La organización detecta agresiones a menores, devoluciones sin las mínimas garantías, incluso de niños y niñas, o criminalización de las personas migrante
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha exigido el cese de las vulneraciones de derechos humanos que se están produciendo en Ceuta contra miles de personas migrantes que debido a un intenso conflicto diplomático han llegado territorio español. La organización ha detectado “agresiones a menores por parte de miembros del ejército, incumplimiento del deber de protección de la infancia, devoluciones en caliente sin las mínimas garantías, criminalización de las personas migrantes, entre otras”.
La asociación asegura que el paso de personas migrantes desde el pasado lunes 17 de mayo desde territorio marroquí a Ceuta ha puesto de relevancia las graves deficiencias del sistema migratorio europeo y español.
Para la organización, basar las políticas migratorias en la represión y la subcontratación de terceros países, como Marruecos, para ejercer de ‘gendarmes de Europa’, de forma que impidan el paso a las personas migrantes a cualquier precio y a cambio de acuerdos económicos y comerciales, tiene consecuencias muy graves. Las primeras de todas, para las propias personas migrantes, que se convierten en moneda de cambiopara cada uno de los países implicados y cuyos derechos fundamentales son violados impunemente por todas las partes. “Pero no solo eso, dado que las implicaciones geoestratégicas a cambio de vidas también son enormes”, afirma.
Explican desde la asociación que la situación en la que entre 8.000 y 10.000 personas se encuentran en la actualidad es dantesca: “arriesgando sus vidas al lanzarse al mar para cruzar la frontera (y alguno de ellos muriendo en el intento) para encontrarse al otro lado, con un despliegue militar digno de una guerra, al que se enfrentan recién salidos del agua”. Al menos un hombre ya ha fallecido. Además, constatamos que el Gobierno español ha devuelto a más de 4.000 personas vía devoluciones en caliente sin garantizar una tutela judicial individualizada y efectiva, tal y como exige la ley.
La APDHA asevera que el Gobierno español ha decidido enfrentarse a esta situación militarizándola, enviando tanques y material antidisturbios y con un discurso ambivalente y contradictorio: “devolveremos a todas las personas” pero “lucharemos contra el discurso del odio”. Para la organización, el discurso del odio se alimenta de la violencia con la que el Estado español está respondiendo, que refuerza la criminalización de todas las personas migrantes. “No se puede jugar de esta manera con las palabras y los hechos”, lamenta la asociación.
Explica que las consecuencias de la militarización en Ceuta están siendo gravísimas: han olvidado los derechos humanos y han invisibilizado a las personas convirtiéndolas en supuestos “enemigos”.
Lamentan especialmente la situación de los niños, niñas y jóvenes que están llegando a territorio ceutí están viendo sus derechos fundamentales -los que deberían ser protegidos ante todo- vulnerados de forma gravísima, “hasta el punto de ser devueltos sin que nadie haya hablado con ellos, de dormir en la calle, de estar siendo víctimas de disparos con escopetillas de plomo por las calles y de que el Estado no garantice su protección”.
Recuerda que la infancia y adolescencia migrante requiere de todas las garantías para su bienestar y el desarrollo de sus proyectos de vida necesitan de un plan de actuación inmediato basado en derechos. “No es una opción, es una obligación legal del Estado, que debe habilitar todos los mecanismos necesarios para que, desde la primera respuesta, se tienda a garantizar soluciones duraderas desde el interés superior del menor y la no discriminación. Es necesario el traslado y reubicación en la península, escucha activa de sus proyectos y activación de los recursos necesarios”, señala la APDHA.
Por último, destaca que el paso migratorio de estos días “exige que garanticemos que los derechos de cada persona van a ser respetados y que las políticas migratorias deben ser profundamente reformadas”. Para la organización, “el modelo basado en la fortificación de las fronteras no sirve, no para las migraciones y solo provoca vulneración de derechos. Tanto Marruecos como España deben dejar de utilizar a las personas como moneda de cambio”.
