El 6 de abril inició en Honduras el juicio contra Roberto David Castillo, acusado de ser coautor del asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres. A pesar de la estrategia dilatoria aplicada sistemáticamente por la defensa, la familia de Berta, el Copinh y el equipo legal no dudan de que habrá justicia y que será integral.

Actualmente el juicio se encuentra en la recta final de la evacuación de los medios de pruebas presentados por el ministerio público. Luego será el momento de la acusación privada y de la defensa.

“Lo que hasta el momento ha quedado claro es que todos los caminos conducen a David Castillo, a DESA1, a varios funcionarios públicos y a la banca internacional2.

Todos ellos son responsables de la violencia desatada contra Berta, el Copinh y el pueblo Lenca, en un contexto plagado de corrupción e impunidad”, dijo a La Rel, Víctor Fernández, miembro del equipo legal de la ‘Causa Berta Cáceres’.

Después de la condena de siete autores materiales del crimen, entre ellos ex dirigentes y miembros de la seguridad de DESA, ex militares y militares activos, el juicio contra Castillo es clave para asegurar a la justicia los que armaron las manos asesinas.

Castillo: intermediario del crimen
Desde que inició el juicio, la defensa ha tratado de demostrar que entre David Castillo y Berta Cáceres había una relación cordial y hasta de amistad.

De esta manera pretenden desvincularlo del asesinato.

“Nuestra interpretación es que todo fue parte del guion que definió la estructura criminal que ejecutó el crimen. Castillo interlocutó con su víctima para asegurar el resultado final”, explicó Fernández.

A ese propósito, el abogado reafirmó que el móvil del asesinato es la oposición de Berta Cáceres y el Copinh al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Por lo tanto, los autores intelectuales son los grandes accionistas de DESA, junto a otros actores institucionales.

“David Castillo es un autor intermediario del crimen, un enlace entre los autores intelectuales y la estructura sicarial que contrató para ejecutar el asesinato de Berta.

Insistimos en que se califique como coautor para que haya una persecución efectiva de los verdaderos autores intelectuales, que siguen gozando de absoluta impunidad”, manifestó Fernández.

Fue femicidio
La acusación privada incorporó también un medio de prueba que desarrolla la perspectiva de que el asesinato de Berta Cáceres fue un femicidio, en el marco de la lucha contra un modelo patriarcal, neoliberal, colonialista y racista, que opera sobre los cuerpos de las defensoras.

“Consideramos que fue un ‘femicidio territorial’, es decir un ataque mortal contra una mujer empeñada en la lucha en defensa del territorio, de su cuerpo, de la naturaleza.

Hacer justicia a Berta – explicó Fernández – significa sentar un precedente y alumbrar con justicia todos aquellos crímenes cometidos en nombre de una estructura económica extractivista, que ha hecho como norma la persecución, la criminalización y el asesinato”.

El equipo legal de la ‘Causa Berta Cáceres’ aseguró estar motivado con lo que está pasando en el juicio, al tiempo que se mostró entusiasmado de cara al futuro.

“Mientras avanza el juicio contra Castillo hay equipos empeñados en la búsqueda, interpretación y sistematización de la información sobre la autoría intelectual y la estructural del asesinato de Berta.

Consideramos que hay actores estatales y del sistema financiero nacional e internacional que, sabiendo lo que estaba pasando en los territorios, decidieron vincularse al proyecto Agua Zarca. Ahora deben enfrentarse a las consecuencias”, dijo el ex fiscal a La Rel.

“Vamos hasta el final, para que los verdugos de todos los compañeros y compañeras criminalizadas, perseguidas, asesinadas sepan que, como decía Berta, también los pueblos sabemos hacer justicia”, concluyó.