La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) estableció que, por lo menos, 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008. Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son los seis territorios críticos priorizados por la Sala de Reconocimiento en la primera fase de la investigación del Caso
En seis territorios del país se concentra la primera fase de investigación del Caso 03 que lleva la JEP: Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado. Así lo dio a conocer, a través del Auto 033 de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, cuando presentó a los sujetos procesales, intervinientes especiales, víctimas acreditadas ante la JEP y a la sociedad en general, como se aplicaron los criterios de priorización en ese proceso judicial.
Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son las regiones priorizadas. Esta decisión se tomó tras un exhaustivo proceso de contrastación de información que, entre otras cosas, incluyó cuatro bases de datos que permitieron a la Jurisdicción determinar la dimensión del fenómeno macrocriminal.
El proceso arrojó, entre otros resultados, que por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. El 66% del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo.
Las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), difieren con respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP. Sin embargo, las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78% del total de la victimización histórica.
Las fuentes también coinciden en que el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009.
Con el universo de hechos y conductas que componen el Caso delimitado, se aplicaron los criterios de priorización que hoy permitieron establecer un orden razonable de atención para los mismos y asignar recursos diferenciados para la instrucción de los subcasos. Dentro de la estrategia de investigación del Caso 03, “de abajo hacia arriba», la Sala de Reconocimiento priorizó 6 subcasos que le permitirán esclarecer el fenómeno, primero, a nivel local, para después subir al nivel regional y nacional de responsabilidad. Bajo esta lógica, en la segunda fase de la investigación del Caso la Sala abordará los hechos ocurridos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo, entre otros.
Aplicando los principios de máxima publicidad y transparencia en la priorización, la Sala les concedió a las víctimas acreditadas en el Caso y a la Procuraduría General de la Nación, un plazo de 15 días hábiles para presentar observaciones sobre las decisiones adoptadas por la magistratura en este Auto.
¿HAY DIFERENCIAS DE PRIORIZACION ENTRE LOS 7 MACROCASOS?
Como la JEP aborda fenómenos delictivos distintos, hay particularidades. En el Caso 03, conocido como el de los falsos positivos, por ejemplo, la estrategia de investigación adoptada por la magistratura consiste en ir de “abajo hacia arriba». De esta forma, primero se identifican los partícipes determinantes y máximos responsables a nivel local. Posteriormente y, con base en la construcción fáctica y jurídica realizada en esos primeros peldaños, se determinará si hay y quiénes son los máximos responsables a nivel regional y nacional.
¿CUÁLES SON LOS SEIS SUBCASOS?
La aplicación de los criterios se hizo a partir de la información recibida, recaudada y analizada por la Sala. Esto hace que hace que cada subcaso cuente con elementos particulares de análisis. No existe entre los seis subcasos un orden de prioridad adicional y el avance de estos, en cada una de las etapas, corresponde al avance propio de la investigación que depende de la disponibilidad de información y recursos.
Subcaso Antioquia: registró el 25% del total de víctimas ocurridas a nivel nacional entre 2002 y 2008, es decir, una cuarta parte del total. El año de mayor victimización de la región fue 2004. La IV Brigada, con jurisdicción en la zona, podría ser la responsable del 73% de las muertes identificadas en el departamento entre los años 2000 y 2013. Se priorizarán los hechos ocurridos entre enero de 2003 y diciembre de 2005 en el oriente antioqueño. Uno de los casos emblemáticos es el del cementerio Las Mercedes en Dabeiba del que han entregado información ante la JEP 14 miembros de la fuerza pública, de distinto rango. La mayoría de ellos no habían sido investigados por la justicia ordinaria y quienes sí lo fueron, confesaron ante la JEP la comisión de crímenes nunca antes judicializados.
Subcaso Costa Caribe: el 7,3% del universo de víctimas, para el periodo comprendido entre 2002 y 2008, se encuentra en el departamento del Cesar, el tercer departamento con mayor nivel de victimización en el país. La Guajira reporta el noveno lugar de incidencia en la victimización del país con 90 muertes, equivalentes a un 4%. La Sala priorizará en un primer momento la investigación de los hechos ocurridos entre enero de 2002 y julio de 2005 en el norte del Cesar y el sur de la Guajira que correspondieron a muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa».
Subcaso Norte de Santander: Dentro de la información con la que cuenta la JEP, se tiene conocimiento de 420 víctimas reportadas en el período 1985-2016. Norte de Santander ocupa el sexto lugar a nivel nacional. El 82% de las víctimas se concentran entre 1999 y 2008. La mayor cantidad de víctimas reportadas se concentra en El Catatumbo. La Segunda División, con jurisdicción en el Norte de Santander y Boyacá, se encuentra dentro de las cuatro divisiones del Ejército Nacional que concentran cerca del 60% de los casos. Con base en este panorama cuantitativo, la JEP decidió concentrarse en el esclarecimiento detallado de los casos que ocurrieron entre 2007 y 2008 en El Catatumbo. Allí la JEP ha identificado por lo menos dos patrones representativos del Caso 03.
Subcaso Huila: la Quinta División del Ejército, que tiene jurisdicción sobre los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila, se caracterizó por un incremento sustancial de casos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2005 y 2008, en comparación con el número de casos que se registran antes y después de ese lapso. De un total de 327 muertes reportadas como resultados operacionales se tiene que la mayoría se concentraron en el sur y el centro del departamento del Huila, particularmente en el municipio de Pitalito con 39 víctimas, correspondiente al 26.9% del total de las muertes, seguido del municipio de Garzón en donde se registraron 19 víctimas, es decir el 13.1% del total presentado.
Subcaso Casanare: la Cuarta División ocupó el segundo puesto en resultados operacionales de todo el país y en 2007 alcanzó el primer puesto. Con el análisis de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por 100.000 habitantes, se pudo determinar que, para el periodo entre 2002 y 2008, la tasa para este departamento fue la más alta en todo el país con casi 12 por 100.000 habitantes. En esta zona la JEP priorizará la investigación por los hechos ocurridos entre enero de 2005 y diciembre de 2008 que correspondieron a muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros de la Brigada XVI.
Subcaso Meta: el Batallón de Infantería no. 21 “Batalla Pantano de Vargas» (BIVAR) presentó el incremento más significativo en la cantidad de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre los años 2002 y 2005. En consecuencia, se priorizará el esclarecimiento de los hechos ocurridos en este periodo.
LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS
Para el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), «la cifra revelada y el aumento de la misma habla de la generalización y sistematicidad de estos crímenes de Estado, factor que, a su vez, es un elemento para calificarlos como de lesa humanidad. Pero más allá de establecer el número de crímenes, la satisfacción de los derechos de las víctimas requerirá que la JEP despliegue todos sus medios para obtener información relevante sobre la pervivencia de estructuras y doctrinas que en la fuerza pública han permitido la existencia del fenómeno criminal, además del contraste de tal información con las versiones de los victimarios».
Igualmente, a través del comunicado de prensa publicado el pasado 18 de febrero, hicieron un llamado a la JEP «sobre la necesidad de revisar cuidadosamente la metodología “de abajo hacia arriba” en la investigación de la cadena de responsables, a la luz del principio de temporalidad, atendiendo a que en este caso los altos mandos han demostrado no tener mayor intención de reconocer responsabilidad. Por tanto, es muy probable que estos casos sean conocidos por la Unidad de Investigación y Acusación -UIA-, la cual únicamente tiene la facultad de presentar acusaciones durante diez años de los cuales ya han transcurrido tres. Siendo así, ¿Cuánto tiempo tomará llegar a quienes dieron la orden? Es necesario que la UIA empiece sus actuaciones de forma inmediata, de lo contrario se corre el riesgo de que los máximos responsables no lleguen a ser juzgados».
