Cada año, cientos de trabajadores agrícolas nicaragüenses cruzan la frontera con Costa Rica para buscar empleo en las diferentes plantaciones agroindustriales del vecino país. En la mayoría de los casos, los niveles de explotación y las condiciones de vida

Durante 15 años, Pablo Ulises (lo llamaremos así para resguardar su identidad) se ha desempeñado como cortador de caña en las zafras del Ingenio Taboga.

Este año, la situación originada por la pandemia hizo más difícil y engorrosa la contratación y traslado de trabajadores migrantes a Costa Rica.

“Antes nos reclutaban en el norte de Nicaragua y nos trasladaban hasta el ingenio. Este año nos dijeron que no era posible, así que decidí juntarme con unos compañeros y cruzar la frontera por puntos ciegos.

Al llegar a la zona encontramos a unos viejos contratistas del Ingenio Taboga y firmamos un contrato para trabajar hasta finales de abril”, dice Pablo a La Rel.

Cuál fue el susto del experto trabajador al darse cuenta que ya la empresa no se encargaba de asegurar el alojamiento, que estaban cobrando por el transporte y las herramientas de trabajo, que no llegaban a ganar ni el salario mínimo y que no existían medidas de higiene y seguridad para el Covid 19.

“Yo viajo hasta acá y trabajo duro para ahorrar dinero y mandarlo a la familia, pero ¿qué voy a hacer si me toca pagar todo, viviendo en un tugurio y medio comiendo? No me queda nada”, explica Pablo.

Pero lo peor fue cuando, a raíz de una inspección de trabajo solicitada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Caña (Sintraica) para que se constataran las múltiples violaciones a los derechos de los trabajadores, la empresa decidió despedir ilegalmente a cientos de cortadores.

¡Afuera, pa’ la calle!
“El 11 de marzo nos dijeron que ya no había trabajo. No nos avisaron, ni nos explicaron por qué, simplemente nos echaron a la calle.

Además, comencé a sentirme mal y fui a hacer unos análisis y resulta que tengo insuficiencia renal, igual que otros compañeros”, cuenta el trabajador nicaragüense.

Sin trabajo, sin documentos y enfermo, Pablo dice que no se va a ir hasta que el Ingenio Taboga le pague sus 15 años de cesantía, más lo que ha dejado de percibir por el despido unilateral y violatorio del contrato que ha firmado.

“Este año ha sido un desastre. Se retrocedió mucho. Indigna ver cómo nos trataron. Afortunadamente hay un Sindicato muy activo que nos apoya, nos ayuda, nos fortalece.

La empresa tiene que pagarnos todo lo que nos debe. Quiero regresar a Nicaragua porque no hay nada como estar en tu casa, pero no voy a renunciar a mis derechos, cueste lo que cueste”, concluye.