Las elecciones del 15 y 16 de mayo pasado constituyeron una sorprendente y muy positiva derrota de las dos derechas que han impuesto y consolidado una democracia de mentira y un modelo económico-social extremadamente neoliberal en Chile. Así, la derecha tradicional impuso –utilizando a las Fuerzas Armadas- a sangre y fuego la Constitución del 80; el Plan Laboral, las AFP, las Isapres, la ley minera, las privatizaciones en favor de grandes grupos económicos, la LOCE, universidades privadas con fines de lucro, etc. Y luego la Concertación (teóricamente de centro-izquierda, pero prácticamente de derecha) no solo legitimó y consolidó todo lo anterior; sino que además continuó privatizando recursos naturales fundamentales como el litio y la gran mayoría del cobre; entregando virtualmente el mar para la pesca a siete familias; privatizando el agua, las empresas sanitarias y los puertos; y concesionando caminos y obras públicas, entre muchas otras cosas en esa dirección. Y culminando su conversión a la derecha, desarrolló políticas públicas que exterminaron todos los medios escritos de centro-izquierda y que impidieron que existiesen canales de televisión que hicieran un debate plural y profundo sobre la dictadura y el futuro de Chile. Y llegó, incluso, a asumir en 2005 la Constitución de Pinochet –con algunos cambios- en conjunto con la derecha tradicional; Constitución actual que fue entusiastamente suscrita por Lagos y todos sus ministros (entre ellos, Francisco Vidal, Nicolás Eyzaguirre y Yasna Provoste) en septiembre de ese año.

Esta derechización fáctica tuvo su correlato en el hecho de que los partidos concertacionistas comenzaron a recibir “alegremente” un gran financiamiento “irregular” de grandes grupos económicos para sus campañas, culminando ello con el hecho de que el yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, -a través de Soquimich- financió el conjunto de la “precampaña” efectuada por Bachelet antes de su elección como presidenta en su segundo período. Y, además, esta derechización “naturalizó” la inclusión de decenas de ex ministros, subsecretarios, superintendentes y parlamentarios de la Concertación en directorios de AFP, de asociaciones empresariales o universidades privadas; y en empresas, fundaciones o medios de comunicación de grandes grupos económicos. Así por ejemplo, resaltan en el caso del PDC René Cortázar, José de Gregorio, Ximena Rincón, Jorge Burgos, Edmundo Pérez, Soledad Alvear, Eduardo Aninat, Julio Bustamante, Hugo Lavados, Genaro Arriagada, Mariana Aylwin, María Eugenia Wagner, Felipe Sandoval y Guillermo Pickering. Y en el caso de los PS-PPD José Miguel Insulza, José Antonio Viera Gallo, Sergio Bitar, Nicolás Eyzaguirre, Jaime Estévez, Osvaldo Puccio, Eugenio Tironi, Felipe Harboe, Alvaro García, Alberto Arenas, Eduardo Loyola, Jorge Marshall, Jorge Rosenblut y Karen Poniachik.

Tan claramente se derechizó que ello ha sido reconocido públicamente varias veces por altos dirigentes concertacionistas, sin suscitar réplica alguna. Particularmente ha sido el caso del considerado principal artífice de la “transición”, Edgardo Boeninger, quien en un libro en 1997, señaló que “el éxito económico postrero del régimen militar influyó significativamente en las propuestas de la Concertación, generando de hecho una convergencia (económica) que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello; pp. 368-9).

Mucho más desfachatado fue posteriormente Alejandro Foxley, ministro de Hacienda de Aylwin, y luego senador y presidente del PDC y canciller de Bachelet: “Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas que entró a ese gobierno el año 73, con Sergio de Castro a la cabeza (…) que fueron capaces de persuadir a un gobierno militar (…) de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile y que, quienes fuimos críticos de algunos aspectos de ese proceso hoy lo reconocemos (y) ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Su drama personal es que, por las crueldades que se cometieron en materia de derechos humanos en ese período, esa contribución a la historia ha estado permanentemente ensombrecida” (Cosas; 5-5-2000).

Algo similar hizo quizá el más connotado intelectual PS-PPD, Eugenio Tironi (quien incluso asumió –sin nombrarla- la principal tesis de Adam Smith de la “mano invisible”), al escribir en un libro en 1999: “La sociedad de individuos, donde las personas entienden que el interés colectivo no es más que la resultante de la maximización de los intereses individuales, ya ha tomado cuerpo en las conductas cotidianas de los chilenos de todas las clases sociales y de todas las ideologías. Nada de esto lo va a revertir en el corto plazo ningún gobierno, líder o partido (…) Las transformaciones que han tenido lugar en la sociedad chilena de los 90 no podrían explicarse sin las reformas de corte liberalizador de los años 70 y 80 (…) Chile aprendió hace pocas décadas que no podía seguir intentando remedar un modelo económico que lo dejaba al margen de las tendencias mundiales. El cambio fue doloroso, pero era inevitable. Quienes lo diseñaron y emprendieron mostraron visión y liderazgo” (La irrupción de las masas y el malestar de las elites. Chile en el cambio de siglo; Edit. Grijalbo; pp. 36, 60 y 162).

A su vez, esta profunda derechización fue entusiastamente elogiada por una pléyade de políticos, economistas, empresarios y académicos de derecha, nacional e internacional. Destacaron en ello, el empresario César Barros, quien señaló que a “un grupo de amigos empresarios”, Lagos, “trabajando con cuidado e inteligencia, los convenció de que estaba siendo el mejor Presidente de derecha de todos los tiempos” (La Tercera; 11-3-2006). A su vez, el entonces presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Hernán Somerville, señaló a fines de 2005 que a Lagos “mis empresarios todos lo aman, tanto en APEC (Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico) como acá, porque realmente le tienen una tremenda admiración por su nivel intelectual superior y porque además se ve ampliamente favorecido por un país al que todo el mundo percibe como modelo” (La Segunda; 14-10-2005). Y el dirigente de la UDI, Herman Chadwick, expresó: “El Presidente Lagos nos devolvió el orgullo de ser chilenos. Hizo grandes reformas en la sociedad chilena que estaba muy ahogada, había muchos problemas que no se colocaban en la agenda” (El Mercurio; 21-3-2006).

Pero quizá los más elocuentes fueron el cientista político RN, Oscar Godoy; y el segundo de Milton Friedman en la Escuela de Economía de Chicago, Arnold Harberger. El primero, consultado en 2006 si observaba un desconcierto en la derecha por “la capacidad que tuvo la Concertación de apropiarse del modelo económico (neoliberal)”, respondió: “Sí. Y creo que eso debería ser un motivo de gran alegría, porque es la satisfacción que le produce a un creyente la conversión del otro. Por eso tengo tantos amigos en la Concertación; en mi tiempo éramos antagonistas y verlos ahora pensar como liberales, comprometidos en un proyecto de desarrollo de una construcción económica liberal, a mí me satisface mucho” (La Nación; 16-4-2006).

Y el segundo expresó en 2007, “que estuve en Colombia el verano pasado participando en una conferencia, y quien habló inmediatamente antes de mí fue el ex presidente Ricardo Lagos. Su discurso podría haber sido presentado por un profesor de economía del gran período de la Universidad de Chicago. El es economista y explicó las cosas con nuestras mismas palabras. El hecho de que partidos políticos de izquierda finalmente hayan abrazado las lecciones de la buena ciencia económica es una bendición para el mundo” (El País, España; 14-3-2007).

Pero quizás lo más chocante de todo fue el abandono de los intentos de justicia respecto de las graves violaciones de derechos humanos de la dictadura. Así, desde el primer momento (¡aunque no se dijo!) el gobierno de Aylwin desechó la idea de buscar derogar el decreto-ley de amnistía de 1978 (Ver Boeninger; p. 400). Luego se intentó sistemáticamente aprobar leyes que avalaran legislativamente aquel decreto-ley o que disminuyeran ostensiblemente las penas de los graves violadores de derechos humanos. Fue el caso del “acuerdo marco” en 1990; del proyecto de ley Aylwin en 1993; del proyecto de ley Frei y el acuerdo Figueroa-Otero en 1995; de un proyecto de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, asumido por el gobierno en 1999; del proyecto de ley de inmunidad de Lagos en 2003; de un proyecto de senadores concertacionistas y aliancistas en 2005; y de un intento de reflotarlo por el gobierno de Bachelet en 2007. Afortunadamente, todos esos intentos fracasaron, fundamentalmente por el peso moral de la tenaz oposición de las agrupaciones de familiares y las diversas ONG de derechos humanos nacionales e internacionales.

Además, los gobiernos de Frei Ruiz Tagle y Lagos quisieron enviar o mantener (cuando se supo) agregados militares y diplomáticos involucrados en graves violaciones de derechos humanos, causando incluso bochornos internacionales en España, Ecuador, El Salvador, Honduras, Canadá, Suiza, Rusia y en la propia ONU. Por otro lado, los sucesivos gobiernos concertacionistas se desinteresaron en los casos judiciales relativos a los asesinatos de Carmelo Soria, Bernardo Leighton y de Carlos Prats; de acuerdo a denuncias de familiares, abogados y ONG de derechos humanos.

Y respecto de Pinochet, los gobiernos concertacionistas lo defendieron primero públicamente cuando en sus viajes al exterior era rechazado por las autoridades o por manifestaciones populares. Luego, el gobierno de Frei lo defendió “con todo” cuando diputados de la propia Concertación lo acusaron constitucionalmente a comienzos de 1998 para impedir su vergonzoso ingreso al Senado. A tanto llegó en su defensa el gobierno que expulsó de un alto cargo gubernamental a una consejera del PDC (Jacqueline Saintard) por haber votado favorablemente en el Consejo para dejar en “libertad de acción” a los diputados que osaron presentarla. Y logró la destitución de un funcionario de la administración del Partido (Héctor Ballesteros) por haber votado también en ese sentido. Posteriormente, en agosto de 1998 impulsados por un ¡acuerdo entre el senador Pinochet y el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, se aprobó una ley que declaró el primer lunes de septiembre como “Día de la Unidad Nacional”, en sustitución del feriado del 11 de septiembre! Ley que fue “silenciosamente” derogada en 2002…

Y, como es sabido, los gobiernos de Frei Ruiz Tagle y de Lagos se jugaron también “con todo” para obtener la impunidad de Pinochet luego de su detención en Londres. Primero, presionando exitosamente al gobierno británico para que le permitiese volver libremente a Chile; y, después, presionando también exitosamente a los tribunales nacionales de justicia para dejarlo libre por manifiestamente falsas razones de salud mental. En ambos casos, jugó un papel clave el socialista José Miguel Insulza, como canciller y ministro del Interior respectivamente.

Todo este edificio institucional comenzó a resquebrajarse en 2011 cuando un fuerte movimiento estudiantil-ciudadano cuestionó especialmente el modelo universitario, pero también llegó a formular un ideario de Asamblea Constituyente que sustituyese el conjunto del modelo (“chileno”) político y económico impuesto y consolidado por las dos derechas. Esto último generó una dura reacción del liderazgo concertacionista y particularmente de su corriente “socialista”. Así, Camilo Escalona despreció una Asamblea Constituyente diciendo que era como “fumar opio”. José Miguel Insulza -mucho más preocupado- la atacó señalando que generaría un “enfrentamiento” entre los chilenos; y que dichas Asambleas “se sabe cómo comienzan, pero no como terminan”. Y el presidente del PS de entonces, Osvaldo Andrade, se mofó abiertamente de ella a través de “El Mercurio”, señalando que “una nueva Constitución la tendrán nuestros tataranietos”.

Posteriormente, el segundo gobierno de la socialista Michelle Bachelet efectuó un tongo de “proceso constituyente”, en que se realizaron centenares de “cabildos” a lo largo de todo Chile que convocaron a miles de personas que, de buena fe, creyeron que estaban gestando una nueva Constitución. Todo ese “proceso” terminó tristemente en una suerte de proyecto de “nueva Constitución” elaborado exclusivamente por el Gobierno y que fue entregado en su hora final… para los archivos.

Luego, la dirigencia ex concertacionista se “olvidó” de esa idea hasta que el “estallido” o “revuelta” popular de octubre de 2019 generó el pánico de las dos derechas, producto de lo cual idearon un maquiavélico ardid destinado a neutralizar un movimiento que claramente proponía un rechazo total del “modelo chileno” (“No son treinta pesos; son treinta años”). Así, ambas derechas generaron un nuevo “proceso constituyente” destinado a que, sí o sí, se aprobara plebiscitariamente una convención (¡no Asamblea Constituyente!) que –en virtud de un quórum de dos tercios- no pudiese aprobar democráticamente una nueva Constitución.

Por cierto, no se imaginaron nunca que, teniendo todos los grandes medios de “desinformación” (que nunca hicieron mención de los “dos tercios”, entre otras cosas) e ingentes recursos de campaña, tendrían tan malos resultados electorales, los que sorprendieron incluso a la generalidad de los analistas y contradijeron las encuestas previas. En efecto, la derecha tradicional no alcanzó a adquirir siquiera la “zona de confort” que le habría conferido por sí misma un poder de veto: el tercio de los convencionales. Es cierto que acompañada por la otra derecha (ex concertacionista) y por una decena de independientes afines al modelo, tendrán con largueza dicho tercio. Pero no es para nada lo mismo. Porque una de las “gracias” del ardid diseñado era que le permitiese solo a la derecha tradicional cargar con las “culpas” de mantener una Constitución conservadora y el “modelo chileno” (como fue el caso de la década del 90, con el solapado regalo de la mayoría parlamentaria que le hizo la Concertación a la derecha, a través de las Reformas constitucionales concordadas en 1989), para que así la ex Concertación pudiese conservar plausiblemente su imagen de “centroizquierda” frente a sus bases electorales, al “quedar obligada” a aceptar las condiciones de la “derecha” para obtener una “nueva” Constitución.

Pero ciertamente que la mayor derrota, lejos, la sufrió la derecha ex concertacionista cuyos partidos ¡solo obtuvieron 13 militantes electos como convencionales, es decir, menos del 10% del total! Es más, sufrió una verdadera catástrofe que, además, la fragmentó completamente para las próximas elecciones presidenciales. Y el penoso espectáculo que protagonizó el miércoles pasado (19) debe ser uno de los episodios más patéticos ocurridos en nuestra historia patria. Pero esto también va a repercutir muy negativamente en la derecha tradicional que, todo indica, difícilmente recuperará alguna vez un socio de fuste tan incondicional a los grandes grupos económicos, como lo fue la derecha ex concertacionista en sus 24 años de gobierno. Un socio cuya incondicionalidad no había tenido tampoco nunca antes. Porque incluso los radicales e ibañistas –que sí fueron incondicionales en cuanto a la mantención del sistema de hacienda; prohibición de la sindicalización campesina; ejercicio de leyes represivas y mantención (hasta 1958) del sistema electoral que permitía el cohecho- fueron capaces de generar un nuevo modelo de desarrollo de industrialización vía sustitución de importaciones que era resistido por el grueso de liberales y conservadores.

Es claro que la gran heterogeneidad de las fuerzas de izquierda partidarias de terminar con el modelo neoliberal extractivista (en lo que muy probablemente concordarán los 17 convencionales electos por los pueblos originarios); y el hecho de no contar con los dos tercios de los convencionales hará muy difícil lograr en este proceso una Constitución efectivamente democrática. En esto se verá si la posición del PS -que será clave en la Convención- de sumarse al pacto de primarias presidenciales de izquierda fue mero oportunismo; o si sus 10 convencionales militantes (más los 5 independientes electos en su lista) se sumarán a una posición de terminar con el “modelo chileno”. En todo caso, la izquierda quedó con bastante más de un tercio de los convencionales, lo que le permitirá claramente no avalar de ningún modo un acuerdo de “cocina” que pretenda darle un fuerte maquillaje al actual modelo.