Por: Jorge Escobar Banderas

Publicamos la primera nota de un espacial sobre la compleja situación de Derechos Humanos que afronta el puerto de Buenaventura en el pacífico colombiano, una denuncia que han realizado autoridades, líderes y la población en su conjunto. Pobreza, violencia y falta de oportunidades son factores que han rebosado el clima de convivencia.  En las últimas semanas nuevas movilizaciones ciudadanas se han presentado, exigiendo atención por parte del Gobierno, que históricamente ha invisibilizado el territorio. 

Llegó un día donde toda la actividad en el puerto de Buenaventura se paralizó. El 16 de mayo de 2017 sus habitantes levantaron sus voces en un paro cívico donde rechazaban la violencia, la corrupción y la pobreza que golpea a esta ciudad del pacífico colombiano. 

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En su momento la noticia trascendió y tuvo eco en todo el país; ¿el motivo? el principal punto de entrada y salida de mercancías se encontraba bloqueado. Los bonaverenses exigían ser atendidos por el Presidente de la República en aquel entonces, tras varias semanas se llegó a una serie de acuerdos que tenían como objetivo impulsar el desarrollo de esta zona.

Tres años después de aquellos acontecimientos los indicadores no muestran cifras alentadoras. De acuerdo con la presidenta de la Cámara de Comercio de esta localidad, Angélica Mayolo, el desempleo se ubica en un 31,62 %, mientras que tres de cada diez habitantes posee un empleo formal, por ende, la informalidad asciende al 73,50%.

Ver: Leonard Rentería: el coraje de los bonaverenses

El número más preocupante es el de la pobreza multidimensional, la cual alcanza el 41%. Con todas estas variables, la situación hoy en día se ve recrudecida con una escalada de violencia que ha traído como resultado el desplazamiento de decenas de familias, quienes ven amenazada su vida. 

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que daba a conocer la dinámica de violencia y que se estaba desarrollando en la zona rural y urbana de Buenaventura desde finales del 2020, en este caso, dos bandas identificadas como ‘La Local’ y ‘La Empresa’ se disputaban el control ilícito de la zona. 

Según el documento, todo ello constituye un riesgo para la población civil, la cual puede ver vulnerados sus derechos humanos e, inclusive, infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Un pueblo que clama por la paz

¡Buenaventura, no se rinde carajo!, con esa consigna decenas de ciudadanos se unieron a clamar por la paz y hacerle un llamado de atención al Gobierno Nacional para que escuche y haga presencia en la zona fomentando proyectos que tengan un alcance positivo donde se mejore la calidad de vida de los habitantes. 

El alcalde de la ciudad, Victor Vidal, ratificó el carácter pacífico de sus conciudadanos, quienes han sido víctimas de una violencia que se ha enseñado en el territorio, provocando desplazamientos y separando a varias familias. 

De momento, los bonaverenses esperan soluciones que les permitan dejar atrás la falta de oportunidades para salir adelante.