Tomás tenía 3 años y le sonreía a la vida cuando salió de su hogar acompañado de su tío abuelo. Iba con la confianza y la alegría propias de un niño saludable y feliz que encuentra, a cada paso, un nuevo descubrimiento, una nueva experiencia. Fue su último paseo; lo encontraron muerto en mitad del campo con señales de abuso, nueve días después. Durante ese lapso, la búsqueda fue intensa por tierra y aire mientras todo Chile clamaba por su aparición. No hay palabras para describir tanta atrocidad contra la niñez en cualquier lugar del planeta. La crueldad extrema implícita en el abuso sexual, la tortura y la impunidad que rodean a esos crímenes contra la niñez se encuentra, por lo general, avalada por un sistema de protección ineficiente y caduco, enmarcado en la absurda creencia de que ese importante segmento goza de la mayor protección en el hogar, la escuela, la iglesia o el vecindario.

Así como Tomás salió de casa y nunca regresó, miles de niños, niñas y adolescentes alrededor del mundo son violentados física y psicológicamente por el solo hecho de encontrarse bajo la autoridad de otros, sin ningún mecanismo de defensa. En la mayoría de países centroamericanos, especialmente aquellos gobernados por políticos corruptos en complicidad con las organizaciones dedicadas al negocio de la trata de personas, cientos de ellos desaparecen sin alterar el sueño de las autoridades, pero tampoco el sueño de esas sociedades acostumbradas a la tragedia y a la violencia provocada por un sistema que ha destruido por completo la institucionalidad, abandonando a la población en un ambiente de absoluto caos y anarquía.

La violencia sexual, una patología social de enorme impacto en nuestras sociedades, es consentida de modo directo o indirecto por la ineficacia de los sistemas de administración de justicia, pero sobre todo por el sistema patriarcal. Este, aún con pruebas a la vista, minimiza los abusos y otorga privilegios a los perpetradores, especialmente cuando esos crímenes son cometidos contra adolescentes y mujeres adultas. Casos extremos como el de Tomás, el niño de Lebu, se multiplican amparados por el silencio y la complicidad de quienes les rodean, bajo la consigna de mantener la reputación familiar aunque el crimen cometido destruya por completo la vida y el futuro de la víctima.

Está probada y comprobada nuestra incapacidad, como sociedad, de proteger a las nuevas generaciones de la violencia en cualquiera de sus formas. Preferimos engañarnos acudiendo a instituciones corruptas a las cuales entregamos a cientos o miles de víctimas propiciatorias, como sucede con los “hogares seguros” en los cuales se institucionaliza a una niñez que merece protección, pero administrados por delincuentes dedicados a la trata y a la prostitución de menores.

El fracaso de un país se mide por el trato dado a la niñez y, por lo tanto, debemos declararnos fracasados a nivel planetario. No hay rincón del mundo en donde la niñez y la adolescencia gocen de una total protección contra los abusos. Estos abusos, en la mayoría de casos, tienen impacto certero en diferentes patologías que esos seres sufren a lo largo de su vida, muchas veces reproduciendo en otros los efectos de sus sórdidas experiencias. Hemos creado una verdadera cultura de abuso, propiciada por la indefensión de unos ante la aparente autoridad de otros. Es así como, aún en el siglo de las maravillas tecnológicas, se mantienen los prejuicios sexistas y las estructuras de privilegios para los agresores, destrozando el futuro de los más indefensos.