La Comisión Chilena de Derechos Humanos, representada por su presidente, Carlos
Margotta Trincado, la Fundación Internacional Baltasar Garzón – FIBGAR, representada por
su Presidente, Baltasar Garzón, en conjunto con el Centro di ricerca ed elaborazione per la
democrazia (CRED), representado por Fabio Marcelli y la Asociación Americana de Juristas
(AAJ), representada por Vanessa Ramos, comunican que hoy, 29 de abril, presentamos una
Comunicación (Denuncia) ante la Fiscal de la  (CPCorte Penal InternacionalI), para que

inicie una investigación en contra del Presidente de Chile Sebastián Piñera Echenique y
otras autoridades políticas y policiales, por su participación en la comisión de Crímenes de
Lesa Humanidad, ocurridos en nuestro país durante el período que se inicia en el mes de
octubre de 2019 y hasta la fecha, ilícitos que se encuentran descritos y sancionados en el
Estatuto de Roma.

Hemos decidido recurrir a la Corte Penal Internacional porque las víctimas, sus familiares,
la sociedad chilena en su conjunto y toda la Humanidad, tienen el derecho y el deber de
hacerlo, cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación
de investigar, juzgar y sancionar a los responsables.

En efecto, los homicidios, la tortura, la tortura sexual, los traumas oculares, mutilaciones y
pérdidas de visión, las lesiones graves, las detenciones arbitrarias, cometidas por agentes
estatales en contra de miles de habitantes de nuestro país, en el marco de la aplicación de
una política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos, muchas
de ellas constitutivas de Crímenes de Lesa Humanidad, no pueden quedar en la impunidad,
según lo establece la normativa internacional de los derechos humanos vigente en Chile,
como el Estatuto de Roma, que fuera ratificado por el Estado de Chile, el 29 de junio del
año 2009.

Hemos tenido especialmente en cuenta, el grave incumplimiento del gobierno a las
recomendaciones que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH), formuló en el mes de diciembre de 2019, al constatar que
las políticas represivas ordenadas y consentidas por el Presidente de la República, e
implementadas por los Generales Directores de Carabineros de Chile y sus altos mandos; los ministros del Interior y Seguridad Pública; ministros de Defensa, y subsecretarios
respectivos, continúan sistemáticamente dañando gravemente a la población civil, a los
habitantes de los sectores más vulnerados, así como a los habitantes del histórico territorio
Wallmapu (territorio habitado por el pueblo mapuche), encontrándose demostrado que los
ataques a la población civil por parte de los agentes del Estado, desde el mes de octubre
de 2019 al mes de abril de 2021, han persistido mediante patrones de conducta apartados
de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos
Humanos.

A su vez, hemos tenido especialmente presente, la asimétrica respuesta de los Tribunales
de Justicia de Chile, que se ha expresado en imponer y mantener medidas cautelares de
prisión preventiva a miles de manifestantes de la revuelta social, y en cambio, ha liberado
de responsabilidad a los agentes del Estado y autoridades de los altos mandos y autoridades
civiles aquiescentes, involucradas en las violaciones masivas, graves y sistemáticas
cometidas desde Octubre de 2019 a la fecha. Asimismo, hemos considerado la omisión que
ha hecho el Ministerio Público de su deber constitucional y legal de investigar, al disponer
el cierre de más del 55% de las investigaciones que se originan por denuncias por violaciones
a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, impidiendo con ello, el acceso
de las víctimas al derecho a la Justicia.