Todavía no ha terminado. De hecho, está empezando de nuevo. Y puede ser aún peor. La noticia, tomó a Brasil por sorpresa, después de cinco años, nadie esperaba una decisión así: los juicios contra el ex presidente Lula fueron anulados. Las sentencias, anuladas. La decisión proviene del STF, precisamente del juez institucionalmente responsable, encargado del proceso. De repente, tras decenas de peticiones, se decidió anular juicios y sentencias. Como si los doce años de condena y los 580 días de cárcel nunca hubieran existido.

Durante años los abogados defensores insistieron en el punto crucial por el que el STF decidió anular todo: la falta de jurisdicción del tribunal de Curitiba. Es decir, los delitos atribuidos a Lula no podrían haber sido juzgados en ese foro, sino por el tribunal federal de Brasilia. El STF finalmente decidió. ¿Por qué sólo ahora, cinco años después del inicio de la investigación?

En resumen: Lula está acusado de corrupción. Desde el principio, Lava Jato ha demostrado que está estructurado sobre puntos oscuros y evidentes ilegalidades, impugnadas no sólo por la defensa, sino también por los organismos internacionales de protección de los derechos humanos. La investigación, sin embargo, continúa con sus irregularidades cada vez más visibles, alentadas tanto por el fiscal como por el juez encargado, capaz de distorsionar y adaptar las normas de procedimiento a sus fines.

Las audiencias se convirtieron en una pantomima procesal en la que los abogados defensores fueron sometidos a un verdadero acoso jurídico, tanto por parte de los fiscales como del propio juez. Lula fue condenado y llevado a prisión y, además de su libertad, perdió sus derechos políticos, con lo que quedó definitivamente excluido de la disputa electoral. El juez que lo condenó, por su parte, se convirtió en ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro.

En 2019, desde la web The Intercept, se hicieron públicas las conversaciones telefónicas y los mensajes intercambiados entre el juez y los fiscales durante la investigación y el juicio. En estas conversaciones se definen las estrategias procesales, en las que se llega a acuerdos sobre cómo forjar testimonios y pruebas capaces de incriminar definitivamente a Lula.

Aunque se confirma la veracidad y autenticidad de estos mensajes, no se modifican las sentencias contra el ex presidente. Los responsables del fraude legal no son castigados ni investigados, porque los diálogos divulgados por el sitio web The Intercept fueron obtenidos ilegalmente, por iniciativa de un grupo de hackers; la ley es clara: las acusaciones obtenidas ilegalmente no pueden ser utilizadas como pruebas y, en consecuencia, pierden toda validez.

Pasan los meses, pasan los años. Lula queda en libertad condicional tras 580 días, pero sin haber recuperado sus derechos políticos. Tras la revelación de nuevos diálogos entre el juez y los fiscales, los abogados defensores presentan nuevas peticiones y solicitudes de anulación del juicio.

Incluso obtenidas mediante subterfugios ilegales, las conversaciones, el tono, el vocabulario utilizado, las expresiones vulgares, las artimañas legales, demuestran la existencia de una verdadera banda de magistrados que actuaban, y actúan, por encima de todas las normas, por encima de la ley, que favorecen a los amigos y a los dirigentes de los partidos que les son afines, con la intención explícita de utilizar los fondos de la corrupción, ocultos en bancos extranjeros, para estructurarse como grupo político: la operación Lava Jato se convierte en un proyecto de poder para que el mismo juez que condenó a Lula lo lleve a la presidencia de la república.

La insostenible situación de este juez provoca una fuerte reacción en el STF que acepta la petición de los abogados de Lula: investigar la actuación del juez por legitima suspicione.

La decisión de anular los juicios, las sentencias; la decisión de definir la sede de Curitiba como «incompetente», transfiriendo la jurisdicción al tribunal federal de Brasilia, no significa el reconocimiento de la inocencia del ex presidente. Significa un nuevo juicio que no sólo lo someterá a nuevas investigaciones, sino que podrá utilizar las «pruebas» presentadas por el fiscal en el juicio de Curitiba. Sí. El nuevo tribunal tendrá la facultad de utilizar el material producido por el juicio nulo. El propio STF lo decidió. Y no sólo eso: al anular la sentencia de Lula, se declara extinguida la investigación sobre la sospecha del juez que lo condenó. Para salvar a Sergio Moro del rigor de la ley y de la picota del juicio popular, para mantener su sueño de ser presidente de la república, el STF anula procesos y sentencias.

Es bueno repetir: esta decisión, no reconoce la inocencia de Lula, pero sólo la incompetencia de la sede de Curitiba. Eso es todo.

Y los 580 días de cárcel, el odio popular inflado contra él, la consecuente elección de Bolsonaro, el desmantelamiento de la democracia, los quince millones de parados, las muertes de la pandemia, el gobierno militar asesino…?

Todavía no ha terminado. Todo vuelve a empezar. Y podría ser aún peor.

No hay nada que celebrar. ¡A la lucha, compañeros!

 

Traducido del portugués por Lianet Guerrero Scull