Organismos de control, como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, todos cargos que ahora tienen al frente funcionarios de la coalición de Gobierno, han tomado dos decisiones que van en contravía de la democracia y el Sistema de Medición de Protección de Derechos Humanos.

Por: Zenaida Espinosa Cabrera

El analista político Ariel Ávila dio a conocer esta semana que el Gobierno y los organismos de control, como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, todos al frente de funcionarios de la coalición de Gobierno, han tomado dos decisiones que van en contravía de la democracia y el Sistema de Medición de Protección de Derechos Humanos:

  1. La Fiscalía será la única encargada de manejar las cifras sobre asesinatos y victimización a líderes y lideresas sociales. Hasta el momento estos datos son manejados  por Naciones Unidas (que son datos parciales); la Defensoría del Pueblo que maneja unas cifras superiores y organizaciones como el Programa Somos Defensores. La pretensión, según el Gobierno, es unificar estas cifras, pero esto no es en la práctica sano, toda vez que cientos de casos pueden quedar fuera de las estadísticas por el tema de cubrimiento territorial. 
  2. La Fiscalía será la única en terreno de decir cómo, por qué y si es o no un líder social. Aquí también juega el tema de cubrimiento territorial y le quita otra vez este trabajo a la Defensoría del Pueblo y a otras instituciones que hacen seguimiento al tema de Derechos Humanos y de Protección de líderes y lideresas sociales, luego de que se había recuperado esa independencia en el marco de los Acuerdos de Paz, toda vez que durante el Gobierno del presidente Álvaro Uribe se había designado únicamente a la Fiscalía, lo que quiere decir que retrocedemos en temas de seguridad para los líderes sociales. 

 

Cambio en el Ministerio de Defensa

A las decisiones anteriores, se suma un polémico cambio en el Ministerio de Defensa, ante el fallecimiento la semana pasada del titular de la cartera Carlos Holmes Trujillo, a causa del virus Covid-19. El Presidente Iván Duque acaba de nombrar en su reemplazo al Administrador de Empresas Diego Andrés Molano Apontes.  Sin otra experiencia, más que haber sido Concejal de Bogotá y Director General del Instituto Colombiano de Bienestar FAmiliar (ICBF), Molano fue nombrado, pese a la controversia por la capacidad para ejercer el cargo que debe ostentar.

No deja de ser preocupante este nombramiento para los colombianos, en especial, para los defensores de la paz y la vida que han sido golpeados fuertemente durante estos dos últimos años. Además, esta designación se da en un año donde en sus primeros 33 días, ya refleja una crisis de Derechos Humanos con un saldo de 10 masacres, que han dejado 35 víctimas; el asesinato de 21 líderes y lideresas y 5 firmantes de la paz, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). A la falta de experiencia del nuevo Ministro, se suma la ya conocida animadversión de Molano por la protesta social y la implementación de los Acuerdos de Paz, expresada públicamente en varios escenarios.

Ver: Los trinos por los que critican a Diego Molano, nuevo mindefensa

Mientras tanto, los reportes de asesinatos y masacres continúan ascendiendo y el resumen de lo que se conoce por parte de las autoridades y los medios de comunicación no da tregua.  Es así como el pasado 24 de enero fue asesinado el firmante de paz  José Alexander Quiñones, de 27 años de edad en zona urbana del Municipio de Tumaco, departamento de Nariño.

El 29 de enero se presentó otra masacre en el Municipio de Satinga, Nariño, donde fueron asesinados tres jóvenes y dos más fueron reportados como desaparecidos. Melanio Torres uno de los sobrevivientes y testigo de la Masacre quedó en manos de la Fuerza Pública en la Base Militar del Municipio, se espera se le brinde toda la protección y se haga un seguimiento a este caso. Este mismo día, en menos de 24 horas, 3 campesinos fueron víctimas de otra masacre en la zona de El Catatumbo, departamento de Norte de Santander.  Las  víctimas fueron asesinadas en Tibú, zona fronteriza con Venezuela y que, además, generó otro drama humanitario, el desplazamiento de 400 personas del sector. 

El 31 de enero, fue asesinado en Tarazá, departamento de Antioquia, Remberto Arrieta, líder social que hacía parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Primavera, lugar de residencia y de donde fue sacado y posteriormente asesinado en la Quebrada la Barrigona. 

Ver: En Tarazá, Antioquia grupo armado ilegal asesina a líder campesino que hacía parte del PNIS

El terror paramilitar vuelve a ser noticia como en las peores épocas de auge violento de las Autodefensas. El pasado 31 de enero en Yarumal, departamento de Antioquia, fue asesinado el líder comunal José Miguel Barrientos Uribe, de 39 años, quien después de recibir dos disparos, fue decapitado y luego expuesta su cabeza en la plaza de este mismo Municipio. Los habitantes de la región ya habían advertido sobre la presencia de grupos con armas largas y encapuchados patrullando las veredas. Solo hasta que se presentó este hecho atroz, la Alcaldía convocó a un consejo de seguridad, cuando ya los habitantes empiezan a desplazarse por el terror de la crueldad de un nuevo conflicto. 

Ver: Asesinan a líder social en Yarumal, Antioquia

El 1o de febrero, se confirmó una nueva masacre en la que fueron asesinados cuatro jóvenes, quienes habían desaparecido hacía dos días en el Municipio del Patía, departamento del Cauca y fueron encontrados asesinados en Policarpa, departamento de Nariño.

El 2 de febrero, un Comando armado asesinó al líder campesino y defensor de DDHH Yordan Eduardo Guetio, quien pertenecía a la Asociación de Trabajadores Campesinos Astrazonac en en Corinto, Cauca.

El 3 de febrero el concejal del municipio de Totoró, Cauca, Pier Kasamanchin fue víctima de un atentado cuando se desplazaba hacia su residencia en el Resguardo Indígena Polindara, cuando hombres armados le dispararon desde una motocicleta. Afortunadamente el líder político salió ileso y pidió al Gobierno y a las autoridades policiales prestar atención a sus denuncias de amenazas que ha venido interponiendo desde el año 2018.

Aún faltan cerca de 18 meses para que haya un cambio de Gobierno que aún es un panorama incierto, escenario que que preocupa a los firmantes de paz y a millones de colombianos que  le han apostado a la defensa y construcción de un país sin violencia, donde se respeten las libertades y se haga efectivo el Estado Social de Derecho, promulgado en la Constitución Política.

Más hechos de violencia

Al cierre de esta nota, Indepaz ha informado de una nueva masacre, que sería la número 11 en el año, donde han sido asesinadas tres personas en el municipio de Argelia, departamento del Cauca, así que con esta serían 24 las víctimas mortales en masacres durante lo poco que ha corrido de 2021.