Carta a la CIDH

Por Leonel Herrera*

La semana pasada las radios que integran la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS) declararon el 5 de mayo como “Día Nacional de los Medios Comunitarios”. La declaración simbólica y popular retoma la fecha en que el Estado salvadoreño reconoció legalmente a este tipo de medios, a través de reformas a la Ley de Telecomunicaciones (LT) aprobadas, por unanimidad, en la Asamblea Legislativa hace cinco años, en 2016.

Las reformas, motivadas por una sentencia de inconstitucionalidad, fueron resultado directo de la lucha histórica durante más de dos décadas de las radios comunitarias por estar incorporadas en el marco jurídico nacional, obtener frecuencias del espectro radioeléctrico y democratizar el modelo mediático del país centroamericano.

Las reformas definieron como “medios comunitarios y otros sin fines de lucro” como “aquellos conformados por estaciones de radiodifusión sonora y televisiva, destinados a atender a una determinada audiencia, administrados por una asociación o fundación sin fines de lucro, de interés social, facilitándoles el derecho a la información y a la comunicación, como ejercicio de la libertad de expresión, propiciando la participación ciudadana para contribuir al desarrollo asequible, equitativo, inclusivo y sostenible de las comunidades y sectores del país” (Art. 6 LT).

También incorporaron, entre los tipos de uso regulado del espectro, el “uso regulado comunitario” como “aquel que prestan servicios esenciales de radiodifusión a la comunidad, sin fines de lucro”; incluyó, en las “modalidades para la adjudicación de concesiones de frecuencias”, el mecanismo de “concurso”; y prohibió que las solicitudes de medios comunitarios sean sometidos a subasta (Art. 78 LT)

Además, en las exenciones de pago estableció que “las estaciones de radiodifusión estatales y comunitarias, incluyendo religiosas, étnicas, entre otras, que no tengan fines de lucro, estarán exentas del pago de la tasa anual en concepto de gestión del espectro de las estaciones de radiodifusión y sus enlaces” (Art. 129 LT).

Las reformas también eliminaron las prórrogas automáticas de las concesiones, trazaron lineamientos para la implementación de la televisión digital terrestre y actualizaron la LT en diversos aspectos técnicos, administrativos y financieros. No incluyeron, sin embargo, medidas orientadas a la desconcentración de la propiedad mediática.

Retrasos y omisiones en la implementación

La aplicación de las reformas relacionadas con los medios comunitarios tuvo omisiones y retrasos. Una fue la falta de un plan de acciones a realizar con el nuevo marco legal: en enero de 2017 ARPAS presentó una “Propuesta de Política Pública de Comunicación” que planteaba acciones para fortalecer a los medios comunitarios, crear un sistema medios públicos y aprovechar la digitalización de la televisión para ingresar nuevos operadores comunitarios, públicos y privados; sin embargo, fue ignorada por las autoridades de ese momento.

Otra fue la tardanza en reformar el Reglamento de la LT: el Ejecutivo tardó tres años en hacer la reforma, y ésta estuvo lista hasta el 31 de mayo de 2019. Aún así ARPAS presentó varias solicitudes de radio y una de televisión comunitaria, ésta última fue rechazada y las primeras entraron a concursos de asignación (Al momento de escribir este texto dos solicitudes habían sido rechazadas porque “la documentación estaba incompleta” y solo dos sobrevivían al proceso).

Además de que hasta ahora no ha sido otorgada ni una sola frecuencia a un medio comunitario, varias radios todavía no tienen renovada su concesión. El proceso de renovación inició el 2019 y se ha prolongado durante más de tres años.

Por otro lado, también hay que señalar la falta de avances en la transición hacia la televisión digital en el actual gobierno. La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) no ha informado sobre la continuación de este inevitable proceso de innovación tecnológica.

Problemas adicionales en la actualidad

En febrero de este año ARPAS recibió tres resoluciones de SIGET que ordenaba el cierre inmediato de igual número de radios y, además, amenazaba con una multa de más de 450 mil dólares por cada una si dichas resoluciones no eran acatadas. En este momento, ARPAS aun espera el otorgamiento de los permisos de operación para dos de estas estaciones y confía en que -detrás del argumento de “aplicación de la ley” o de “ordenamiento del espectro radioeléctrico”- no se esconda una estrategia sutil de afectar a los medios comunitarios.

Otro problema actual que afecta a los medios comunitarios es la exclusión de la pauta publicitaria gubernamental, la cual se coloca como “premio” únicamente en medios de comunicación que son “condescendientes” con el gobierno o reproducen acríticamente el omnipresente discurso presidencial. A los medios críticos se les “castiga” negándoles la asignación de publicidad estatal.

Por lo demás, los medios comunitarios enfrentan los mismos problemas que afectan también a otros medios alternativos y privados que publicación información u opiniones críticas de la gestión gubernamental: falta de acceso a información pública, negativa de funcionarios a conceder entrevistas, descalificaciones, estigmatizaciones y ataques digitales como represalia por publicar información que disgusta el gobierno.

A pesar de todo lo anterior, el pasado miércoles 5 de mayo, en su declaración del “Día Nacional de los Medios Comunitarios”, ARPAS y sus radios asocias se comprometieron a “continuar aportando a la pluralidad y la diversidad de voces, defendiendo de la libertad de expresión e información y acompañando a la población en todas sus demandas, sueños y aspiraciones de una vida digna”.

*Periodista comunitario. Director ejecutivo de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS) y presidente de la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular (ALER).