La reciente resolución del tribunal constitucional (en adelante TC) en torno al tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones ha sido un duro golpe al gobierno que apostó a la inconstitucionalidad del proyecto aprobado por el congreso nacional, tanto en la cámara de diputados como en el senado. Aprobación que incluyó a representantes adherentes del gobierno.
La decisión adoptada por el TC –también llamada la tercera cámara- da cuenta de que no existe una única verdad jurídica, de que todo puede interpretarse de una u otra manera. Interpretación que depende de los vientos que estén soplando, particularmente cuando estos vientos son muy fuertes, levantan polvaredas, amenazan temporales o tempestades. El lector se preguntará ¿de qué vientos estamos hablando? De los vientos políticos. No del clima en términos meteorológicos, sino que del clima político.
El TC, constituido por supuestos dioses nominados por las élites a propuesta de las distintas corrientes políticas dominantes, es un organismo supuestamente autónomo cuyos integrantes serían ilustres personajes. Éstos estarían suficientemente iluminados como para no pertenecer a este mundo terrenal, estar por sobre el bien y el mal, sin ideología alguna, a pesar de que si les hacemos una radiografía, observaríamos que cada uno tiene su corazón inclinado hacia uno u otro lado.
Con su decisión, el TC ha demostrado la relevancia que tiene el factor político, que intervino no solo en esta ocasión, sino que está presente en todo momento. Confirmó que se trata de un órgano político más, incapaz de sustraerse al vaivén político imperante como aspiran los poderes fácticos.
Existe un cierto sector político, en particular la derecha y la centroderecha, que quiere hacernos creer que existen decisiones, particularmente las de orden económico, que deben adoptarse con independencia del factor político. Una y otra vez insisten en que todo lo que tiene que ver con la economía no debe verse contaminada por la política, o por factores políticos. Asumen que toda incursión de la política en la economía la contamina negativamente. Olvidan que la economía es política desde el minuto que productores y consumidores son personas con sus preferencias que naturalmente buscan incidir y dominar en los mercados, los que deben regularse de alguna manera. Las características de estas regulaciones, inevitablemente vendrán dadas por factores políticos, por quienes están en posesión del poder económico, social y/o cultural, ya sea a la vista o por debajo de la mesa. En este último caso se suele hablar de los poderes fácticos, los que actúan en las sombras.
A modo de ejemplo, recuerdo que el permiso posnatal fue negado una y otra vez por parte de la derecha cuando era oposición, porque desincentivaba la contratación de mujeres, y por tanto una medida que aparentemente las beneficiaba terminaría perjudicándola. El argumento era esencialmente económico puro, ortodoxo, matemático, apolítico, como si estuviéramos operando sobre objetos inertes. Con el tiempo modificaron su postura por razones meramente políticas. Tomaron la temperatura del ambiente y vieron que el horno no estaba para bollos.
Otro ejemplo viene dado al crearse las AFP, basadas en un sistema de capitalización individual, con el aporte de los trabajadores, sin ningún aporte estatal ni empresarial, impuesto e implementado tan solo para el mundo civil. No incluyó al mundo de las FFAA y Carabineros, a quienes se les mantuvo un sistema de reparto. El fundamento básico de ello radicó en que las FFAA y Carabineros eran el soporte político del régimen del innombrable (Pinochet), que el mundo civil no tenía representación política alguna, salvo el mundo empresarial que se veía beneficiado al no aportar a los fondos de pensiones, y sí beneficiarse al posibilitar acceder a ellos como una importante fuente de recursos para la especulación financiera.
En síntesis, no nos engañemos, el factor político ha estado, está y estará siempre presente, a la vista o escondido.
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