por Corresponsal de IPS
El conflicto en el norte de Etiopía ha desplazado desde noviembre de 2020 a más de 1,7 millones de personas que huyen de los combates entre las fuerzas del gobierno y las del Frente de Liberación Popular de Tigray (FLPT), reportaron este martes 1 el Unicef y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Entre los desplazados hay 720 000 niños que se encuentran hacinados en sitios superpoblados, insalubres e inseguros, con riesgo de sufrir violencia de género, abuso, explotación y enfermedades transmitidas por el agua, indicó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
En la región de Tigray, eje del conflicto y fronteriza con Eritrea y Sudán, hay 1,65 millones de personas desplazadas de sus hogares, y otras 70 000 en los estados vecinos de Afar y Amhara, de acuerdo con la más reciente evaluación de la OIM.
Adicionalmente, más de 63 000 personas han cruzado la frontera oeste hacia Sudán, en busca de refugio, pero no hacia Eritrea, al norte, cuyas fuerzas son acusadas por organizaciones humanitarias de incursionar en la región para apoyar al ejército etíope y cometer saqueos y otros desmanes al saldar viejas cuentas con el FLPT.
La mayor concentración de personas desplazadas se ha registrado en la ciudad de Shire, donde más de 575 000 están en albergues colectivos atestados, incluyendo escuelas, dentro de la comunidad de acogida y en espacios abiertos.
La mayor parte son de la zona oeste y noroeste de Tigray, un estado de 50 000 kilómetros cuadrados y siete millones de habitantes. Otras zonas urbanas con muchos desplazados son Mekele (200 000) Aswa (189 000) y Sheraro (165 000).
La OIM indicó que hay una necesidad acuciante de resolver la inseguridad alimentaria que es cada vez mayor, y también de proveer albergue, agua, saneamiento, higiene y otros artículos no alimentarios en los sitios atestados a lo largo de las zonas afectadas por el conflicto.
Peter Smerdon, portavoz del Programa Mundial de Alimentos en África Oriental, sostuvo recientemente que 5,2 millones de personas en Tigray necesitan asistencia alimentaria urgente, y destacó que está desnutrido uno de cada cuatro niños que han sido atendidos por responsables de agencias de las Naciones Unidas.
Unicef llamó la atención sobre el hecho de que las mujeres y las niñas desplazadas son objeto de violencia sexual, al indicar que su personal ha ayudado a más de 540 sobrevivientes de estos abusos.
La falta de seguridad y el miedo a las represalias “impide que un número incontable de personas reciban la atención y los servicios que necesitan con urgencia”, de acuerdo con esa agencia.
“Los niños, padres y cuidadores dan cuenta de una profunda ansiedad y angustia, temen represalias o ataques, y los adolescentes tienen miedo al reclutamiento por cualquiera de las partes en el conflicto”, de acuerdo con el reporte de Unicef
Gran parte de Tigray sigue siendo inaccesible para los trabajadores humanitarios y, desde principios de abril, 31 misiones de equipos móviles de salud, nutrición y agua apoyados por Unicef y otras agencias han sido bloqueadas, ya sea por inseguridad o porque fueron acosadas y se les negó el paso.
Unicef destacó que “los niños están pagando un precio terrible por este conflicto”, urgió a los actores enfrentados a respetar su obligación de permitir el acceso a los civiles que necesitan asistencia, especialmente a los niños, quienes “deben ser protegidos de la violencia, la explotación y el abuso”.
Los combates estallaron el 3 de noviembre de 2020, con el ataque a un cuartel del ejército nacional por milicianos del FLPT, que gobernó la región durante años, integró la coalición de gobierno central en Addis Abeba, y luego rompió con la actual administración nacional que dirige el primer ministro Abuy Ahmed.
Ahmed recibió en 2019 con el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a la paz que logró con Eritrea, una región que se separó de Etiopía en 1993 al cabo de un largo conflicto armado que, sin embargo, no cesó con la independencia.
El ejército etíope atacó en gran escala desde el 4 de noviembre a las fuerzas del FLPT, que tendría decenas de miles de combatientes según medios independientes, y el conflicto se extendió por toda la región.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado masacres, asesinatos de civiles, violencia sexual y numerosos otros crímenes y atropellos en el marco del conflicto, incluso por fuerzas regulares etíopes y eritreas.
Estados Unidos interrumpió su ayuda económica y de seguridad a Etiopía y el presidente Joe Biden declaró el 26 de mayo que “las violaciones a gran escala de los derechos humanos que tienen lugar en Tigray, incluida la violencia sexual generalizada, son inaceptables y deben terminar”.
