A primera vista resulta extraño que una combinación mayoritaria de partidos políticos (como los de la ex Concertación) haya convenido la creación de una entidad destinada a crear una nueva Constitución que no se podrá aprobar por mayoría, regalándole virtualmente –con el antidemocrático quórum de los dos tercios- un poder de veto a la minoría, esto es, a la derecha tradicional. Sin embargo, si nos atenemos a los hechos sucedidos en estos últimos treinta años en nuestro país, constatados con rigor, aquello no nos debiera extrañar en absoluto.
En efecto, en los 24 años en que gobernó desde 1990, dicha coalición política legitimó, consolidó y perfeccionó –en la práctica- el modelo neoliberal que impuso la dictadura, con sus AFP, Isapres, Plan Laboral, ley minera, sistema tributario y financiero, universidades con fines de lucro, etc. Pero lo hizo siempre tratando de dar la impresión de que lo hacía, no por voluntad propia, sino por la imposibilidad de remover los obstáculos que le había dejado la dictadura. Son pocos los líderes de la ex Concertación que han reconocido con claridad su derechización experimentada a fines de la década del 80.
Entre ellos resalta –por su rol clave en el diseño de la transición- Edgardo Boeninger que lo reconoció sin tapujos en un voluminoso (y muy poco leído) libro publicado en 1997: “Las propuestas del programa (de gobierno de la Concertación) comprometieron un marco para el orden económico que, sin perjuicio de sus evidentes propósitos electorales, tuvo el sentido más profundo de reducir el temor y la desconfianza del empresariado y de la clase media propietaria, condición necesaria para poder sostener, en democracia, el crecimiento sostenido de la economía logrado a partir de 1985. De este modo indirecto, el éxito económico postrero del régimen militar influyó significativamente en las propuestas de la Concertación, generando de hecho una convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer (las cursivas son mías)” (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, 1997; pp. 368-9).
Asimismo, con toda crudeza, Boeninger añadió: “La incorporación de concepciones económicas más liberales a las propuestas de la Concertación se vio facilitada por la naturaleza del proceso político en dicho período, de carácter notoriamente cupular, limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes” (Ibid.; pp. 369-70).
Por el contrario, el liderazgo de la ex Concertación en estos treinta años ha logrado con bastante éxito disfrazar su “convergencia” con la derecha, a través de una serie de maquiavélicos ardides que han pasado muy desapercibidos. El primero y más trascendente de todos –desconocido hasta hoy por la generalidad de la población- fue el virtual regalo que le hizo a la derecha, a través de las Reformas Constitucionales concordadas en 1989, de la mayoría parlamentaria simple que hubiese tenido su inminente gobierno, de acuerdo a los términos originales de la Constitución del 80. Efectivamente, ella disponía que el gobierno a instalarse –obviamente pensando que sería el de un Pinochet ratificado en el plebiscito de octubre de 1988- obtendría mayoría parlamentaria con la mayoría absoluta de una cámara y sólo un tercio de la otra. Es decir, con la mayoría del Senado, obtenida gracias a los senadores designados combinada con el sistema binominal; y un tercio seguro de la Cámara de Diputados. Con ello Pinochet habría dispuesto de mayoría parlamentaria, pese al carácter electoral evidentemente minoritario que tendría la derecha.
Pero el punto es que Pinochet perdió aquel plebiscito; ¡por lo que dicho prospecto iba a ser también favorable para el inminente presidente Aylwin! ¿Por qué? Porque la Concertación iba a obtener con toda seguridad la mayoría de la Cámara de Diputados; y también, con igual seguridad lograría más de un tercio del Senado. Recordemos que el Senado original se componía de 26 senadores electos (dos por cada una de las trece regiones que existían en ese momento) más 9 designados, esto es, de un total de 35. Y, en el peor de los casos, era seguro que la Concertación habría elegido uno por cada región, es decir, 13. Y el tercio de 35 es 12…
Pero entonces se produjo un acuerdo “en paquete” de 54 reformas de la Constitución del 80 entre la dictadura y la Concertación. En general fueron “liberalizadoras”, pero sin afectar los principales dispositivos autoritarios de aquella. En cambio, las principales reformas (de los Artículos 65 y 68) –que pasaron desapercibidas, porque en la práctica se ocultaron al conocimiento público dentro del “paquete”- elevaron aquel quórum a la mayoría absoluta en ambas cámaras, ¡pero sin eliminar los senadores designados! Con ello quedó asegurada la futura mayoría parlamentaria para la derecha, aunque fuese clara minoría electoral. De allí que el liderazgo concertacionista pudo plausiblemente “culpar” a que no tuvo mayoría parlamentaria, la total mantención de las estructuras económicas y sociales fundantes del modelo neoliberal. Por cierto, sin reconocer que no tuvo dicha mayoría, ¡porque la había regalado!…
Aquel regalo pasó a complementarse en la década de los 90, con la tozuda negativa del liderazgo concertacionista a efectuar pactos meramente electorales con el PC; con los cuales –proyectando los resultados obtenidos- podría haber revertido la “pérdida” de su mayoría parlamentaria ya en las elecciones de 1997. A ello se agregó otra política efectuada también muy solapada y eficazmente. Ella fue la progresiva destrucción de todos los medios escritos centroizquierdistas que habían surgido en la lucha contra la dictadura. Aquella la hizo silenciosamente a través de la discriminación del avisaje estatal; el bloqueo de ayudas financieras externas y la compra de algunos de esos medios para luego cerrarlos. De este modo, fueron desapareciendo en los 90 los diarios La Epoca y Fortín Mapocho; y las revistas Análisis, Apsi, Hoy y Página Abierta, entre muchas otras; y de algunas que se crearon después, como Rocinante y Plan B. Además, de forma incluso corrupta, los gobiernos concertacionistas negaron la devolución de los bienes del centroizquierdista diario Clarín, confiscado por la dictadura a Víctor Pey, y con los que este ingeniero español, llegado en el Winnipeg a nuestro país en 1939, se proponía reabrirlo.
Y a lo anterior hay que sumar la neutralización de TVN a través de una ley de 1992 que le entregó a la derecha un virtual poder de veto en su directorio; y la privatización del canal de televisión de la Universidad de Chile, los que podrían haber sido legítimos medios de análisis de la dictadura y de promoción de una efectiva democratización del país, a través de un debate político plural que incluyera todos los temas y corrientes de pensamiento existentes en el país. La lógica de estas políticas respecto de los medios de comunicación era impedir un debate que pusiese en cuestión el modelo neoliberal y –sobre todo- que desnudase la total derechización del liderazgo concertacionista. Este comprendió perfectamente que -particularmente los medios escritos que habían dado una valerosa lucha contra la dictadura y que no habían experimentado su derechización- se convertirían en los reales y muy molestos opositores a su giro copernicano.
Luego, la plena derechización del liderazgo concertacionista se siguió manifestando plenamente con los gobiernos de Lagos y Bachelet, ya que éstos ¡obtuvieron finalmente mayoría parlamentaria y no la usaron para ninguna reforma fundamental del modelo! En efecto, Lagos la obtuvo entre agosto de 2000 y marzo de 2002, por los desafueros combinados de los senadores Pinochet y Errázuriz; y Bachelet por el fin de los senadores designados en 2005. Este cambio cualitativo que podría haber tenido una importancia política decisiva (si el liderazgo concertacionista hubiese sido realmente de centroizquierda) pasó también virtualmente desapercibido por la opinión pública, debido a que todos los medios de centroizquierda habían sido ya exterminados…
Finalmente, la consolidación del modelo de Pinochet se produjo con la asunción del liderazgo concertacionista de los elementos centrales de la Constitución del 80, con la “nueva Constitución” de 2005 (¡la actual!), la cual fue entusiastamente elogiada por Lagos como una “Constitución democrática, obra de todos los chilenos, y que ya no nos divide”; y que fue suscrita en una ceremonia apoteósica el 17 de septiembre de ese año, donde la suscribieron Lagos y todos sus ministros. Tanto fue así, que cuando surgió la demanda de Asamblea Constituyente como subproducto del movimiento estudiantil-ciudadano de 2011 los más duros cuestionadores de ello fueron Lagos y los líderes del PS Escalona (“era fumar opio”); Insulza (“era confrontacional; y se sabe como empieza pero no como termina”) y su presidente Andrade quien se mofó de ella señalando que “una nueva Constitución será para nuestros tataranietos”.
Después vimos el tongo de “proceso constituyente” del segundo gobierno de Bachelet, que después de innumerables “cabildos” a lo largo de todo Chile, terminó en una penosa redacción de un proyecto de nueva Constitución, la que fue entregada a fines de su gobierno para los archivos. Y ya toda la élite política se había olvidado del tema hasta que el “estallido” o “revuelta” popular de octubre de 2019 la condujo –falsificando la idea de una efectiva Asamblea Constituyente democrática- a engañar nuevamente a la sociedad chilena con un proceso que, sí o sí, terminaría en una convención “mixta” o “constitucional” impedida de aprobar democráticamente una nueva Constitución, dado el quórum ¡para ambas! de los dos tercios…
En definitiva, a estas alturas lo único que puede llamar la atención es el despilfarro histórico efectuado por la izquierda que, en lugar de tratar de orientar y conducir la revuelta social en una perspectiva clara de Asamblea Constituyente y de sustitución del modelo neoliberal; se subordinó, directa o indirectamente, a este nuevo fraude de las dos derechas. Así, la gran mayoría de los partidos relevantes del Frente Amplio (RD, Convergencia Social, Comunes y Liberal) se ¡sumaron formalmente al acuerdo del 15 de noviembre!, provocando, además, un quiebre y decadencia del conglomerado. Y el PC y el PH, que si bien no formaron parte del acuerdo y manifestaron incluso su desacuerdo con el antidemocrático quorum de los dos tercios; no hicieron de ello lo que correspondía en términos democráticos: deslegitimar completamente el actual proceso-fraude constituyente, participando en las elecciones solo para buscar obtener un tercio de los convencionales que permitiera frustrar la consumación final del fraude por parte de las dos derechas.
