Artículo escrito por Ariel Gold y Medea Benjamín
Durante la presidencia de Donald Trump, Egipto, Arabia Saudita, Israel, los Emiratos Árabes Unidos y otros regímenes represivos, tuvieron prácticamente vía libre para cometer acciones contra los derechos humanos, sin tener que preocuparse de ser reprendidos o de perder el apoyo diplomático y financiero de Estados Unidos.
No obstante, cuando Joe Biden ganó las elecciones del año 2020, el presidente de Egipto, Sisi, comenzó a preocuparse. Fue entonces cuando contrató al poderoso grupo de presión Brownstein Hyatt Farber Schreck por 65.000 dólares al mes.
El grupo de presión Pro-Cairo incluye a varios ex políticos, entre ellos, el ex congresista republicano Ed Royce, quien dirigió el Comité de Asuntos Exteriores entre los años 2013-2018. Sin embargo, el agente más impactante de las Relaciones Publicas para el régimen egipcio es Nadeam Elshami, ex jefe de asesores de la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
«Es inconcebible que un hombre que creció en Egipto, que procede de una familia musulmana que apoyó la Primavera Árabe del año 2011 y que fue miembro clave del personal demócrata en el Congreso de los Estados Unidos, termine siendo parte de un régimen que encarcela, tortura y asesina a decenas de miles de egipcios», dice Mohamed Ismail, de Egyptians Abroad for Democracy Worldwide.
Brownstein cuenta con varios logros, incluyendo presionar al Congreso para obtener una compensación en nombre de los rehenes retenidos en Irán en 1979, recuperar artefactos saqueados durante el Genocidio Armenio, asegurando una indemnización para los desarrolladores de viviendas que tuvieron que mitigar el asbesto de los antiguos sitios militares de los Estados Unidos, y asegurar un mayor financiamiento para la investigación del cáncer. Representar a Egipto bajo la presidencia de Sisi no parece ser algo de lo que Browstein Hyatt Schreck pueda estar orgulloso.
En julio de 2013, Sisi tomó el poder de Egipto con un golpe militar que destituyó a Mohammed Morsi, quien fue el primer líder del país elegido democráticamente. El 14 de agosto del mismo año, el ejército de Sisi masacró aproximadamente a 1.000 civiles que participaban en una protesta pacífica en la plaza de Rabaa al-Adawiya.
El Director Ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, calificó la masacre de Rabaa como “uno de los peores asesinatos de manifestantes en solo un día de la historia reciente”, destacando que la violencia fue “planeada intencionalmente en los niveles más altos de la sociedad egipcia”.
Entre julio del 2013 y mayo del 2014, las autoridades egipcias detuvieron, acusaron y condenaron a más de 40.000 personas. Muchos de los detenidos —manifestantes, disidentes y periodistas—fueron recluidos sin juicio alguno. Otros fueron juzgados sin el debido proceso y condenados a muerte.
En el año 2015, el presidente Sisi gobernó sin un parlamento electo, otorgándose a sí mismo casi total inmunidad por los ataques que cometió en contra los derechos civiles y políticos.
Consecuentemente, todos los derechos humanos que se habían logrado durante la Primavera Árabe del año 2011, que derrocó al gobernante egipcio de largo régimen, Hosni Mubarak, se perdieron cuando Sisi asumió el poder.
Desde entonces, el régimen totalitario de Sisi ha continuado de esta manera, en que los egipcios siguen experimentando violaciones a los Derechos Humanos y una desintegración a gran escala de la sociedad civil.
En abril del año 2019, el Gobierno de Sisi aprobó enmiendas constitucionales que permiten al líder permanecer en el poder hasta el año 2030. En el otoño de 2019, las autoridades egipcias lanzaron su mayor represión desde que Sisi tomó el poder en el 2013.
Según la Amnistía Internacional, más de 2.300 personas, entre ellas más de 111 niños, fueron detenidas mediante arrestos masivos y selectivos de manifestantes pacíficos, periodistas, abogados de los derechos humanos, políticos y activistas políticos.
El 13 de enero de 2020, el ciudadano estadounidense de origen egipcio Mustafa Kassem murió tras más de seis años de encarcelamiento en Egipto.
Kassem fue arrestado en El Cairo, en agosto del año 2013, según alegaciones de que este había participado en protestas contra el régimen militar de Sisi. Sufrió maltratos físicos y fue mantenido en prisión preventiva por más de cinco años, antes de finalmente recibir, sin el debido proceso legal, una sentencia de 15 años.
Por causa de la pandemia del COVID-19 la situación ha agravado las pésimas condiciones carcelarias en Egipto y el gobierno de Sisi ha utilizado la crisis sanitaria como pretexto para silenciar aún más a los opositores y hacer uso de la prisión preventiva sin revisión judicial.
El norte del Sinaí en Egipto, una zona escasamente poblada que limita con Israel y la Franja de Gaza, que es ocupada por Israel, es un ejemplo particularmente atroz de los abusos a los derechos humanos en el país.
Los ataques de grupos armados, incluidos los afiliados a ISIS, contra las instalaciones del gobierno egipcio aumentaron después del levantamiento de la Primavera Árabe del año 2011, pero incrementaron dramáticamente después del golpe de Estado de Sisi en 2013.
En lugar de proteger a los residentes del Sinaí en su lucha contra los militantes, el ejército egipcio ha «mostrado un desprecio absoluto por la vida de los residentes, convirtiendo su vida cotidiana en una pesadilla incesante de abusos», dijo Michael Page, director de Human Rights Watch para Oriente Medio y el Norte de África.
El ejército egipcio en el Sinaí ha estado siendo parte de torturas, desapariciones (incluyendo niños de tan solo 12 años), detenciones arbitrarias masivas, ejecuciones extrajudiciales, demoliciones de viviendas, toques de queda severos los cuales provocan escasez de alimentos, y ataques aéreos y terrestres contra la población civil.
Según Human Rights Watch, estas acciones equivalen a crímenes de guerra y, de acuerdo con un informe del año 2020, del Departamento de Estado de Estados Unidos, Egipto se ha negado repetidamente a las peticiones de EEUU para observar cómo se utiliza su equipo militar en Sinaí.
La historia del apoyo financiero de Estados Unidos a Egipto se remonta en los Acuerdos de Camp David de 1978 y el Tratado de Paz entre Egipto e Israel de 1979, cuando Estados Unidos comenzó a proporcionar ayuda a Egipto en una proporción de 2:3 de acuerdo con la ayuda que Estados Unidos le daba a Israel.
Desde 1978, el Departamento de Estado de Estados Unidos dice que Egipto ha recibido más de 50.000 millones de dólares en ayuda militar y 30.000 millones en ayuda económica. En la actualidad, Estados Unidos concede a Egipto 1.300 millones de dólares al año (3,56 millones de dólares al día) en ayuda militar, lo que convierte a Egipto en el segundo mayor receptor de ayuda militar estadounidense después de Israel.
Este desinterés que se dio durante el régimen de Hosni Mubarak y continúa hoy en día, a pesar de los abusos masivos hacia los Derechos Humanos de Sisi. En el 2014 el presidente Obama detuvo la entrega de tanques, misiles, aviones de combate y helicópteros de ataque estadounidenses a Egipto, tras la terrible masacre en la plaza de Rabaa.
Sin embargo, en 2015, cedió y levantó la retención de armas, alegando a la necesidad de «abordar los desafíos compartidos para los intereses de Estados Unidos y Egipto en una región inestable. El presidente Trump se refirió a Sisi como su «dictador favorito» y elogió a Sisi por hacer un «trabajo fantástico».
En agosto de 2017, la administración de Trump recortó 96 millones de dólares y retrasó 195 millones de dólares de asistencia militar para Egipto por la incapacidad del país de reducir sus abusos a los derechos humanos, aprobando una nueva ley de Sisi para restringir las actividades de las organizaciones no gubernamentales y la relación de Egipto con Corea del Norte. Pero estas acciones no fueron tan duras para Egipto como parecían ser.
Según la revista The New York Times: “al pausar la provisión de 195 millones de dólares en fondos militares, la administración de Trump evitó que el dinero expirara por completo el 30 de septiembre. De esta manera, Egipto podría finalmente obtener el dinero si mejora su historial en materia de los Derechos Humanos. De hecho, el financiamiento se liberó más adelante, sin ningún cambio en las políticas de Egipto.
Algunos miembros del Congreso han tratado de tomar medidas. En octubre de 2020, 56 representantes, entre ellos, 55 demócratas y uno independiente, publicaron una carta en la que instaban a Sisi a liberar a los presos «injustamente detenidos por ejercer sus derechos humanos fundamentales». Más de 220 legisladores europeos se hicieron eco de esta petición. En el 2014, el Congreso comenzó a implementar las leyes Leahy sobre ayuda monetaria a Egipto.
La ley impide la asistencia de seguridad de Estados Unidos a una unidad de fuerzas de seguridad extranjeras cuando hay información certera con respecto a violaciones de los derechos humanos.
En diciembre de 2020, el Congreso condicionó 75 millones de dólares (una pequeña parte del total de 1.300 millones de dólares) a la realización de mejoras en materia de derechos humanos, sin que el Departamento de Estado estadounidense pudiera renunciar a las condiciones alegando los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.
A diferencia de Trump, Joe Biden ha sido bastante crítico con Sisi. Comentando sobre la liberación de un estudiante de medicina egipcio-estadounidense, el entonces candidato Biden escribió en Twitter “Mohamed Amasha está por fin en casa, tras 486 días en una prisión egipcia, por levantar una pancarta de protesta. El arresto, la tortura y el exilio de los activistas como Sarah Hegazy y Mohamed Soltan o las amenazas a sus familias son inaceptables. No más cheques en blanco para el dictador favorito de Trump.”
Poco después de que se hiciera evidente que Biden había ganado las elecciones estadounidenses en el año 2020, Egipto comenzó a liberar a algunos presos políticos, entre ellos, tres directores de la respetada Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales: Gasser Abdel-Razek, Kareem Ennarah y Mohamed Basheer.
El 6 de febrero del año 2021, liberaron al periodista de Al Jazeera, llamado Mahmoud Hussein, que estaba en prisión desde diciembre de 2016 por “publicar información falsa y pertenecer a un grupo prohibido”. Después de que Hussein fuera arrestado, Sisi prohibió a Al Jazeera y otros medios de comunicación críticos de su gobierno. Reporteros sin Fronteras ha calificado a Egipto como uno de los mayores y peores encarceladores de periodistas del mundo.
Ciertamente, el presidente al-Sisi teme que sus días de libertad para cometer abusos contra los derechos humanos hayan terminado ahora que Trump está fuera del cargo presidencial. Es por esto su desesperación por la ayuda de Brownstein Hyatt Farber Schreck para blanquear su imagen y mantener la asistencia militar estadounidense fluyendo.
Aun así, la administración Biden y el Congreso no deben dejarse influir por la liberación de unos pocos prisioneros seleccionados por parte de Egipto o empleados de Brownstein bien compensados, como lo es el ex jefe de Gabinete de Pelosi, Nadeam Elshami. Deberían poner un «stop payment» en el cheque financiado por los contribuyentes estadounidenses que ha permitido a Sisi operar con impunidad.
Traducido por: Yvonne Toledo
