Este 18 de marzo se cumplen dos años del asesinato del líder indígena bribri Sergio Rojas Ortiz, quien fue ultimado de varios disparos en medio del recrudecimiento de la violencia contra los pueblos Teribe (Brörán) y Bribri, que luchan por la recuperación de sus territorios ancestrales.

Fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) y miembro del Consejo de Autoridades Propias Ditsö Iriria Ajkonük Wakpa (Cdiaw), Sergio Rojas era beneficiario de medidas cautelares impuestas en 2015 al Estado de Costa Rica por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

En más de una ocasión, la Cidh se pronunció sobre el crimen e hizo un llamado a las autoridades costarricenses sobre su obligación a investigar, identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del brutal asesinato.

Pese a eso, en septiembre del año pasado el Ministerio Público solicitó la desestimación y el archivo de la causa penal que investigaba el crimen.

Una decisión que se enmarca en un contexto de total impunidad de los delitos cometidos contra miembros de pueblos indígenas que están en proceso de recuperación de sus territorios.

Impunidad que va de la mano de la inoperancia de un Estado que, a pesar de la existencia de una ley que regula y garantiza los derechos territoriales de los pueblos indígenas, no avanza en el reordenamiento y saneamiento territorial, dejando a la población más expuesta a ataques.

La solicitud de desestimación del caso del asesinato de Sergio Rojas fue objeto de un fuerte llamado de Naciones Unidas a Costa Rica, a continuar las investigaciones hasta llegar al esclarecimiento de la verdad.

Finalmente, a mediados de enero de este año, el Juzgado Penal de Buenos Aires, rechazó dicha solicitud y resolvió la continuación de las investigaciones, instando a la Fiscalía a agotar las diligencias pendientes y a realizarlas de manera exhaustiva, en cumplimiento de los estándares internacionales de ‘debida diligencia’.

Siempre en enero, la subcomisión de la Comisión especial permanente de derechos humanos de la Asamblea Legislativa urgió a la Fiscalía a aplicar “toda la pericia de que dispone para obtener la prueba que individualice a los responsables y le permita al Estado castigar el crimen cometido contra el líder indígena”.

“Hasta lograr justicia”
“Sergio ha venido encabezando la lucha por la recuperación de los territorios indígenas en Salitre, enfrentándose a instituciones racistas y a empresarios.

El Estado nunca le garantizó la protección necesaria y el resultado es que fue asesinado.

A pesar de eso, el movimiento indígena autonómico no ha parado y Sergio sigue siendo un referente muy importante en su lucha cotidiana”, dijo a La Rel, Mariana Porras, miembro de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon).

Porras lamentó la impunidad que aún envuelve el crimen del líder indígena Bribri.

“La impunidad es absoluta y la seguimos denunciando. Hay una total falta de reconocimiento del derecho indígena y un irrespeto a la legislación nacional y a convenios internacionales sobre pueblos indígenas.

Siguen sufriendo invasiones, ataques, agresiones y el sistema judicial sistemáticamente desestima las denuncias.

Está claro que no hay ningún interés en resolver esta situación. Hay fuertes presiones de parte de empresarios y el gran capital para seguir explotando los territorios con actividades extractivistas y agroindustriales”, indicó la activista ecologista.

Pese a eso, los pueblos indígenas costarricenses, el movimiento ecologista, las organizaciones sociales continuarán exigiendo verdad y justicia para Sergio.

“Vamos a seguir haciendo la lucha, visibilizando el caso. Este 18 de marzo vamos a desarrollar varias actividades, exigiendo un alto a la impunidad. Esta va a ser nuestra tarea, hasta lograr justicia”, concluyó Porras.