Por: Zenaida Espinosa Cabrera

El pasado 20 de abril el país repudió un nuevo asesinato contra una de sus líderes sociales; esta vez se trata de la gobernadora Indígena Sandra Liliana Peña Chocué, ocurrido en el Municipio de Caldono, departamento del Cauca, al sur de país. 

Sandra Liliana se desempeñaba como Gobernadora del Resguardo Indígena la Laguna – Siberia, territorio ancestral Sat Tama Kiwe del pueblo Nasa y estaba reconocida como una de las 178.217 víctimas acreditadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde participó dentro del caso 05, que priorizó la situación territorial del norte del Cauca y el sur del departamento del Valle, en la que la Sala de Reconocimiento investiga las violaciones de los derechos  humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidos por todos los actores armados. 

Ver: JEP denunció que 904 líderes y 276 excombatientes han sido asesinados desde firma del acuerdo de paz

Para el resguardo La Laguna – Siberia se había advertido en la alerta temprana 040 de la Defensoría del Pueblo de agosto de 2020, sobre la amenaza y riesgo de las autoridades tradicionales y la guardia indígena del municipio, con 19 recomendaciones para garantizar la seguridad del municipio de Caldono. Además, el 5 de febrero de 2021, se había pedido medida de protección colectiva y, sin embargo, ni las alertas ni la solicitud de protección fueron escuchadas.

Como líder indígena, la gobernadora Peña Chocué abanderó la lucha por las comunidades indígenas en esa zona, rica en agricultura, ganadería y cultivo de flores y también había expresado su rechazo a los cultivos ilícitos que se han incrementado en el Cauca.

Con su asesinato ya son 52 líderes y defensores de derechos humanos asesinados durante el 2021, que se suman a los 905 líderes y 276 ex guerrilleros asesinados entre el 1 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2020, cifras que para un Estado que firmó unos Acuerdos de Paz es realmente escandalosa, reprochable e indignante, pues esto verdaderamente se ha convertido en un genocidio.

Ver: Pronunciamiento del senador Feliciano Valencia en el Congreso

Tal ha sido la incertidumbre y el llamado a través de alertas tempranas que solo un día antes de este asesinato, la JEP realizó una solicitud a la Defensoría del Pueblo, en conjunto con la Unidad de Búsqueda y la Comisión de la Verdad, para que realice un diagnóstico y evalúe si son suficientes, eficaces e idóneas las políticas que se han adoptado para proteger a los líderes sociales y emita una resolución  que proteja su vida y la de los firmantes de paz. Para el Magistrado Eduardo Cifuentes, actual presidente de la JEP, “cada vez que se asesina a un defensor de Derechos Humanos se pierde la oportunidad de conocer la verdad y avanzar hacia una paz estable y duradera”.