio informe al que nos estamos refiriendo expresa claramente que desde los años sesenta se venía advirtiendo que el desarrollo, tal como estaba planteado, no era sostenible y así lo demuestran numerosos estudios científicos. Hoy día, a pesar de las cumbres políticas sobre cambio climático y medio ambiente, la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas terrestres y acuáticos sigue aumentando a un ritmo nunca visto en la historia de la humanidad causando además una sexta extinción masiva de especies. Es necesario un compromiso vinculante de todos los Estados a nivel planetario para poner como primera medida de protección y conservación los derechos de la Tierra, protegerla por Ley de obligado cumplimiento, abrir Fiscalías especiales que persigan los atentados contra la Naturaleza en cualquier país del mundo.
La clave de la sostenibilidad y de la salud del planeta consiste en establecer la relación que la humanidad ha perdido con la Tierra y con la Naturaleza en su conjunto. Los pueblos indígenas comparten ese punto de vista, debemos aprender de ellos. Comprenden que el sentido de la vida yace en el equilibrio de la coexistencia entre todas las formas de vida y que ese equilibrio se fundamenta en los valores y la ética vinculados en la creencia de que la ley radica en la Tierra, no en el ser humano.
En su apartado V de la “Armonía de la Naturaleza” nos indica que en el último decenio ha venido ganando terreno en cada vez más Estados Miembros un abanico de legislación centrada en la Tierra, también conocida como jurisprudencia de la Tierra. De esta forma la humanidad acepta la realidad de que su bienestar proviene del bienestar de la Tierra y que nos debemos orientar por las leyes de la Tierra. Todas estas propuestas y peticiones no las está proclamando un grupo ecologista aunque es cierto que estos grupos llevan décadas advirtiendo de esta necesidad, sino que lo reclaman las Naciones Unidas. Reconocer a la Naturaleza como sujeto de derecho se contrapone con claridad a las actuales leyes de protección ambiental que son antropocéntricas. Se advierte que las leyes ambientales no han servido para reducir la contaminación y prevenir la pérdida de especies y de hábitats de los que dependen los derechos humanos. El reconocimiento de los derechos de la Tierra en la Ley subsana esa deficiencia y complementa los derechos humanos.
Es una verdadera lástima, que estos pronunciamientos de las Naciones Unidas, de estas recomendaciones a todos los Estados, no sean noticia no tampoco sean recogidas por los medios de comunicación y es por ello que debemos exigir que estas peticiones sean llevadas a la Constitución. De hacerlo, seguramente otro camino bien distinto nos tendrá reservado el destino de todos los humanos y del resto de los seres vivos incluyendo el Reino Vegetal, el más olvidado y sin el cual no existiría vida en nuestro planeta.
El propio llamamiento de la Asamblea General de Naciones Unidas nos indica que el derecho a la vida carece de sentido si los ecosistemas que sostienen a la humanidad no tienen derecho a existir. Además, los derechos de todos los seres sensibles quedan limitados por los derechos de todos los demás seres en la medida necesaria para mantener la integridad, el equilibrio y la salud de las comunidades ecológicas en sentido amplio. Por lo que claramente está indicando que todos los seres sintientes, TODOS, no solo los humanos, deben ostentar sus derechos y por lo tanto su protección. Y va más lejos, aclara que un primer paso hacia el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza consiste en admitir que los animales no humanos son seres sensibles, no meros bienes y que se les debe respeto y reconocimiento legal. Dicho reconocimiento está creciendo en todo el mundo, en particular respecto de los animales mejor conocidos y más preciados por los humanos. En los últimos años, abogados de todo el mundo han emprendido actuaciones judiciales para liberar animales cautivos que necesitan vivir en mejores condiciones. En todo el mundo ha aumentando la capacitación jurídica sobre el derecho animal y los derechos de los animales, excepto en algunos países como en España. Nuestro país está en la cola de estas iniciativas judiciales a pesar de creernos que somos un país avanzado.
Los pueblos indígenas también encarnan ese respeto por otros seres sensibles y la noción de que los sistemas de gobernanza humanos deben fundamentarse en las Leyes de la Tierra.
Al final de de este importante documento olvidado y publicado el 28 de julio de 2020 por Naciones Unidas, se detallan una serie de iniciativas conseguidas judicialmente en sentencias donde se declaran un río o una zona como sujeto de derecho y una relación de procesos legislativos que se encuentra en marcha en diversos países. En Los Alcázares (Murcia) el municipio aprobó una iniciativa legislativa para otorgar derechos al mar Menor y reconocer el ecosistema como sujeto de derecho. Pero solo son pequeñas y escasas propuestas que por el momento no se ha logrado nada, no existe la sensibilidad política en España como en otros países. Nuestro país aún necesita madurar en este aspecto y demostrar con las herramientas jurídicas que se tienen, ponernos a la altura de otros Estados en los Derechos de la Tierra y que se puede cambiar la legislación para el bienestar de la Naturaleza que equivale a nuestro propio bienestar.
Termina el informe “Armonía de la Naturaleza” indicándonos que el proceso de recuperación de la COVID-19 nos brinda una oportunidad única de reconstruir para mejorar, juntos, con el fin de transformar el mundo en un lugar en el que los seres humanos vivan, de verdad, en armonía con la Naturaleza. Bellas palabras que deberían sensibilizar los sillones de quienes nos gobiernan.
Pero como ya he dicho anteriormente, estas recomendaciones que deberían ser pilares fundamentales para todos los países, son muy pronto olvidadas o no tenidas en cuenta debido a la pasividad de nuestros representantes y los intereses económico que están muy atados y ligados con el poder político.
Poseemos herramientas suficientes para cambiar nuestro modo de pensar, anteponiendo los Derechos de la Tierra en primer lugar de la larga lista de cambios que debemos hacer en nuestra sociedad humana, si no queremos toparnos con la realidad más absoluta: nuestra extinción. La biodiversidad de nuestro planeta es una cadena de vida que debe ser protegida y conservada. Romper un eslabón, sería perder nuestra capacidad de raciocinio y echar por la borda la dignidad humana.
