Un ex embajador condenado y dos más investigados es una cifra negativa para la diplomacia colombiana en Chile. Además, estas situaciones, dejan en entredicho el papel del Gobierno Nacional frente a quienes deben responder por sus delitos en el país.
La embajada de Colombia en Chile, desde 2002 hasta el 6 de febrero de 2021, ha tenido ocho representantes plenipotenciarios, durante cinco periodos presidenciales. Entre los diplomáticos que han ocupado el cargo en el vecino país, tres de ellos han sido investigados por alianzas con paramilitares y uno por asesinato en 2003; el sobre costo en la renovación de la Refinería de Cartagena (Reficar) en 2015 y una operación militar en 2019, donde fue bombardeado un campamento de un grupo armado ilegal, en el que perdieron la vida varios menores de edad que habían sido reclutados.
Colombia cuenta con 63 embajadas, 101 consulados y despachos encargados de representar al Estado colombiano en el exterior. Además, estas oficinas se encargan de recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de los nacionales que viajan o emigran a otros territorios. Sin embargo, el nombramiento de los altos funcionarios, en algunos casos, pareciera estar desprovisto de verificación de investigaciones penales, administrativas y de responsabilidad fiscal, pues se ha evidenciado que las credenciales son entregadas a funcionarios que tienen algún tipo de investigación grave abierta por un ente de control.
Condenado a 40 años de prisión
En el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002-2005), Salvador Arana Sus, fue designado embajador en Chile de 2003 a 2004. Antes de ser nombrado en el cargo diplomático fue Gobernador en el departamento de Sucre hasta el 2003. Durante su período administrativo, el ex alcalde de El Roble (Sucre) y contradictor político, Eudaldo León Díaz Salgado, lo acusó en repetidas ocasiones por supuestos malos manejos de los recursos públicos del departamento y presuntos vínculos con paramilitares.
Salvador Arana y Álvaro Uribe Foto: Archivo. ElTiempo.com
El 5 abril de 2003, Díaz Salgado desapareció, tras denunciar públicamente y en directo por televisión amenazas contra su vida en el programa semanal del entonces Presidente Uribe. El cuerpo de Díaz fue encontrado cinco días después en la carretera que comunica Sampués y Sincelejo, en el departamento de Sucre. Según el ente investigador, Arana Sus acudió al paramilitar alias “Cadena” para pedirle que asesinara a Eudaldo León Díaz Salgado.
Tras iniciarse las investigaciones por la desaparición forzada y homicidio del político sucreño, la Corte Suprema de Justicia envió en 2005 una copia del expediente abierto de Arana Sus a la Fiscalía, para que se investigara su responsabilidad en la conformación el bloque paramilitar Héroes de los Montes de María y la desviación de recursos departamentales a los paramilitares. Ante estos hechos le fue dictada medida de aseguramiento en 2006.
Sin embargo, esta no fue efectiva hasta 2008 porque el ex gobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, estuvo prófugo de la justicia hasta 2008, cuando fue capturado y condenado a 40 años de privación de la libertad en un centro carcelario por la justicia ordinaria, en diciembre de 2009.
El exgobernador suscribió en diciembre de 2017, un acta de sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y desaparición forzada.
Ver: JEP niega medida de detención domiciliaria a Salvador Arana Sus
Sobrecostos en la renovación de Reficar
La ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar), ubicada en el departamento de Bolívar, inició en el año 2007, cuando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez entregó la mega obra de Reficar la multinacional Glencore, con sede en Suiza, empresa que no tenía la experiencia requerida para llevar a cabo el ambicioso proyecto. Tras su fracaso, en el desarrollo de la renovación de la refinería, Glencore entregó el proyecto al gobierno de Uribe en 2009. Sin embargo, el dinero pagado a la multinacional no fue recuperado por el Estado.
Después del hecho, Uribe Vélez asignó la renovación de la Refinería a la empresa estadounidense Chicago Bridge & Iron Company (CB&I), pero se presentaron millonarios sobrecostos injustificados por parte de la compañía estadounidense, que recibió adiciones presupuestales al contrato por más de 69% de los valores en un inicio pactados.
El contralor de la época, Edgardo Maya, reportó que “las adiciones presupuestales correspondían al 100%, al 200%, al 300%, al 500%, al 1.000%, al 2.000% más del valor inicial del contrato. Cuando en el sector público, un contrato no se puede adicionar por más del 50% de su valor inicial. Además, este hecho llevó al detrimento patrimonial de más de $600.000 millones de dólares”.
Antes estos hallazgos, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía abrieron investigaciones a los directivos de la compañía CB&I: Philip Kent Asherman, representante legal, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en calidad de interviniente, como beneficiario de la contratación en el año 2010. Y Massoud Deudehban, director de Proyectos y representante legal en 2009, quien fue imputado en 2015 por peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito a favor de particulares.
También fueron requeridos por las autoridades, e imputados después: el presidente de Reficar 2012- 2016, Reinoso Yáñez, por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y varios concursos de falsedades ideológicas en documento público, por los estados financieros entregados y firmados entre los años 2013 y 2015. Además, el ex representante, Orlando José Cabrales Martínez y el vicepresidente jurídico Felipe Arturo Laverde Concha, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros e enriquecimiento ilícito a favor de terceros. Y el revisor fiscal para el periodo 2013 – 2015, Carlos Alberto Lloreda, por incurrir presuntamente en un concurso de falsedades ideológicas en documento público y complicidad en peculado por apropiación a favor de terceros.
En esta misma investigación fueron incluidos, en 2015, directivos y exdirectivos de Ecopetrol, entidad encargada de la contratación para la renovación y ampliación de la Refinería de Cartagena, al tener una posible responsabilidad en el detrimento patrimonial.
Los siete funcionarios incluidos en las investigaciones fueron Javier Gutiérrez, ex presidente de Ecopetrol; Federeico Maya Molina, ex vicepresidente de refinación; Luis Sanabria Chacón, gerente de refinados; Pedro Rosales Navarro, vicepresidente de refinación; Adriana Echeverry Gutiérrez, gerente Ecopetrol América y Álvaro Mauricio Echeverry Gutiérrez, vicepresidente jurídico de Ecopetrol hasta 2013 y posterior embajador de Colombia en Chile desde 2014 hasta 2019. Del proceso en el cual fue incluido el ex embajador, no se encontró a la fecha reporte alguno sobre la investigación que llevaba la Contraloría.
Mauricio Echeverry Gutiérrez, presentando credenciales al presidente chileno Sebastián Piñera. Foto: Cancillería de Colombia
Ministro cuestionado
El pasado 15 de enero de 2021, el Gobierno Nacional indicó que el ex ministro de Defensa, Guillermo Botero, sería designado embajador de Colombia en Chile. Este nombramiento se da después de que Botero renunció en noviembre de 2019 a su cargo, en medio de la segunda moción de censura durante su permanencia en el cargo por parte del Congreso.
Esta última se produjo tras la muerte de siete menores y, otros cuatro jóvenes menores de 20 años, de los cuales el Instituto Nacional de Medicina Legal no puedo dar mayor informe, dado que sus cuerpos quedaron destrozados después del bombardeo a un campamento guerrillero en el que murió el comandante de un grupo de las disidencias de las FARC, Rogelio Bolívar Córdoba alias “Gildardo Cucho” y 13 disidentes más, en agosto de 2019 en el departamento de Caquetá.
El gobierno de Duque había exaltado la labor del ejército tras la muerte del jefe guerrillero alias “Giraldo Gucho”, al mencionar que “el ataque fue resultado de una labor estratégica, meticulosa e impecable de las Fuerzas Armadas, cuyos miembros son héroes del país al acabar con una de las cuadrillas de narcoterroristas”.
Sin embargo, las posteriores investigaciones de algunos entes judiciales, organizaciones sociales y el testimonio del Personero municipal del lugar, revelaron que el Gobierno Nacional conocía de antemano que las familias de las zonas aledañas habían interpuesto denuncias por reclutamiento forzoso de menores dos meses antes, cuando organizaciones sociales denunciaron que alias “Giraldo Cucho” había llegado a la zona y estaba conformando su bloque militar.
Ex ministro Guillermo Botero. Foto: Colprensa
Por ello, durante el llamado del Congreso al ex ministro Botero para a dar explicaciones por el bombardeo, fue revelado ante el país que, a pesar de que el Gobierno Nacional sabía cómo estaba conformado el bloque guerrillero decidió actuar, vulnerando los derechos de los menores que se sabía estaban en el campamento guerrillero. Ante estas acusaciones interpuestas por el Senador del Partido de la U, Roy Barreras, quien en ese momento expresó: «Ministro Botero, usted le escondió de forma deliberada a Colombia que ese día de agosto bombardeó siete niños y quizás otros cuatro más”. El ministro Botero renunció un día después del debate en el Congreso para evitar la destitución.
Ver: Secretos del bombardeo que mató a 8 niños y cobró la cabeza de Botero
No obstante, las investigaciones contra Botero no han avanzado y parece que será un caso más que quedará en la impunidad. Pero este no es el primer suceso en el que el ex ministro de Defensa se vio involucrado en la violación de Derechos Humanos, pues en 2018, antes de posicionarse como Ministro, anunció que regularía las protestas sociales, delcaraciones que dio a entender como una limitación a este derecho.
La primera moción de censura contra Botero se llevó a cabo el 10 de junio de 2019, la cual no prosperó. No obstante, el Ministro entregó una versión falsa sobre los hechos que rodearon el asesinato del ex combatiente y firmante de Paz, Dimar Torres, en zona rural de Convención (Norte de Santander), el pasado 24 de abril de 2019 a manos del Ejército Nacional y que fue víctima de una ejecución extrajudicial o mal llamado “falso positivo”.
Ver: Dimar: el crímen al que quisieron echarle tierra
Las investigaciones de la Fiscalía evidenciaron que el ex combatiente, quien desarrollaba labores como campesino y era líder en la zona, falleció tras llevarse a cabo el plan que había preparado el Ejército Nacional para asesinarlo. Estos hallazgos dejaron sin fundamento las declaraciones del ex ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien había asegurado que “Dimar Torres se había encontrado con el cabo del Ejército en zona rural de Convención, Norte de Santander. En ese momento, el desmovilizado intentó arrebatarle el fusil al cabo y durante el forcejeo se accionó el arma e impactó al ex combatiente de las FARC, causándole la muerte”.
A pesar de ello, el diario The New York Times reveló que el Ministerio de Defensa había emitido una directriz en la cual se pedía incrementar el número de bajas en combate, por lo que la muerte de Dimar Torres estaría relacionada con el renacer de los mal llamados “falsos positivos”. Después de la divulgación de esta noticia del diario estadounidense, la directriz fue retirada.
Ver: Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales
Botero también ha sido cuestionado por la muerte de Flower Jair Trompeta Pavi, líder social y defensor de derechos humanos en Corinto, Cauca. El líder había sido retenido por el Ejército, aseguraron los habitantes de la comunidad ubicada en la vereda La Laguna, en Corinto. No obstante, el Ejército Nacional indicó que el líder social falleció durante un combate contra las disidencias.
Finalmente, Guillermo Botero durante uno de los talleres “Construyendo País”, aseguró que “la situación de inseguridad que se vivía en Vichada no era mayor cosa”. Esta declaración generó indignación entre los habitantes de la zona, pues los hurtos eran reiterados y el índice de homicidios había aumentado. Así mismo, el tema de la fumigación con glifosato no quedó fuera de su administración, pues en una audiencia ante la Corte Constitucional, aseguró que “era necesario retomar las fumigaciones en zonas donde se encontraban los cultivos ilícitos, ya que el costo no superaba los $2 millones por hectárea; valor que posteriormente fue desmentido por la ONG Dejusticia, quien aseguró que “fumigar una hectárea de coca puede costar entre 72 y 100 millones de pesos”.
Ante estos tres escenarios donde tres embajadores se les vincula con sucesos que no se espera encontrar en la hoja de vida de un diplomático, deja dudas sobre las personas que son nombradas en estos cargos. Chile parece ser, por lo acontecido, un destino al que van personas cuestionadas o implicadas en delitos en Colombia.
