La octava ronda de diálogo del gobierno y representantes de 41 sindicatos agrícolas que protestan en la India contra tres nuevas leyes del sector terminó hoy sin resultados, aunque una próxima reunión podría ocurrir en una semana.
Lo anterior se decidió después de tener en cuenta una audiencia programada de la Corte Suprema el próximo lunes, pues ese tribunal podría examinar la legalidad de las tres polémicas ordenanzas, que los agricultores denuncian son dañinas al sector y otras cuestiones relacionadas con las protestas, reflejó la agencia Press Trust of India.
Mientras tanto, miles de agricultores permanecen desde fines de noviembre último en las fronteras de Nueva Delhi para protestar contra dichas normas, que consideran desfavorables para la agricultura.
Los agricultores realizaron concentraciones de tractores el jueves para presionar su demanda de eliminar las normas, mientras el Gabinete afirmó que está dispuesto a considerar cualquier propuesta que no sea revocarlas.
Promulgadas en septiembre pasado, el gobierno presenta esos decretos como importantes reformas agrícolas destinadas a aumentar los ingresos de los agricultores, pero ellos manifiestan preocupación de que debiliten los sistemas de precios mínimos de apoyo y los dejen a merced de las grandes empresas.
Los agricultores, en su mayoría de los principales territorios agrícolas del país, acampan por millares desde fines de noviembre en las carreteras que conducen a la capital india, para demandar al gobierno la derogación de las referidas reglas, pero el Ejecutivo se niega.
Ambas partes llegaron a un consenso sobre la despenalización de la quema de rastrojos de las cosechas y la Ley de Enmienda de Electricidad.
Las entradas de Nueva Delhi permanecen bajo la influencia de la protesta pacífica de los granjeros, quienes apuntan que las referidas disposiciones amenazan la soberanía alimentaria del país y debilitan el mecanismo mediante el cual el gobierno compra sus productos.
Denuncian los campesinos que las nuevas ordenanzas desmantelarán los mercados regulados y perjudicarán los medios de vida de millones de personas en el país.
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