El Centro John Brademas, adjunto a la Universidad de Nueva York (con sede en Washington DC), planea realizar el próximo 5 de mayo de 2021 el evento llamado “Colombia Sostenible: Política, Planeta y Seguridad Democrática: Una conversación con el presidente Álvaro Uribe Vélez” (Sustainable Colombia: Politics, Planet and Democratic Security: A Conversation with President Alvaro Uribe Vélez). Nosotros como estudiantes, profesores, investigadores, activistas de derechos humanos, egresadas/os y ciudadanas/os colombianas/os y extranjeros expresamos a través de esta carta, nuestro inconformismo y rechazo a dicho evento. Para nosotros la participación del expresidente en un encuentro sobre sostenibilidad ambiental es una incongruencia, ya que no tiene en cuenta las consecuencias reales de las políticas implementadas durante su administración y las del actual presidente Duque, quien hace parte del Centro Democrático. Así mismo, desconoce completamente lo que ha significado para Colombia la “seguridad democrática” del expresidente Uribe (en el título del evento), documentada de manera amplia a lo largo de los últimos 20 años. Además que consideramos que la metodología del evento no privilegia el diálogo, ni el debate académico, que hacen parte primordial de la formación educativa que caracteriza la Universidad de Nueva York – NYU.
Durante las dos administraciones del expresidente Uribe, y bajo su política de “seguridad democrática”, se impulsaron en Colombia múltiples proyectos extractivos que nada tuvieron de sustentables o positivos para el ambiente. Al contrario, como lo han mostrado múltiples investigaciones académicas y que el centro Brademas omite, muchos de estos proyectos generaron graves impactos a la biodiversidad y al ecosistema de los territorios, y que por su esencia autoritaria, generaron violaciones masivas a los derechos humanos de pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas que luchan por la protección y cuidado de sus territorios. La situación de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos fue tan dramática que la Corte Constitucional de Colombia promulgó decisiones específicas que buscaban la protección de estas comunidades ante el avance del conflicto armado y la destrucción de los territorios durante estos años. Así es importante resaltar que en este momento, el expresidente Uribe tiene procesos por la comisión de delitos de lesa humanidad en Colombia y denuncias ante la corte penal internacional por 6402 falsos positivos que se cometieron durante su administración 2002 – 2008.
Durante su gobierno familias y comunidades enteras fueron afectadas por la expansión de las industrias extractivas, aquellas fueron desplazadas de sus territorios y confinadas por el fortalecimiento de los actores armados. Estas familias y comunidades se vieron forzadas a desplazarse a centros urbanos y cabeceras municipales donde viven en condiciones de pobreza, con acceso limitado a servicios básicos y en menor proporción a la justicia y a la reparación. Datos del Registro Único de Víctimas reflejan que de las más de 9 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia, 8,116,483 son víctimas de desplazamiento forzado. La mitad de estas cifras (4,094,127) corresponden a personas que tuvieron que desplazarse de sus territorios y comunidades durante -y como consecuencia de- la política de seguridad democrática (2002-2010).
Así mismo, ecosistemas estratégicos del país se vieron afectados y degradados por las generosas exenciones tributarias que otorgó Uribe a las multinacionales para incentivar la explotación de recursos mineros en Colombia. Durante su gobierno, la superficie de hectáreas con títulos mineros pasó de 1,13 millones a 8,53 millones, y entregó 7.869 títulos mineros. Gran parte de estas hectáreas estaban ubicadas en páramos y Parques Nacionales Naturales. La extracción minera realizada en Colombia, a cielo abierto, ha destruido cientos de hectáreas de árboles, la operación con maquinaria pesada ha degradado el suelo, ecosistemas y desplazado animales, además de la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, por el uso de cianuro y mercurio.
Además, en muchos casos, la biodiversidad Colombiana fue atacada con políticas agroindustriales que favorecieron el monocultivo y los ríos y nacientes de agua fueron contaminados por las políticas de fumigación aérea. Estas últimas medidas han sido discutidas por la administración actual y están encaminadas a la reactivación por parte del gobierno nacional del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida glifosato.
La administración del expresidente Uribe no contribuyó a la sostenibilidad, ni a la democracia en Colombia. De hecho, durante su gobierno fusionó el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Vivienda, lo cual evidencia el desinterés por los temas ambientales y la visión del territorio en función de un proyecto desarrollista que hubo en los años que estuvo en el poder y que han marcado los gobiernos posteriores. Por otro lado, la posición dominante de su partido y de él mismo en contra del proceso de paz con las FARC no contribuye a la sostenibilidad social del país.
Por último, el evento tiene como único panelista principal al expresidente Uribe quien “contará su viaje para lograr la ciudadanía y la seguridad ambiental”. Consideramos que el expresidente cuenta con múltiples canales de participación para contar su mensaje y el foro universitario no debería ser un espacio que continúe privilegiando y haciendo eco a sus políticas depredadoras del medio ambiente y la paz en Colombia, dando además cabida a diálogos con un único punto de vista. Creemos que para que haya un diálogo respetuoso desde la academia, es necesario preservar el balance en la selección de los invitados a un panel. Con preocupación notamos la ausencia de otras voces, personas que han sido afectadas por las políticas extractivas encabezadas por el expresidente Uribe y la administración del Centro Democrático, en este evento.
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