Por Andrés Figueroa Cornejo

Este sábado 15 y domingo 16 de mayo se realizaron las elecciones para elegir a los candidatos a convencionales constitucionales, gobernadores regionales, alcaldes y concejales.
Al cierre de esta nota, de las 14 millones 900 mil personas habilitadas para sufragar, sólo lo hizo cerca de un 40 %.

En la votación, la llamada derecha política obtuvo mucho menos de 1 / 3 de los escaños convencionales, lo cual la imposibilitaría para vetar algunas iniciativas que no representen a su sector, mientras que la mayoría de los escaños fue obtenida por independientes provenientes de lo que la sociología liberal denomina «centro izquierda», fragmentada en distintas listas.

Y, sin dudas, los partidos políticos profesionalizados y tradicionales, fueron los grandes derrotados en la lógica electoral.

El siguiente y breve análisis se basa en el fenómeno de la alta abstención electoral  y la situación de la izquierda anticapitalista.

La crisis de representatividad y legitimidad de la llamada «democracia electoral» en Chile es un fenómeno de larga data que tuvo su bautizo con la transición pactada entre la dictadura pinochetista, los intereses del Pentágono estadounidense y dirigentes de los partidos social-liberales, como la Democracia Cristiana y un sector del Partido Socialista, a fines de los 80 e inicio de los 90 del siglo XX. Antes, salvo los mil días de la Unidad Popular de Salvador Allende, las clases trabajadoras y populares jamás contaron con una democracia liberal en regla, capaz de incorporar los derechos sociales y humanos a la vida de la población.

Independientemente de que en el plebiscito del pasado 25 de octubre sobre el apruebo o rechazo para reformar la Constitución redactada por la dictadura de Pinochet en 1980, el apruebo obtuvo un 80 % y el rechazo un 20 %, una serie de cabildeos y transacciones propias de un sistema de partidos políticos institucional duopólico (imitación del sistema estadounidense entre republicanos y demócratas) y amañado por los intereses de los grandes grupos económicos de capitales combinados, terminó por convertir la elección de candidatos para la próxima convención constitucional en una fórmula, incluso técnica y legalmente, antidemocrática (https://kaosenlared.net/chile-convencion-constitucional-ni-constituyente-ni-democratica/ y https://kaosenlared.net/chile-convencion-constitucional-ni-constituyente-ni-democratica-ii/).

Entre los factores determinantes para intentar explicar semejante escenario, no basta con chequear la conciliación de clases y colusión de intereses del sistema político, salvo excepciones. Cierta narrativa electoralista plantea que la convención constitucional es resultado de la revuelta social y popular que conmovió a la sociedad desde el 18 de octubre de 2019, hasta alrededor de marzo de 2020, cuando la pandemia de Covid 19 inició sus estragos sobre la población, fenómeno que limitó sustantivamente la lucha de clases explícita, como en todo el mundo. Al respecto, durante las jornadas de movilización social se llegó a exigir la salida del régimen de Sebastián Piñera, mas nunca nadie, de manera concertada, habló jamás de una convención constitucional. Esto es, sin movimiento 18 de octubre no hay convención constitucional, pero tampoco fue la demanda que concitó las protestas. Por arriba, las fuerzas y clases dominantes metabolizaron a su favor un proceso de lucha de clases que, debido al Covid 19 y las medidas sanitarias que reclama, no llegó a constituir un proyecto político estratégico emancipador ni sus instrumentos políticos donde contener y potenciar ese proyecto hasta ahora «en suspenso».

Por otra parte, algunos sectores de la revuelta social llegaron a articular como reivindicación central la realización de una asamblea constituyente, una ecuación política que no guarda ninguna relación con la convención constitucional. O sea, ante la caída de un intenso momento de lucha de clases, la pandemia funcionó como tanque de oxígeno, no sólo para el régimen de extrema derecha de Piñera, sino también para todos los grupos, partidos, entidades funcionales al orden capitalista, autoritario, patriarcal, racista y conservador que caracteriza al establecimiento en Chile.

Más allá de las honestas y bienintencionadas zonas progresistas que levantaron candidaturas para participar en la convención constitucional (con todo en contra, por cierto), e incluso, consiguieron los cupos, golpeando a la derecha política; respecto de la izquierda antisistémica, al no cuajar todavía el movimiento 18 de octubre en un constructo político liberador, anticapitalista, con expresiones orgánicas nuevas pero concretas, una vez más las relaciones de fuerza expresaron el complejo dominante que produce y reproduce el régimen de la ganancia. El triunfo de candidatos independientes e incluso de izquierda institucional, por sí solo, no significa un cambio de paradigma civilizatorio en clave anticapitalista. Sí, posiblemente y bajo ciertas condiciones (unidad de propósitos, etc.), puede permitir al «progresismo» mayor capacidad de negociación con la derecha política.

Abstención

Que la población no haya ido a votar por falta de propaganda electoral, la pandemia, o algún problema administrativo es sólo un efecto de esas mismas relaciones de fuerza desfavorables respecto de los intereses de las clases trabajadoras y populares.

Hoy se habla mucho sobre la «desconexión de la realidad» que sufren las diversas manifestaciones del orden establecido. Al parecer, esa «desconexión de la realidad» no es monopolio de la derecha, sino también de su oposición formal.

Si la población no fue a votar en estas elecciones, además, es porque las necesidades que motorizan sus luchas reales inmediatas, no tienen relación con la dinámica y ofertas de los «políticos profesionales», ni de una escenario social que sólo adquiere consciencia de sus intereses y derechos, principios y politización, en el mismo desarrollo de las luchas populares.