En un comunicado publicado el pasado 22 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la violencia sostenida en contra de personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales registrada durante el 2020 en Colombia
Ante la persistencia de la violencia contra estos grupos, la CIDH hizo un llamado al Estado para reforzar todas las medidas necesarias para garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer sus actividades en un ambiente propicio libre de hostilidades y agresiones.
Durante el 2020, la CIDH observó la preocupante persistencia de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales, especialmente en territorios históricamente afectados por el conflicto armado interno. El Estado colombiano indicó tener conocimiento de 53 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos ocurridos en el 2020, conforme a los casos verificados por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH). En efecto, el 15 de diciembre de 2020, la OACNUDH reportó 120 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos de los cuales 53 casos han sido verificados hasta el momento. Por su parte, el Programa Somos Defensores registró 135 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos hasta septiembre de 2020. El incremento en los asesinatos, de ser verificado, sería sostenido al compararse con los 108 casos verificados por OACNUDH y los 124 casos registrados por Programa Somos Defensores durante el 2019.
Asimismo, durante el primer semestre del año preocupó a la CIDH que muchos de los asesinatos registrados durante este período habrían ocurrido mientras las víctimas cumplían con las medidas de aislamiento decretadas por el Estado para hacer frente a la pandemia por el COVID-19.
La Comisión observa que la mayoría de los asesinatos registrados en el año se concentraron en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Huila, Norte de Santander, Córdoba, Nariño y Putumayo, territorios que de manera histórica se vieron afectados por el conflicto armado y que el Estado ha identificado como «Zonas de Riesgo». El Estado ha coincidido con esta información e identificó asimismo los departamentos de Valle de Cauca, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Arauca y Chocó como zonas de riesgo para ejercer la defensa de los derechos humanos.
Según la información recibida, aquellas personas que ejercen algún tipo de liderazgo comunal, como por ejemplo ser integrante de la Junta de Acción Comunal (JAC) de su comunidad y aquéllos que tienen representación de un liderazgo indígena o afrodescendiente serían quienes forman parte del mayor porcentaje del total de casos registrados durante el año. De igual forma, los liderazgos campesinos, en particular quienes integran el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), también representan un número importante de los asesinatos. Asimismo, dentro de las personas asesinadas se encontrarían firmantes del Acuerdo de Paz, personas que contaban con medidas de protección por parte de la UNP y beneficiarias de medidas cautelares por parte de la CIDH.
Respecto de la autoría de estos asesinatos, de acuerdo a información de la Fiscalía General de la Nación (FGN), 78 casos corresponderían a personas particulares, 63 casos estarían ligados a organizaciones criminales locales, 24 casos estarían relacionados con el Clan del Golfo, y 23 casos tendría relación el ELN. El Estado indicó que el 67.7% de los presuntos autores identificados por estos delitos corresponderían a grupos armados o bandas criminales.
Adicionalmente, la CIDH observa la persistencia de amenazas en contra de personas defensoras y líderes sociales. Este tipo de agresión continúa siendo la más utilizada como medio de intimidación y presión sobre las comunidades y personas defensoras. De acuerdo con la MAPP/OEA, las amenazas se han concentrado en su mayoría en departamentos como Bolívar, Cauca, Cesar, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
En el contexto actual de implementación del Acuerdo de Paz resulta de vital importancia la presencia del Estado en los territorios, especialmente en aquellas zonas más afectadas por el conflicto armado y dejadas por las FARC-EP cuya necesidad de fortalecimiento institucional es mayor.
Con respecto a las investigaciones, según información del Estado, entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de diciembre de 2020, la OACNUDH – reportó 421 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 404 son investigados por la Fiscalía General de la Nación (FGN), y se habrían alcanzado avances en el esclarecimiento en el 63.61% de los casos. De la totalidad de los casos señalados, 65 contarían con sentencia condenatoria. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil señalan que, si bien ha realizado investigaciones sobre los autores materiales y el perfilamiento de los grupos criminales, no se conocen resultados sobre los autores intelectuales. De igual manera destacan, que las investigaciones realizadas desestiman la hipótesis sobre la posible relación entre el delito y la actividad como persona defensora de derechos humanos.
La Comisión reconoce los avances realizados por el Estado en materia de investigación sobre los asesinatos contra personas defensoras. No obstante, observa que aún persisten desafíos para reducir la impunidad sobre estos crímenes, así como respecto de otros delitos cometidos en su contra, en particular en el juzgamiento y sanción de los responsables. La CIDH insta al Estado a reforzar sus capacidades frente al alto número de casos que se encuentran pendientes por resolver. En este sentido, llama al Estado a continuar adoptando medidas para investigar con debida diligencia y hacer frente a la situación de impunidad respecto de los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en el país, determinando autores materiales e intelectuales. Estas investigaciones deben incluir la hipótesis de que estos asesinatos pudieran haber sido cometidos en conexión con la labor que las personas defensoras ejercían en su comunidad. Asimismo, el Estado debe procurar la incorporación de un enfoque diferenciado étnico-racial y de género en la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de estos crímenes.
Por otra parte, la Comisión recuerda al Estado colombiano la obligación de proteger la vida y la integridad personal de quienes defienden derechos humanos cuando se encuentran en una situación de riesgo, incluso cuando este riesgo deriva de la acción de un agente no estatal. De acuerdo con información del Estado, durante el 2020 la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha protegido a 3.686 personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales y, lo que equivale al 49% del total de los protegidos por parte de la UNP. Si bien, la CIDH reconoce los esfuerzos desplegados, frente a la situación de violencia que enfrentan las personas defensoras y líderes sociales en el país, llama el Estado a profundizar en la implementación de las medidas de protección bajo un enfoque diferenciado, e interseccional, en el análisis de riesgos y determinación de las medidas de protección.
Frente a la situación antes descrita, la CIDH reitera las recomendaciones contenidas en su informe temático sobre la «Situación de personas defensoras y líderes sociales en Colombia», que mantienen plena vigencia al día de hoy. Asimismo, se pone a disposición del Estado colombiano para colaborar y prestar su asistencia técnica.
Finalmente, la CIDH reitera la importancia que las personas defensoras de derechos y las y los lideresas y líderes sociales han tenido en la promoción de la plena vigencia de los derechos humanos en Colombia, así como de la paz y fin del conflicto armado. Por ello, urge al Estado a reforzar las estrategias de prevención y establecer medidas de protección integrales, culturalmente adecuadas y especializadas, para garantizar que las personas defensoras puedan realizar su labor en un ambiente libre de toda forma de violencia. Asimismo refuerza la urgencia de concretar una política integral para la protección de personas defensoras que cuente con la participación efectiva de organizaciones defensoras de derechos humanos, y el fortalecimiento de la aplicación de enfoques diferenciados e interseccionales en las medidas de protección implementadas. A su vez, si bien se identifican algunos avances en materia de investigación sobre los delitos cometidos contra personas defensoras, es necesario redoblar los esfuerzos para hacer frente a la impunidad.
