La Plataforma de afectados por la hipoteca (PAH) sale a la calle para denunciar una sentencia del Tribunal Constitucional que recorta las medidas antidesahucio. En estos momentos de grave crisis, como consecuencia de la Covid-19, estas medidas son muy necesarias para garantizar el derecho a la vivienda de muchas familias.
El Tribunal Constitucional ha anulado la ampliación de la Ley 24/2015, conseguida en diciembre de 2019 a través de la aprobación del Decreto Ley 17/2019. Como primera reacción de urgencia, la PAH ha salido a la calle para rechazarlo, denunciar a los responsables y exigir soluciones.
La PAH declara: “una vez más, el Partido Popular, obedeciendo a la banca, ataca a través de sus diputados en el Congreso cualquier conquista social en materia de derechos. Mientras tanto, el PSOE no ha movido un dedo para defender ante el Tribunal la constitucionalidad de las medidas, a través de un acuerdo con la Generalitat, ignorando la voz de las principales entidades sociales catalanas que defienden el derecho a la vivienda”.
La sentencia definitiva, publicada este jueves, conlleva un recorte gravísimo de la ampliación de las medidas antidesahucios. En plena tercera ola de la pandemia, han anulado: los alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en extinciones de contratos de alquiler, los alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en algunos casos de ocupación y las renovaciones obligatorias una vez los alquileres sociales llegan a su fin.
Las consecuencias pueden ser muy graves, ya que la sentencia deja en riesgo de desahucio a un mínimo de 3.500 personas sin ofrecer ninguna alternativa.
En 2015 la PAH impulsó una Iniciativa legislativa popular (ILP) y aprobaron por unanimidad la Ley 24/2015 en el Parlament de Catalunya. Con esta conquista, nacida de la calle, consiguieron parar miles de desahucios y cortes de suministro indiscriminados en Catalunya, demostrando que es una ley imprescindible para la garantía del derecho a la vivienda.
“Pero los poderosos nunca se quedan de brazos cruzados cuando se pone en riesgo su negocio y beneficios. El PP y la banca ya intentaron enterrar la 24/2015 hace cinco años, pero la recuperamos antes de que se dictara sentencia. Y después conseguimos ampliarla, ganando nuevas medidas antidesahucios, que ahora han recortado.
Sin embargo, desde abajo y como hemos hecho siempre, no nos vamos a quedar quietas y seguiremos luchando desde todos los frentes para hacer efectivo este derecho básico. Denunciamos la pasividad con que los poderes del Estado descuidan la protección del derecho a la vivienda en contra de lo que dice la propia Constitución, mientras la banca y los buitres contraatacan”, denuncia la PAH.
La sentencia anula la ampliación de la Ley 24/2015 por un defecto de forma, es decir, que habría que utilizar una Ley y no Decreto-ley.
La PAH exige a las cabezas de lista que se presentan a las elecciones catalanas del 14F, al futuro Gobierno de la Generalitat de Catalunya y a todos los partidos políticos que constituyan el Parlament de Catalunya en la nueva legislatura, que:
- La primera Ley que se apruebe a la nueva legislatura recupera y blinde las ampliaciones conseguidas de la Ley 24/2015 y ahora anuladas por la sentencia. También que se aplique la normativa con contundencia, de forma que no haya ningún desahucio sin realojamiento. ¡No aceptaremos menos!
- Apuesten por políticas de vivienda ambiciosas y estructurales que paren definitivamente los desahucios, amplíen el parque público y social de vivienda como mínimo hasta el 15% del parque, y que sancionen la especulación inmobiliaria y el incumplimiento de la función social de la vivienda.
“Exigimos que la ampliación de la ley sea restituida, artículo por artículo, en el primer pleno del Parlament tras las elecciones e interpelamos a todas las candidatas a que se posicionen.
Mientras tanto, seguiremos parando desahucios cada día, realojando y luchando para que no quede ni una sombra de duda de que quienes defendemos el derecho a la vivienda digna somos muchas más”, declara la PAH
