La vacunación en el mundo: la gran hipocresía

Las empresas multinacionales se burlan del derecho universal a la salud. Estamos ante  una doble y dramática violencia contra los derechos humanos de miles de millones de personas y contra la soberanía del pueblo. Los gobiernos deben recuperar su dignidad y coherencia. La campaña de vacunación en curso confirma las profundas mistificaciones que subyacen en la llamada « lucha global contra el Coronavirus » expuesta por los poderosos de este mundo ya en marzo de 2020.

El derecho universal a la salud

En su proclamación, los gobiernos de la Unión Europea y de otros países del mundo – con la excepción de Estados Unidos, y el predominio de Trump  – no escatimaron en declaraciones solemnes: « nadie será dejado de lado ». Incluso las mayores empresas farmacéuticas del mundo lo repitieron, al unísono con sus gobiernos, el día en que la FDA (Food and Drug Administration) de Estados Unidos autorizó la comercialización de la primera vacuna Covid-19, la de Pfizer y de su pequeña empresa emergente alemana Bio-N-tech.

Existe de antemano algo que está fuera de lugar: la idea malsana, en los países del mundo « occidental » hiperdesarrollado, de considerar la existencia de vacunas « buenas » y vacunas « malas ».

« Buenas» vacunas, « malas » vacunas

Desde hace más de un mes, hay seis vacunas en circulación, pero los responsables occidentales no hablan más que de tres, las de Pfizer (Estados Unidos), Moderna (Estados Unidos) y Astra-Zeneca (Reino Unido y Suecia). Las otras vacunas, que ya han sido administradas en millones de dosis en diferentes países del mundo, son la Spoutnik V rusa, la Sinovac china y la Soberana cubana. Cuba, al igual que China, confirmó hace unos 10 días que está dispuesta a distribuir de forma gratuita la vacuna en el mundo entero. Pues bien, estas vacunas son ignoradas, incluso denigradas, porque en su opinión, no presentan las necesarias garantías de seguridad científicas.

Hay que recordar que la vacuna Astra-Zeneca ha sido autorizada estos últimos días solamente para una administración limitada a menores de 55 años porque se considera que tiene un nivel de seguridad de alrededor del 50%, mientras que la vacuna rusa se administra con un índice superior a 70% y las vacunas china y cubana entre 80 y 90%. Ya esta división impuesta por Occidente entre « buenas » y « malas » vacunas (¡de hecho, estas últimas son consideradas como tales porque no son occidentales!) es un primer indicador preocupante de cómo se concibe y se promueve la lucha contra la pandemia del Covid-19 entre los grupos fuertes de los países de la economía dominante.

Al principio había más de 200 proyectos de vacunas. Hoy en día no quedan más que una docena. La economía dominada por el capitalismo no aprecia la gran variedad. Mientras menos hayan vacunas « mundiales », más jugosos y mayores serán los beneficios. La lógica es clara. Para que sean rentables en los mercados mundiales, debe haber pocas vacunas. Los actores dominantes prefieren la mayor concentración posible, desafiando a la competencia.

Propuesta 1

Quienes afirmaron «nadie será dejado de lado » deben abandonar las visiones y los objetivos de la supremacía científica y tecnológica y dejar de practicar la xenofobia hacia los conocimientos, las tecnologías, los productos y los servicios provenientes de otros países que no sean los suyos.

Propuesta 2

Del mismo modo, los poderes públicos (nacionales, internacionales y mundiales) deben fomentar una fuerte cooperación y compartir el conocimiento y la tecnología al servicio del bienestar de todos los habitantes del mundo y abandonar el culto bélico a la ciencia y a la tecnología que busca la competitividad y la supervivencia del más fuerte.

La principal mistificación: el principio del acceso asequible

El principio inspirador de la lucha mundial contra el Coronavirus está representado por el acceso para todos, de manera equitativa y asequible, a las herramientas centrales de la terapia contra el Covid-19 (herramientas de diagnóstico, tratamientos médicos, vacunas).

Se trata de una mistificación, principalmente por dos razones. La equidad no forma parte integrante del principio de justicia, ya que ella implica la aceptación de las ilegalidades en el acceso a la terapia según las condiciones y las limitaciones fijadas por las autoridades (entre otras, necesidades individuales, poder adquisitivo, solvencia…). La justicia, en cambio, implica necesariamente la igualdad ante la ley.

Es más, que el acceso a la terapia esté condicionado por los precios del mercado, por muy accesible que éstos sean, es entrar en una lógica de compra/venta donde los ciudadanos se convierten en clientes y el Estado ya no tiene la obligación en efecto de respetar el derecho en cuestión. Esta obligación desaparece completamente si el productor del bien o del servicio es un sujeto que busca fines de lucro. De hecho, bajo esta etiqueta de un acceso equitativo a un precio accesible, quitamos la esfera de los derechos y de las relaciones comunidad/estado/ciudadano.

Propuesta 3

Quienes afirmaron «nadie será dejado de lado » deben abandonar la subordinación de la realización del derecho a la salud a la condición mercantil de pagar un precio de mercado impuesto por las empresas y reemplazar el principio de equidad por el de justicia.

Por el momento, estamos lejos de la propuesta. Debido al precio impuesto, con el acuerdo de los poderes públicos, por las empresas que poseen las patentes de vacunas, los quince países más ricos del mundo (alrededor del 14% de la población mundial) acapararon, en los últimos meses, más del 60% de las dosis disponibles en 2021, dejando menos de 40% a 86% de la población mundial.

Por eso, compitiendo entre sí, compraron miles de millones de dosis, con miles de millones de dólares pagados por adelantado. Y esto, incluso después de haber financiado abundantemente el gasto de investigación fundamental y aplicada, pública y privada, para la concepción y el desarrollo de las vacunas por las empresas privadas.

Como muestra el cuadro siguiente, de los 82 millones de dosis administradas el 30 de enero, sin contar China, que es totalmente independiente de las vacunas « occidentales », la parte del león se la llevaron los países occidentales de renta alta (faltan algunos países, como Escandinavia u Holanda, que aun no han adoptado la política general de vacunación). Israel merece una atención especial, porque posee la mayor proporción de dosis del mundo por habitante. El país pudo obtener rápidamente todas las dosis  deseadas porque pagó a Pfizer un precio 30 a 40% más elevado que los otros países (1). Sin embargo, el número de palestinos vacunados que viven en los territorios ocupados por Israel es extremadamente bajo. Por supuesto, Pfizer que ha proclamado que nadie será marginado, dirá que el uso de las vacunas que hagan sus clientes no es su responsabilidad. Pilatos sigue entre nosotros.

El hecho que resalta de manera todavía más impresionante es la ausencia de África. Según las declaraciones del Director General de la OMS, las dosis administradas en el país más pobre de África, Guinea, a mediados de enero, fueron 25 para una población de casi 14 millones de personas, ¡mucho más que la población de Bélgica!

COVID-19. Número total de dosis de vacunas administradas al 30.01.2021 contadas en dosis únicas.

Fuente: Del autor, a partir de datos oficiales Our World in Data – última actualización 31 de enero del 2021, 09:10 (Hora de Londres)

En su defensa, los grupos dominantes invocan la ausencia o la debilidad de las infraestructuras sanitarias y del personal adecuado. Así, aceptan como inevitable el hecho de que a fines del 2021, solo el 20 a 30 % de la población mundial será vacunada, sabiendo de antemano qué pueblos y grupos sociales conformarán ese porcentaje. ¡Pero esto se sabía desde el principio! Lo que significa que no se ha hecho ni se hará ningún cambio estructural real para evitar que tanta gente se quede atrás. La realidad es que la falta de voluntad para cambiar la situación es evidente, como lo muestra el caso del rechazo de la suspensión provisoria de las patentes.

Propuesta 4

El derecho a la salud es una obligación constitucional para el Estado de derecho y el Estado del bienestar, que todos los Estados deben respetar, y no solamente hacia sus propios ciudadanos sobre la base de la mutualidad y de la solidaridad mundial.

La urgente batalla por la suspensión provisional del sistema de patentes.

Una propuesta seria y ciertamente eficaz para promover el objetivo de no dejar a nadie al margen fue la que formularon el pasado mes de mayo  África del Sur e India, apoyada luego por la OMS y, poco a poco, por muchos otros países (más de una centena en diciembre), por varios premios Nobel y por cientos de asociaciones, grandes y pequeñas, incluida nuestra Ágora de los habitantes de la Tierra.

La propuesta se refiere a la suspensión provisional de la aplicación de las normas sobre patentes en el ámbito de las vacunas hasta que se consiga la inmunidad colectiva de la población mundial contra el Covid-19. Una propuesta razonable, en  conformidad con las disposiciones del tratado ADPIC de la Organización Mundial del Comercio. Se refiere específicamente a la posibilidad de que un Estado miembro de la OMC adopte patentes obligatorias, es decir que decida de no aplicar, por razones de seguridad nacional, las limitaciones impuestas a las patentes por los tratados de la OMC (2)

Estados Unidos y la UE a la cabeza, seguidos por Suiza, Noruega, Australia, Canadá… es decir, los países donde tienen su sede las grandes empresas farmacéuticas mundiales, rechazaron inmediatamente la propuesta. En varias ocasiones: en el mes de mayo durante la Asamblea Mundial de la Salud, luego, en septiembre, la cuestión fue silenciada durante la apertura de la Asamblea General de la ONU, la rechazaron en octubre y en diciembre durante el Consejo General de la OMC sobre los ADPIC y en la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre la salud.

Los motivos de rechazo invocados por las empresas multinacionales que poseen las patentes son completamente indefendibles, pero las empresas tienen el poder de su lado. Tras la pretensión de proteger y reforzar el derecho a la innovación y a la propiedad intelectual privada en nombre de la creatividad, de la eficacia y del progreso científico y tecnológico(3), la verdadera razón principal es la defensa de los monopolios industriales, comerciales y sobre todo, financieros, que las patentes confieren a las empresas otorgándoles la propiedad exclusiva de los conocimientos patentados y de su uso durante un período de 17 a 20 años. Un monopolio de oro.

Además, lo que no tiene mucho sentido es la obstinación de los poderes públicos por promover los « derechos económicos » de las empresas privadas. Es totalmente contradictorio con el proclamado « nadie será dejado de lado ». El argumento del « nacionalismo económico » y de la defensa de la competitividad y del poder económico y tecnológico de « sus empresas » es cada vez menos válido, como lo muestra el alcance real del llamado « nacionalismo de la vacunación». Al parecer, el « nacionalismo de la vacunación » es dictado por la voluntad de las autoridades públicas « nacionales » de proteger la salud de sus ciudadanos como una prioridad. En realidad, en el actual contexto de luchas de poder, la salud de los ciudadanos depende cada vez más de las empresas multinacionales privadas que obedecen cada vez menos a los intereses de los ciudadanos « nacionales » sino que a los intereses de sus accionistas y de los consumidores  « mundiales ».

Un ejemplo paradigmático es la declaración del presidente de Sanofi, la principal  farmacéutica multinacional francesa, quien declaró públicamente en abril de 2020 que si Sanofi hubiese sido la primera en producir una vacuna contra el Covid-19, habría enviado las dosis primero al mercado estadounidense ya que es su principal mercado mundial. Las amonestaciones del presidente francés Macron de nada sirvieron. La realidad es que a las empresas multinacionales / mundiales como Sanofi no les interesan los ciudadanos como franceses, estadounidenses o brasileños, ni como ciudadanos con derechos y responsabilidades. Les interesan los ciudadanos como accionistas y consumidores, independientemente de su nacionalidad, sexo, edad, profesión o necesidades. Por lo tanto, si el Estado francés defiende los intereses de Sanofi, no quiere decir que necesariamente esté defendiendo al pueblo francés y menos aun el derecho a la salud de los franceses.

Solo los poderes públicos, el Estado de Derecho, garantes de los derechos de los ciudadanos, de la justicia y de la solidaridad, pueden defender y promover el derecho de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, a la salud, a la vida. De esta manera, a nivel internacional y mundial, el derecho a la salud para todos debería ser la principal responsabilidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS),organismo especializado de las Naciones Unidas.

En realidad, en el sistema actual, las reglas de la OMC (Organización Mundial del Comercio), una organización independiente de las Naciones Unidas y dominada por las grandes potencias comerciales, industriales y financieras, sobre todo privadas, prevalecen, incluso en el ámbito de la salud, sobre las disposiciones de la OMS. Para el sistema dominante, es completamente « normal », « lógico », que los negocios (las « leyes » del mercado) cuenten más que la salud de las personas.

La urgencia

Una reunión informal del Grupo de Trabajo sobre los ADPIC de la OMC se realizará el 4 de febrero para seguir debatiendo la propuesta de suspender provisoriamente las patentes, antes de la reunión oficial del Consejo General de la OMC, el máximo órgano decisorio de la OMC, el 3 y 4 de marzo. La reunión informal del 4 de febrero es de gran importancia porque es la última ocasión, antes del Consejo General de marzo, de promover un giro de la UE en materia de patentes. ¿Los gobiernos de la UE, en particular el italiano y el alemán, se mostrarán por fin capaces de ser coherentes con las declaraciones de sus dirigentes (Conte y Merkel)?

Propuesta 5

El Primer Ministro italiano, Conte y la Canciller alemana, Merkel han sido los líderes políticos occidentales que más han apoyado el argumento de que las vacunas anti-Covid-19 deberían ser bienes públicos.  Hoy en día, las patentes de las vacunas las convierten en bienes esencial y exclusivamente privados. El hecho de que los gobiernos compren las patentes a las multinacionales por miles de millones de euros y luego las distribuyan a sus países, no las convierte en « bienes públicos ». Las patentes son uno de los factores estructurales que impiden lograr el objetivo de « nadie será dejado de lado ». Por lo tanto, como ciudadanos, pedimos al gobierno italiano y alemán que sean coherentes con sus declaraciones y den  mandato a sus representantes oficiales en la UE para aprobar, en el próximo Consejo General de la OMC de marzo, la resolución por la suspensión provisional.

Cabe señalar que quienes se oponen a la suspensión provisional buscan evitar que la cuestión quede en suspenso a nivel de este último, ya que a este nivel, las decisiones se toman por una mayoría de 2/3 de los Estados miembros y no por unanimidad como ocurre en el Consejo General de la OMC-ADPIC. Actualmente, la propuesta de suspensión provisional ha recibido el apoyo de más de 120 países miembros de los 162 de la OMC. ¡Basta de hipocresía, gobiernos de la UE!

Notas

(1) Parecería ser la causa del retraso en la distribución de las dosis Pfizer a los otros países occidentales, Europa en particular, sumado a errores cometidos durante la producción. La explicación oficial de la sociedad, haciendo referencia a los atrasos en la renovación técnica de la industria belga de vacunas Pfizer, resultó muy poco convincente.

(2) El artículo 66.1 del acuerdo sobre los ADPIC estipula que, teniendo en cuenta las necesidades y requisitos especiales de los países menos avanzados (PMA), sus limitaciones económicas, financieras y administrativas, y su necesidad de flexibilidad para establecer una base tecnológica viable, no están obligados a aplicar las disposiciones del acuerdo durante un período que puede ser prolongado por el Consejo de los ADPIC a petición debidamente motivada por un PMA.

(3) Desde hace varios años, ha sido demostrado que las patentes son un obstáculo a la innovación científica y tecnológica ya que mantienen un monopolio sobre los conocimientos durante largos años y frenan la posibilidad de que nuevos productos o procedimientos de producción entren al mercado. La función principal de las patentes es defender las empresas contra la competencia y mantener altos niveles de beneficios.

Traducción del francés por Beatriz Barros