Por Gerardo Tecé / Ctxt
Vanessa López (Madrid, 1977) es la directora ejecutiva de Salud Por Derecho, organización que trabaja por un acceso global a los medicamentos y a los servicios sanitarios. Graduada en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Cooperación Internacional por la Universidad Pontificia Comillas, López ha participado como experta en varias comisiones del Parlamento español y de parlamentos regionales y en diversos foros internacionales como las reuniones de Alto nivel de la ONU sobre el VIH o las Juntas del Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la tuberculosis y la malaria.
Tras más de 10 años luchando por un modelo más igualitario de reparto de fármacos, la llegada de la pandemia de la covid-19 ha puesto la labor de López y su equipo en el centro de la actualidad. En estos momentos, parte del Partido Demócrata norteamericano presiona a Joe Biden para que Estados Unidos suspenda temporalmente las patentes de las vacunas y permitir así su producción y distribución masiva en la lucha contra el virus. No solo le presionan miembros de su formación. Más de 170 premios Nobel y exmandatarios internacionales –José Luis Rodríguez Zapatero, François Hollande y Gordon Brown, entre otros– piden que el inquilino de la Casa Blanca dé este paso necesario.
Con Vanessa López charlamos sobre el sistema de patentes, clave para entender qué está pasando con el suministro de vacunas y cómo funciona un sector económico, el farmacéutico, del cual depende la salud de la población mundial.
–Por establecer un punto de partida, confírmame si esto es lo que está pasando en el mundo ahora mismo: estamos sufriendo un grave incendio y tenemos un estanque lleno de agua al que decidimos no acceder, porque el agua tiene dueño.
–Efectivamente. Justo esa sería la imagen. El sistema de patentes está generando una situación muy dramática en la que hay un cuello de botella en el suministro de vacunas.
–¿En qué consiste el actual sistema de patentes farmacéuticas?
–Una patente es un derecho de propiedad intelectual, por el que a la empresa poseedora de la patente se le concede la exclusividad en la fabricación y la comercialización de un producto durante en torno a veinte años. Es decir, el dueño de la patente tiene el monopolio de ese producto. Esto genera varios problemas. El principal es que cuando hay monopolio no hay competencia. En el caso de los medicamentos, se ha traducido en que tradicionalmente los precios han subido muchísimo, precios muy elevados en los que el margen de maniobra en la negociación de los países, que son los que compran, es muy escaso, porque no suele haber otros competidores.
–El argumento principal de quienes defienden el sistema de patentes es que quien ha invertido en conseguir un medicamento o vacuna tiene que tener derecho al retorno económico de esa inversión. Sin embargo, hay mucho dinero público invertido en ese proceso de investigación y desarrollo, pero no hay retorno ni beneficio para los países, más allá de acudir a pelearse a la subasta. ¿Cuál es el porcentaje de inversión pública y privada en los logros del sector farmacéutico?
–El problema es que la falta de transparencia y la opacidad que caracterizan a este sector impide que podamos conocer con exactitud esos datos. Con cualquiera de las vacunas de la covid nos gustaría poder saber cuánto ha invertido la compañía equis, cuánto ha invertido el Gobierno equis, qué inversores públicos o privados hay, cuáles han sido los costes reales de investigación, de desarrollo, de manufactura, de ensayos clínicos… Y nos gustaría saberlo para poder establecer cuál sería el precio justo para ese producto. Un precio que esté basado en los costes y en las aportaciones que hacen los diferentes actores, además de un margen de beneficio razonable para la empresa. Así es como nos parece que se tendría que operar. Que quedase asegurado que las compañías, que son empresas, obtengan los incentivos suficientes, mientras lo público también recibe ese retorno. Tradicionalmente es el sector público el que da el impulso y luego, lamentablemente, todo ese conocimiento generado, todos esos potenciales productos como las vacunas o medicamentos, acaban en manos del sector privado con una licencia en exclusiva para la compañía. Es decir, la exclusividad en fabricación y comercialización sin retorno ni beneficio para la inversión pública.
–¿Qué márgenes de beneficio maneja el sector farmacéutico?
–Un margen mucho más elevado del que reconocen. Y la inversión pública también es mucho más sustanciosa de lo que las empresas dicen. Los compañeros de Médicos Sin Fronteras hablan de que, a nivel global, se habrían invertido unos 10.000 millones de dólares de origen público en las vacunas de la covid. Y probablemente serán más. Pero el dato es opaco. Lo que sí sabemos con certeza es que si hemos tardado tan poco tiempo en disponer de estas vacunas, es gracias al esfuerzo sin precedentes del sector público. Sin embargo, los gobiernos no están haciendo valer esa inversión para poner las condiciones a cómo tienen que ser la fabricación, el precio, el margen de beneficio, etc… Hoy en día el precio de los medicamentos se fija en función de lo que el mercado esté dispuesto a pagar y se hace sin transparencia, con unos márgenes de beneficio para las farmacéuticas que no tienen parangón con otros sectores.
–¿Qué alternativas a este modelo de monopolio de patentes existe? Porque el marco actual, el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio de 1995, además de asegurar el derecho de propiedad intelectual asegura también vías alternativas para casos de emergencias como este.
–Así es. El acuerdo en la OMC sobre propiedad intelectual supuso un ejercicio de armonización de las legislaciones sobre propiedad intelectual en productos farmacéuticos, pero a partir de él también se empezaron a introducir salvaguardas que intentaban conjugar los derechos de propiedad intelectual con el derecho a la salud pública. Por ejemplo, que se pudieran utilizar en crisis de salud pública, como la actual, las licencias obligatorias, que consisten en que, cuando hay un producto que está bajo patente, pero que es muy caro o que por algún motivo el laboratorio no está siendo capaz de producir, un país pueda hacer uso de esta cláusula de licencia obligatoria, obligando a quien tiene la patente a licenciarla a una empresa de genéricos a cambio de unos royalties.
–¿Por qué no se usa esta solución? ¿No sería de utilidad?
–La licencia obligatoria es una solución que no se está usando y que, efectivamente, contempla la OMC. Y aunque en muchas otras ocasiones hemos pedido que se aplique, ahora mismo no consideramos que esta sea la medida más adecuada. ¿Por qué ahora mismo no estamos pidiendo que se aplique el uso de licencia obligatoria para las vacunas? Pues porque, en el caso de Europa, hay otra legislación, la de exclusividad de datos, que lo que hace es dificultar las cosas. Me explico. Cuando la patente expira, se pueden utilizar los datos que la empresa originaria ha utilizado para sus ensayos clínicos, para demostrar la equivalencia del genérico con los datos originales. Pero si tú haces una licencia obligatoria antes de que expire la patente, en la Unión Europea existe un mecanismo de protección de la exclusividad de datos provenientes de los ensayos clínicos que impide utilizar durante ocho años esos datos. Es un poco complejo, pero el resumen es que, con el sistema de licencia obligatoria, o tienes que hacer ingeniería inversa o bien tienes que hacer de nuevo todos los ensayos clínicos para poder utilizarla, para pedir la autorización de comercialización. Y no hay tiempo para esto.
–¿Apostáis por la anulación de patentes?
–Efectivamente. La fórmula más ágil y efectiva sería que se acuerde en la OMC hacer una exención a las patentes. Una suspensión temporal de las patentes para vacunas y medicamentos relacionados con la covid. Eso permitiría que cada país que quiera aplicarlo abra la puerta a que otras empresas puedan acceder a esa tecnología y a ese know-how para fabricar ese producto como como genérico y, por tanto, ampliar la capacidad de producción y suministro. La exención de la propiedad intelectual es una propuesta que hicieron Sudáfrica y la India en el mes de octubre y que, a día a día de hoy, apoyan 103 de los 162 países de la OMC. Sin embargo, la posición de la Unión Europea hasta el momento ha sido en contra. Y el Gobierno de España ha seguido esa misma tónica. Y nos preocupa mucho esa posición. Hemos escuchado en muchas ocasiones al presidente del Gobierno español hablar de la necesidad de que la vacuna sea un bien público, pero ninguna de las medidas que se están tomando van en esa dirección. Incluso en EE.UU. se está sopesando esta posible solución. Hay un movimiento fuerte en el seno del Partido Demócrata, liderado por Nancy Pelosi, para que Joe Biden se sume a esta solución que favorecería muchísimo la lucha contra la pandemia. Si Biden diese ese paso, la presión para que la UE se moviera sería muy grande. Y se necesita que así sea, porque para acordar la exención temporal de las patentes es necesario que haya consenso en la OMC. Cosa que, a propósito, también pide la OMS.
–Que en Europa se antepongan los intereses privados no es noticia, pero es paradójico que, ni siquiera con el objetivo de salvar la economía afectada por la pandemia, se apliquen estos mecanismos. ¿Cuál es su explicación?
–Que el sector farmacéutico es muy poderoso y tiene mucha influencia. Y está totalmente en contra. Tienen el poder de veto, el poder de impedir que esto vaya para adelante. Lo hacen aludiendo a que han hecho graves inversiones de dinero y a que, si se suspenden las patentes será un precedente para que en el futuro no tengan incentivos para seguir investigando. Pero como decíamos antes, las informaciones que, a pesar de la falta de transparencia, se van conociendo sobre cómo funciona el sector farmacéutico y cuál es el aporte de lo público, retan a estos axiomas que normalmente se han aceptado. Las evidencias que vamos conociendo nos dicen que los costes reales son menores de los que dice el sector farmacéutico y también que gran parte de esos costes dependen del sector público.
–Un eurodiputado me contó que vio con sus propios ojos cómo en Bruselas leyes que afectaban al sector farmacéutico venían directamente redactadas por un lobby farmacéutico.
–Es posible, perfectamente posible. La capacidad de lobby que tienen en Bruselas es enorme. La capacidad que tienen para estar encima de los procesos legislativos y las tomas de decisión. Para hacer valer sus mensajes y sus intereses en diferentes niveles de la administración de Bruselas es muy potente. Justo lo contrario nos pasa a los grupos que defendemos el interés ciudadano, el derecho a la salud. Tienen muchísimo poder. El sector farmacéutico es un sector muy regulado, pero es un sector regulado para proteger los intereses de las compañías farmacéuticas.
–¿Si la exención de las patentes no se aplica, qué escenario tendremos por delante?
–El que tenemos ahora, pero con la pandemia avanzando. Para empezar, una desigualdad tremenda entre los países pobres y los países ricos. Apenas se ha vacunado al 1% en los países pobres, mientras que se habla de un ritmo de vacunación de una persona por segundo en los países ricos. En la propia Europa también estamos viendo, a pesar de ser una región enormemente rica, que el proceso de vacunación avanza mucho más lento de lo esperado en comparación con otros países como Israel, como Estados Unidos. Podríamos ir mucho más rápido y no sabemos si se va a poder cumplir el objetivo del 70% de personas vacunadas en estos países para el verano. Estamos viendo, desde hace muchos meses, un acaparamiento y una actitud nacionalista por parte de los países más ricos, que están comprando el 70% de las vacunas, cuando estos países suponen el 16% de la población mundial.
–A falta de una solución efectiva, ¿están funcionando los mecanismos de solidaridad?
–Las ayudas de COVAX, la plataforma que se creó para canalizar la solidaridad internacional, tampoco están siendo suficientes. Las vacunas disponibles que hay con este mecanismo solidario de países ricos donando una pequeña parte a los pobres cubrirían sólo un 3% de la población de estos países pobres. Y eso, teniendo en cuenta que el objetivo de vacunación de estos países ya era de por sí un objetivo insuficiente: se habla de un 20%, cuando en el reto de los países ricos para conseguir la inmunidad es del 70%. Este escenario de tanta desigualdad, este escenario de un ritmo tan lento, se da a pesar del impacto de la pandemia y a pesar de que ha sido gracias al impulso del sector público, de la ingente cantidad de dinero público puesto sobre la mesa para obtener esas vacunas.
–Cuando algo pasa en los países ricos, parece que pasa por primera vez. Pero este problema provocado por un sistema de acceso a los medicamentos perverso no es nuevo. Háblame de algún ejemplo.
–Una pandemia que podría servir de ejemplo por su magnitud es la pandemia del VIH, del SIDA. La falta de acceso a los medicamentos supuso millones de muertes al año. No se podía acceder a los fármacos por el alto precio. Una vez que empezó a haber genéricos, bajó el precio; de diez mil dólares por paciente y año se pasó a 100 dólares por paciente y año. Eso cambia radicalmente el contexto. Lo que pasa, y yo creo que es lo que tiene que servirnos de enseñanza, es que la solución tardó demasiado en llegar. Y millones murieron. No podemos permitirnos repetir ese error.
