Por Jorge Molina y Patricio Mery Bell

Este es un escáner a la obra de demolición del legado correísta que efectuó el verdugo del progresismo y desarrollo del Ecuador… Lenín Moreno.

Persecución política  

Desde el primer año del mandato de Moreno hubo importantes cambios institucionales, para lo cual se llevó a cabo una consulta popular en febrero de 2018 en la que se aprobó, entre otras cosas, dar por terminado el período de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), lo que permitió que se instalara uno transitorio, que nombró nuevos titulares en instituciones claves del país, como la Procuraduría General del Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral y la Fiscalía General de Estado. Tras estos cuatro años de desgobierno las instituciones del Estado quedaron con una profunda crisis de legitimidad ante la ciudadanía.

Además de lo anterior, hubo una cruenta y sistemática persecución política y judicial de buena parte de la militancia, de la dirigencia y de los cuadros medios de la Revolución Ciudadana. Durante este período gubernamental fueron juzgados y condenados, por ejemplo, Correa, el expresidente Jorge Glas y otros exfuncionarios de la administración pasada.

No hubo procesos limpios y transparentes en estos casos, sino que se usó de manera arbitraria y parcializada a la justicia para una auténtica cacería de brujas con el objetivo de desprestigiar políticamente a la fuerza política más grande del país, que es la Revolución Ciudadana.

Crisis de la salud 

El primer caso de Covid-19 se dio a conocer a finales de febrero de 2020, casi un año después de que se ordenara el despido de más de 2.500 trabajadores del sector de la salud estatal, dentro del Plan de Prosperidad 2018-2021 y al Plan de Optimización de la Función Ejecutiva, según denunció la Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública (Osuntramsa). La gestión de la pandemia por parte del gobierno fue duramente criticada. Los primeros meses de la crisis sanitaria golpearon duramente a Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, donde se llegaron a ver cadáveres en las calles y aceras, así como el colapso de hospitales y cementerios. También hubo escándalos por corrupción, como el cobro indebido en hospitales públicos a familiares de fallecidos para entregar los cadáveres y el sobreprecio en compras públicas durante la emergencia.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, hasta el reciente 23 de mayo, Ecuador registró 418.851 contagios por coronavirus desde el inicio de la pandemia y 20.193 muertes por Covid-19. Sin embargo, el número de fallecidos podría ser mayor. El país cerró 2020 con 14.034 muertes por Covid-19, pero, según datos del Registro Civil, el año pasado murieron 115.150 personas por diferentes causas (incluyendo el coronavirus), un incremento de 41.413 respecto a 2019, cuando hubo 73.737 decesos; mientras que el año previo, 2018, las muertes fueron 71.317, es decir, solo 2.420 de diferencia.

En medio de la dura situación, en diciembre pasado, fueron despedidos 572 médicos, enfermeras y administrativos de todos los hospitales del Ecuador, según denunció la Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep).

Otra de las críticas es que al frente del Ministerio de Salud estuvieron cinco ministros durante la pandemia (y seis durante todo el mandato), que fueron renunciando o cambiados ante diferentes escándalos, principalmente relacionados con el proceso de vacunación.

El mandatario se comprometió a vacunar contra el coronavirus a al menos 2 millones de personas entre enero de 2021 y la fecha de su salida (24 de mayo); sin embargo, no cumplió esa meta. De acuerdo con la página web del ‘Plan Vacunarse’, hasta el 19 de mayo se habían aplicado 1.627.070 vacunas de los fármacos contra el coronavirus, y de esa cifra solo 401.335 personas habían recibido las dos dosis requeridas.

De seis hospitales en carpeta para ser construidos, solo fueron entregados dos: el General Napoleón Dávila Córdova de Chone y el de Especialidades de Portoviejo, ambos en la provincia de Manabí y cuya construcción se inició durante el mandato de Rafael Correa.

Pobreza  

Desde 2018 ha seguido incrementándose hasta llegar a 40,2% en diciembre de 2020, más de cinco puntos porcentuales más que en el primer año de la presidencia de Lenín Moreno.

La pobreza por ingresos (vivir con menos de US$85,05 dólares mensuales) también creció. En diciembre 2020, llegó a 32,4%. Eso es 11 puntos porcentuales más que en diciembre 2017. El mal manejo económico además de la pandemia provocó que 1,8 millones de ecuatorianos pasaran a vivir en la pobreza.

Deuda pública 

En abril de 2021 la deuda superaba los US$63.524 millones. De esos, US$19.186 millones se adeudan organismos internacionales. Según el informe ¿Qué presidente de la República endeudó más a Ecuador? (Fundación Ciudadanía y Desarrollo), la respuesta es Lenín Moreno -contando desde desde la dolarización, a inicios del siglo XXI-.

Producto Interno Bruto 

En 2020 la economía ecuatoriana se redujo en un 7,8%. Las estimaciones de recuperación para este 2021 también son desalentadoras: apenas un 2,5%. Ecuador tiene una de las menores cifras del continente.

Empleo 

En marzo de 2021 apenas el 39,5% de los hombres y el 27,8% de las mujeres tenían un empleo adecuado. En marzo, también, antes de que Moreno deje la Presidencia, solo 6 de cada 10 hombres tenía algún tipo de empleo y apenas 3 de cada 10 mujeres lo hacían. Un cuarto de esas personas desempleadas llevaba buscando trabajo por más de 25 semanas.

Revuelta social 

En 2019 el presidente traidor del Ecuador, Lenín Moreno, apoyaba sin ambages a los grandes grupos económicos. Los exoneró de una morosidad impositiva de 4.500 millones de dólares, pero al mismo tiempo suscribió un acuerdo por 4.200 millones de la misma divisa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para sostener las arcas fiscales. Aquel acuerdo con el FMI es claramente antipopular: aumento del IVA, privatización de los sectores estratégicos, flexibilización laboral y la reducción del tamaño del Estado, con despidos de funcionarios públicos, eliminación de subsidios a los combustibles, reducción del 20 % de los contratos ocasionales, recorte de vacaciones al sector público.

Lo anterior generó en 2019 una ola de masivas protestas, Moreno decretó el estado de excepción nacional y trasladó la sede del gobierno a Guayaquil, pero al final, debido a la presión popular de una ciudadanía maltratada, se vio en la obligación de derogar el Decreto Ejecutivo 883 causante del malestar social.

El saldo final por la represión fue de 11 personas asesinadas, 1.240 heridos (11 perdieron la visión de un ojo) y 1.192 detenidos.

Desmantelamiento del Estado 

Moreno suprimió y fusionó ministerios y secretarías de gobierno, que derivó en despidos en el sector público. En medio de la pandemia no solo se despidió a personal de salud, sino también en educación. Según la Unión Nacional de Educadores (UNE) durante la crisis sanitaria fueron separados de sus puestos alrededor de 10.000 docentes. Hubo recorte de recursos para educación, salud y cultura, entre otras áreas, en la Proforma Presupuestaria del Estado. En mayo de 2020, Moreno anunció la liquidación de ocho empresas estatales: la aerolínea Tame, Ferrocarriles del Ecuador, Correos del Ecuador, Medios Públicos, Centros de Alto Rendimiento, Ecuador Estratégico, Siembra (Yachay Tech) y Unidad de Almacenamiento (comercialización de productos agropecuarios).

También cerró embajadas y oficinas diplomáticas. Concretamente, se eliminaron las sedes de Malasia, Irán, Nicaragua, Argelia, Nigeria, Bielorrusia, Etiopía y Angola, la representación ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Secretaría del Parlamento Andino.

Relación con Estados Unidos 

Con Moreno hubo un viraje en la política hacia EE.UU en diferentes planos. Uno de ellos es el económico-comercial. Ambos países firmaron un «Acuerdo Comercial de Primera Fase» —nombre como se conoció mediáticamente—, que en realidad se trató de un «Nuevo Protocolo sobre Normas Comerciales y Transparencia», que actualizó el «Acuerdo del Consejo de Comercio e Inversiones (TIC, por sus siglas en inglés) EE.UU – Ecuador», firmado en 1990.

Asimismo, hubo sumisión a la agenda de la política exterior estadounidense: la retirada del asilo político al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en 2019, tras estar desde 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres; el lineamiento con Venezuela, que incluye el reconocimiento al autoproclamado presidente interino de ese país Juan Guaidó; y la salida y sepultura de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuya sede estaba a las afueras de Quito.

En estos cuatro años, visitaron Ecuador el entonces subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de EE.UU, Thomas A. Shannon; una misión del Comando Sur estadounidense; Mark Green, entonces administrador de la agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), organismo que había salido del país en 2013; David Hale, quien era viceministro de Estado para Asuntos Políticos de EE.UU.; y quien era secretario de Estado, Mike Pompeo. En febrero de 2020, Moreno y el entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, tuvieron un encuentro en la Casa Blanca.

Crisis de la delincuencia organizada 

A principios de 2018 Lenín Moreno tuvo que gestionar una de las peores crisis en la frontera entre Ecuador y Colombia. La madrugada del 27 de enero de ese año hubo un atentado en el cuartel de la Policía de San Lorenzo, en Esmeraldas: un coche bomba estalló y provocó 13 heridos en las casas aledañas. No era un hecho aislado, como parecía, sino la punta de un ovillo terrible. Fue el primer atentado terrorista en Ecuador atribuido a alias Guacho. Este personaje se haría conocido unos meses después. El 20 de marzo, hubo un ataque explosivo en Mataje, el poblado más cercano a la frontera con Colombia. En él murieron cuatro militares ecuatorianos: tres en el acto y uno más después, en el hospital.

La crisis llegó a su máximo nivel cuando se hizo público el secuestro de periodistas, ocurrido el 26 de marzo. La gestión del secuestro se hizo de forma confusa, contradictoria y opaca. Tras la confirmación del asesinato del equipo periodístico, Moreno ofreció desclasificar la información sobre el secuestro. Volvió a ofrecerlo en enero de 2019, después de que se difundiera un audio cortado en el que Moreno hablaba sobre la situación en la frontera. El gobierno difundió un comunicado en el que aseguraba que las palabras de Moreno habían sido “descontextualizadas” y ofrecía—una vez más— desclasificar la información. Han pasado tres años de los hechos y el gobierno de Lenín Moreno no ha entregado lo que ofreció. El 17 de febrero de 2021, el Consejo de Seguridad dio a conocer su decisión de no desclasificar las actas por “afectación a la Seguridad del Estado”.

Tres días después de que Moreno confirmara que los tres trabajadores de El Comercio habían sido asesinados, se supo de un nuevo secuestro en la zona fronteriza. Óscar Villacís y Katty Velasco eran las nuevas víctimas de la violencia. Como en el caso de los periodistas, también se difundió un video de Villacís y Velasco y el delito se atribuyó al frente Oliver Sinisterra. La pareja también fue asesinada en cautiverio.

Esos crímenes serían los primeros avisos de la profunda penetración del crimen organizado en el Ecuador.

En 2019, la crisis del sistema carcelario, arrastrada durante años, dio nuevas alertas. En agosto de ese año, los incidentes en la Penitenciaría del Litoral dejaron seis muertos. Entre el 6 de mayo y el 15 de agosto de ese año rigió el estado de excepción.  Durante el estado de excepción se invirtieron “alrededor de 20 millones de dólares en alimentación, en equipos, en el fortalecimiento de esta institución”, dijo Edmundo Moncayo, director del  Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). Sin embargo, en febrero de 2021, nuevamente se registraron hechos de violencia en las cárceles. Circularon imágenes de armas, cuerpos desmembrados y muerte. El saldo fue de 79 muertos.

Uno de los últimos motines ocurrió el 28 de abril pasado. Fue en la Penitenciaría del Litoral, tras el asesinato de Harrison Salcedo, abogado de José Luis Zambrano, alias Rasquiña, antiguo líder de la organización delictiva Los Choneros. La modalidad de asesinato fue el sicariato. La misma con la que fue asesinado el presentador de televisión Efraín Ruales en enero pasado. Y en abril, una mujer fue asesinada por error, también por un sicario, en un hospital de Guayaquil.

A eso se suman casos relacionados al narcotráfico: el número de avionetas involucradas en el narco ha aumentado en los últimos años e incluso se habla de la operación del Cártel de Sinaloa.

En enero de 2021, el presidente de Colombia, Iván Duque, y Moreno se reunieron en Mataje para revisar las obras viales que conectan ambos países. Tras el encuentro, Moreno dijo que hay grupos armados “que se están formando en Ecuador” y cuentan con asesoría de guerrilleros colombianos. Duque se comprometió a intercambiar información de inteligencia con Ecuador. En una entrevista con Primicias, el Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, dijo que hay 17 grupos armados que se disputan el control de la frontera norte.

Promesas incumplidas 

Cuando era candidato presidencial Lenín Moreno ofreció crear 250 mil plazas de trabajo anuales. Aunque luego bajó la cifra a 500 mil en cuatro años, tampoco lo logró. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec) dicen que entre enero y marzo de 2021 más de cinco millones estaban en el desempleo o con un empleo inadecuado —que no ofrece las prestaciones que corresponden o con la jornada de ocho horas diarias. Eso equivale al 66,04% de la población económicamente activa; es decir que 6 de cada 10 ecuatorianos estaban desempleados o subempleados.

También Moreno planteó la reducción de la pobreza multidimensional al 22,4% y de la pobreza extrema al 3,5%. La pobreza multidimensional es un índice que calcula cuántas carencias tiene una misma persona: por ejemplo, si no tiene acceso a electricidad, si está desempleado o si está malnutrido. Eso determina en qué nivel de desventaja está frente a otros considerados pobres. La pobreza extrema determina, en cambio, a aquellas personas que no pueden cubrir sus necesidades más básicas como comer. Moreno no solamente que no pudo reducirlas, sino que aumentaron en su periodo. En 2021, la pobreza multidimensional llega al 32% y la extrema pobreza al 14,9%.

Otra de las promesas incumplidas fue la de construir 325 mil viviendas. En abril de 2019 Moreno dijo que se habían construido 30 mil viviendas. Dijo, además, que el ofrecimiento fue de 185 mil casas, y que en total se construirán 200 mil hasta 2021 —15 mil más de las que él había prometido. Hasta abril de 2021, 123 mil personas recibieron una vivienda propia, según la página oficial del plan Toda una Vida. Eso representa el 38% de lo que prometió.

Popularidad 

Moreno ganó las elecciones en 2017 con 51,15% de los votos y tenía una aprobación de 66% entre los ecuatorianos al momento de asumir la Presidencia, en mayo de ese año, según Cedatos. Sin embargo, un año después, esa aprobación bajó a 46%; en mayo de 2019 llegó a 26% y en el mismo mes del año pasado se ubicó en 18,7%. En cuanto a credibilidad, Moreno inició con el 63% en mayo de 2017, bajó a 42,3% en mayo de 2018, 24,7% en mayo de 2019, 10,4% en octubre de 2019 y a 14,7% al cumplir tres años de gobierno en mayo de 2020. En marzo de este año, la aprobación de Moreno alcanzaba apenas el 4,8% y la credibilidad en su palabra fue de 2,8%, de acuerdo con la misma encuestadora.