La reciente derrota de la elite económica y de sus aliados políticos ha instalado al pueblo como protagonista del futuro inmediato de nuestro país. La rebelión del 18-0 y el apruebo de una nueva Constitución alimentaron el triunfo popular y éste se consolidó en las recientes elecciones del 15/16 de mayo.
La lista del Frente Amplio-Partido Comunista junto a los independientes arrasaron con la derecha y la ex Concertación. Al fin podemos decir que nace una verdadera izquierda en Chile.
El pueblo ha señalado con claridad que no quiere saber más de los políticos y economistas que durante cuarenta años fueron capturados por los grandes negocios y que legislaron en su favor. Al basurero de la historia han sido condenados esos sirvientes de los ricos que impidieron que el Estado defendiera a la mayoría nacional.
Se acabo la diversión (de los ricos) y el pueblo mandó a parar.
El triunfo electoral del 15/16 de mayo ha sido un rechazo categórico a los abusos y trampas de las AFP, de las ISAPRES y a la infame colusión de los grandes negocios que explotan a consumidores modestos y a las pequeñas empresas.
El pueblo también se dio cuenta que el Código Laboral impide que los trabajadores se organicen y puedan negociar salarios dignos, para así permitir que el empresariado explote sin contrapeso a los asalariados.
Lo que la Concertación/Nueva Mayoría fue incapaz de hacer será ahora tarea de los nuevos dirigentes elegidos el 15/16 de mayo. El pueblo dijo basta, indignado con la cobarde “medida de lo posible” y el cansancio con la Constitución Pinochet-Lagos, que constitucionalizó una economía de mercado neoliberal para permitir que el 1% más rico de la población se apropie del 30% de la riqueza, mientras el 50% más pobre sólo se lleve el 2%.
La acumulación de riqueza de los grupos económicos les otorgó un poder fáctico en el país con determinante influencia en la vida política. Así las cosas, el Estado y la clase política, han favorecido a los grupos económicos renunciando a su tarea: no controlan al gran empresariado, no lo regulan, no le cobran royalties por la explotación rentista de nuestros recursos naturales, le facilitan la colusión y la elusión impositiva y, además, le han abierto el camino para que operen, sin control, en paraísos fiscales.
El régimen de abusos y desigualdades tiene su origen en la Constitución de 1980, la que reduce el rol del Estado a un mero agente subsidiario de la iniciativa económica. Fundado en la subsidiaridad, el Estado entrega sin costo al gran capital la concesión de nuestra tierra, ríos y mares; y, también, permite un sistema comercial y financiero oligopólico que extrae inmensos excedentes gracias a la colusión y a la desregulación; y, finalmente, inventó una política social que ha mercantilizado la educación, salud y previsión para la ganancia empresarial directa.
Los nuevos constituyentes tienen la desafiante tarea de democratizar la economía, lo cual exige un texto constitucional que frene el poder del 1% y de sus grupos económicos. Porque la actividad económica debe servir al conjunto de la sociedad, con especial prioridad en favor de los trabajadores y pequeños empresarios. Y la democratización económica es la base material de la democratización política.
El triunfo electoral de la izquierda en la Convención Constituyente, pero también el éxito en varios municipios e incluso gobernaciones abre camino auspicioso para que el pueblo de Chile pueda conquistar la presidencia en noviembre. No es tarea fácil, pero el cambio político y sobre todo cultural que estamos viviendo ofrece esperanzas de una nueva vida para la familia chilena. Par alcanzar ese objetivo será necesaria la patriótica articulación de todas aquellas organizaciones políticas y sociales, comprometidas con una nueva Constitución, y que hoy se encuentran dispersas
