34 años después, los responsables de limpiar el desorden tienen su día en los tribunales
Por John LaForge
Los veteranos de las fuerzas aéreas expuestos al plutonio tras la primera catástrofe de armas nucleares de EE.UU. en España han obtenido un reconocimiento extremadamente inusual como grupo en una demanda contra el Departamento de Asuntos de Veteranos.
El 17 de enero de 1966, un bombardero B-52 de las fuerzas aéreas explotó sobre el pueblo de Palomares, España, durante un reabastecimiento rutinario en el aire. Siete aviadores murieron y las cuatro bombas de hidrógeno del bombardero cayeron a tierra. Los explosivos convencionales (no las cabezas nucleares) de dos de las bombas detonaron en explosiones masivas, una de ellas justo en el pueblo, abriendo enormes cráteres cubiertos de plutonio y arrojando hasta 22 libras de polvo de plutonio pulverizado sobre casas, calles y campos de cultivo.
El 19 de junio de 2016, el New York Times publicó un reportaje de investigación de 4.500 palabras sobre la demanda presentada ante el Tribunal de Apelación de Reclamaciones de Veteranos por el sargento mayor Victor Skaar (USAF, Rt.). Skaar, que tenía 30 años en ese momento, formaba parte de un equipo de limpieza, apodado Operación Mopa Húmeda, asignado a dar respuesta a la catástrofe. Un grupo de unos 1.700 soldados se dedicó a inspeccionar 400 acres y a lavar el interior y el exterior de los edificios del pueblo. A lo largo de 80 días llenaron 4.810 barriles con tierra contaminada con plutonio y cargaron los bidones en un barco con destino a Estados Unidos.
Dos años después de retirarse, en 1981, Skaar contrajo un trastorno sanguíneo llamado leucopenia. Desde entonces ha intentado que se reconozca que la enfermedad está relacionada con el servicio. En una entrevista telefónica, Skaar dijo a Nukewatch que docenas de veteranos contaminados durante la limpieza también estaban enfermos. Si sus reclamaciones pueden establecerse en los tribunales, tendrían derecho a asistencia sanitaria gratuita y a una pensión de invalidez.
A veces, la «limpieza» consistía en limpiar el polvo de plutonio con una manguera. Se limpiaba con manguera las casas, las calles e incluso una escuela, dejando que la corriente tóxica contaminara las aguas superficiales río abajo. Cuando los barriles de tierra recolectada tenían lecturas de radiación excesivas, las tropas soplaban el polvo con compresores de aire. Al analizar la ropa de las tropas, los medidores de radiación se salían regularmente de la escala.
Tras la denuncia de 2016 en el Times, Michael Wishnie, profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de Yale que dirige la Clínica de Servicios Legales para Veteranos, llamó a Skaar y le ofreció la ayuda de la clínica en el caso. Ha sido una batalla de David y Goliat desde el principio. Skaar dijo al Times: «Primero me dijeron que no había registros, lo cual sabía que era mentira porque yo ayudé a hacerlos».
Las Fuerzas Aéreas parecen decididas a seguir negando su responsabilidad hasta que los veteranos supervivientes mueran y la demanda sea discutible. Meghan Brooks, ex miembro de la clínica de Yale, dijo al Times: «La ciencia falsa que utilizaba la fuerza aérea no sólo perjudicaba al Sr. Skaar, sino a todos los demás veteranos de Palomares. El Sr. Skaar realmente quería luchar en nombre de los demás», dijo.
Después de las tres décadas del sargento Skaar presentando incesantemente solicitudes de la Ley de Libertad de Información y apelando repetidamente las denegaciones de la FOIA, él y el equipo de Yale finalmente se abrieron paso. En una decisión del 6 de diciembre de 2019, el tribunal de apelaciones concedió el estatus de acción colectiva para algunos, pero no todos los veteranos de Palomares. El tribunal también encontró que Skaar podría servir como «representante del grupo» para los miembros del grupo aún no identificados.
El estatus de acción colectiva para Skaar y los otros recurrentes «representa un gran paso adelante para los veteranos con problemas de salud a largo plazo vinculados a la exposición tóxica en el servicio», informó el Times el 11 de febrero de 2020.
Luego, el 2 de septiembre de 2020, el tribunal escuchó los argumentos orales en el caso y aceptó nuevas pruebas, incluyendo una declaración del Dr. Murry Watnick, un ex oficial médico del Comando Aéreo Estratégico. (Revelación completa: El Dr. Watnick es un antiguo partidario de Nukewatch y nos alertó de la acción colectiva). Parte de la declaración jurada de Watnick señala que «la cantidad de plutonio-239 liberada se estimó en aproximadamente 10 kilogramos [22 libras]. Un microgramo de plutonio-239 es extremadamente tóxico. La liberación estimada fue de tres mil millones de microgramos».
El principal peligro del plutonio es la inhalación, ya que sus mortales partículas alfa se alojan en los pulmones «bombardeando las células adyacentes con radiación ionizante altamente tóxica», escribió Watnick. Las tropas implicadas estaban expuestas al «polvo de plutonio de seis a ocho horas diarias en un entorno muy propicio para la inhalación de partículas alfa».
La demanda colectiva se centra en la denegación por parte del VA de la reclamación del Sr. Skaar de una enfermedad relacionada con el servicio, y en el uso «arbitrario y caprichoso» por parte de los militares de datos inadecuados sobre la radiación, que se basan en métodos chapuceros de registro y mantenimiento de las muestras de orina tomadas a los miembros del equipo de limpieza. Los veteranos también impugnan la omisión por parte del VA de las operaciones de limpieza de Palomares de su lista de actividades de riesgo de radiación. El recurso está actualmente en curso.
John LaForge es codirector de Nukewatch, un grupo de paz y justicia medioambiental de Wisconsin, y edita su boletín.
