Despreciado por los propios partidos de la derecha y con casi un 90 por ciento de desaprobación ciudadana, el gobierno de Sebastián Piñera estuvo al borde de su caída. La Moneda vivió horas dramáticas y en el Congreso Nacional ya se especulaba respecto de una salida política. Sin embargo, tozudo al extremo, el Primer Mandatario sacó una última acta debajo de la manga. Convocó a las mesas del Senado y de la Cámara de Diputados para venderles la idea de convenir lo que se ha llamado “los mínimos comunes”, esto es un conjunto de iniciativas legales que dejaran conformes a su sector como a los opositores.
En su zigzagueante trayectoria política, confió para ello en su antigua militancia demócrata cristiana, en su sólida amistad con muchos militantes de este partido, como en la idea que muchos tienen en la política de que este es más un falangista que un hombre de derecha, por lo que tantos de lado y lado lo miran con recelo y desconfianza.
En efecto, Piñera pudo retener su cargo gracias a la buena voluntad de la Presidenta de la Cámara Alta, Yasna Provoste, una demócrata cristiana del sector más progresista de su partido y que ciertamente no se vio agradada a la salida del palacio presidencial, por lo que podría jugarle en el futuro una mala jugada a un Jefe de Estado que ya empieza a defeccionar o postergar los acuerdos convenidos.
No tenemos duda que para el Jefe de Estado hoy por hoy lo más importante es completar su período presidencial, aunque para ello tenga que concederle mucho a sus opositores. Pero de todas maneras debe cuidar sus relaciones con los partidos y candidatos presidenciales de la derecha, aunque sea hasta las elecciones del próximo fin de semana, los cuales podrían ver muy deterioradas sus pretensiones políticas si no obtuvieran un quórum suficiente para trabar las reformas que se proponen los centro izquierdistas en la próxima Convención Constituyente, o no fueran capaces de elegir un mínimo digno de alcaldes, concejales y gobernadores.
Pero, pese al optimismo inicial, no parece muy seguro que los acuerdos del Mandatario con parte de la oposición puedan afianzarse. Ya existe molestia en el Parlamento por la renuencia oficial a convenir una renta básica universal que ayude a las familias chilenas a sobrellevar la pandemia y sus drásticas secuelas socioeconómicas. Hay una profunda brecha en los montos que ofrecen La Moneda y los que exigen los legisladores. Mucho se teme que, de aprobarse el impuesto de los “super ricos” (así se denomina) las presiones hacia el gobierno puedan ser tan poderosas que Piñera termine por vetar la ley aprobada por el Congreso o presentar un reparo ante el Tribunal Constitucional. Y de ahí acabarse el interregno de paz con los partidos de izquierda.
Mucho peor sería el panorama si se aprobara un nuevo royalty a la gran minería y la molestia que en este caso podría expresarse desde el exterior y las poderosas transnacionales del cobre. Ya se puede leer en El Mercurio el lobby que están efectuando las compañías que se sienten amenazadas, pese al elevado precio que hoy tiene el metal y las halagüeñas proyecciones para el cotización del metal en el mundo.
El gran empresariado tirita ante la gran cantidad de millones que suman los bonos a que se ha forzado otorgar el gobierno a favor, entre otros, de los trabajadores desempleados, además de los efectos económicos del retiro del 30 por ciento de las reservas previsionales en las AFP y otros varios subsidios y ayudas. El sector patronal teme que luego pueda venir un impuesto a las utilidades de las empresas que, en plena crisis sanitaria, de jacta de sus buenos balances. Al respecto, ¡qué duda cabe que el estado chileno era mucho más poderoso de lo que se nos hacía creer entes de la Pandemia! Es decir cuando los diversos gobiernos posdictatoriales le regatearon a los trabajadores un reajuste digno a sus remuneraciones y hasta convencieron a la propia Central Única de Trabajadores de que nuestros arcas fiscales eran muy escuálidas! ¡Vaya como se han caído tantos mentiras oficiales y mitos en este tiempo!
Una montonera de millones que han salido del presupuesto en ejercicio y de los ahorros previsionales, sin tocar ni un peso de nuestras reservas en el exterior o de los recursos soberanos. Sin rebajarle un centavo a los millonarios recursos destinados a las FFAA y las policías que, para colmo durante todos estos meses a través de la propia televisión agreden a los manifestantes que salen a las calles a protestar y demandar justicia, se ensañan cotidianamente en la Araucanía y cometen todo tipo de excesos en quienes se ven obligados a vulnerar las cuarentenas para salir a trabajar, vender lo que sea necesario a fin de sustentar sus hogares y, otras veces, hasta compelidos a delinquir. Miles y miles de uniformados abocados a lo que más les acomoda “la guerra interna”.
Es tan profunda la brecha que hay entre la población civil y la clase política, que un nuevo arreglo cupular en cualquier momento puede hacerse agua si los pretendidos salvadores de la institucionalidad vigente y el estado de derecho no son capaces de satisfacer las enormes carencias de la inmensa mayoría de los chilenos. Debemos asumir que, a esta altura, los chilenos meten en un mismo saco a todos los gobernantes, ya sea estén en La Moneda o el Parlamento. Por algo las encuestas señalan que los únicos que escapan al total descrédito son aquellos políticos que más demandan recursos para encarar la crisis sanitaria y salir en ayuda de los pobres y de la propia clase media afectada por la crisis económica, como todos los que integran el ancho mundo de la Pymes. Figuras parlamentarias que son motejados de populistas por sus colegas y la prensa adicta.
A pesar de tantas felonías políticas, dudamos mucho que hayan parlamentarios dispuestos a quemar lo que les queda de honra en un acuerdo para salvar a Piñera. Así como dudamos mucho que los poderes fácticos detrás de Piñera vayan a consentirle más caprichos que ponga en riesgo sus intereses. No sería extraño que ya estén conspirando como lo han hecho durante toda la historia de nuestra República. Al menos ya se observa que los militares deliberan sin muchos tapujos. Y recurren incluso a los Tribunales para restringir aun más la libertad de prensa.
