Durante una conferencia de prensa, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales y familiares de Keyla Martínez, volvieron a exigir una investigación que aclare cuáles fueron las motivaciones para la ejecución de la joven a manos de la Policía.
“Aún no hemos visto ninguna acción ejemplarizante de parte del Ministerio Público que nos conduzca a pensar que vamos a obtener justicia.
Las autoridades correspondientes no dan respuesta sobre lo que hacen para castigar a los responsables intelectuales, materiales y cómplices por acción u omisión que pudieron haber evitado este crimen.
Por lo tanto, exigimos una investigación que nos dé a conocer cuáles fueron las motivaciones para la ejecución de Keyla”, señala el comunicado firmado también por la Rel UITA y la Convergencia Contra el Continuismo.
La noche del 6 de febrero, Keyla Martínez, joven estudiante de la carrera de Enfermería, de 26 años, fue detenida en la ciudad de La Esperanza por violar el toque de queda impuesto por el gobierno de Juan Orlando Hernández como medida para combatir la pandemia de Covid-19.
Aproximadamente a las 11.30 de la noche fue apresada, llevada a la Unidad Departamental de la Policía de esta ciudad y encerrada en una celda. Unas horas más tarde, el cuerpo sin vida de la joven era ingresado a emergencia del hospital departamental.
Femicidio de Estado
Según la Policía, la joven se habría suicidado ahorcándose de los barrotes de la celda. Una tesis ya descartada por la autopsia que reflejó que la muerte de la joven fue por asfixia mecánica, lo que demuestra que fue femicidio…de Estado[1].
Los firmantes del comunicado pidieron que se aclare por qué Keyla fue apresada y encarcelada y quiénes estaban en la celda la noche entre el 6 y 7 de febrero.
Asimismo, que se investigue la trama que está detrás del femicidio, quiénes y por qué lo hicieron, que se castiguen a los responsables con todo el peso de la ley.
“Exigimos conocer cuáles son las acciones realizadas por el fiscal asignado al caso, qué diligencias ha realizado, qué evidencias tiene y cuáles son las líneas de investigación”, manifiestan.
Tanto para la Rel UITA como para las demás organizaciones, resulta inconcebible y condenable que las autoridades policiales estén implementando toda una campaña de hostigamiento, persecución, vigilancia e intimidación en contra de los familiares de la joven asesinada.
“Ante este panorama que deja más incertidumbre que respuestas en búsqueda de justicia, hacemos un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional a que se sume al acompañamiento de la familia de Keyla, ya que la impunidad que impera en Honduras es de enorme preocupación”, concluye el comunicado.
Durante el año pasado, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) registró 321 muertes violentas de mujeres, 229 de las cuales durante la suspensión de garantías constitucionales en el marco de la pandemia.
Hasta el 22 de febrero de este año, 46 mujeres han muerto de forma violenta, una cada 28 horas. Son más de 6.300 los femicidios registrados en menos de dos décadas en Honduras.
