En Ecuador, después de tres años de lucha, un juez emitió una sentencia favorable para los afectados por la Empresa Furukawa, a quienes les fueron vulnerados sus derechos de libertad, prohibición de esclavización, no servidumbre, salud, educación, entre otros derechos humanos. Este caso, que afecta a más de 1241 personas, después de tres años de lucha por 123 personas, es un ejemplo de resistencia a la precariedad, violencia y condiciones infrahumanas de vida.
La empresa Furukawa Plantaciones C.A. se dedica a la producción de abacá, es de capital de origen japonés, según el medio digital Plan V, y realiza su producción desde hace 55 años en 32 haciendas con una cantidad de 2300 hectáreas, repartidas en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Esmeraldas. En estos territorios de propiedad privada se han dado varias vulneraciones laborales, donde algunas de las víctimas han perdido a su familia, partes de su cuerpo, sus hijos no asisten a la escuela, entre otras vulneraciones que afectan a sus derechos y una vida digna.
En la sentencia del 15 de enero del 2020, se afirma por el juez omisiones de la empresa Furukawa y del Estado para el cumplimiento de los derechos humanos de las víctimas. Según uno de los abogados, Alejandro Morales, todo esto fue probado a través de testimonios, pericias antropológicas para conocer el contexto cultural, y también se conocieron las condiciones e infraestructura en la que se encuentran viviendo las personas. Las medidas de reparación compartidas en la rueda de prensa fueron realizadas por el juez de forma oral, esperan el documento escrito con la inclusión de otras.
Entre las medidas que se compartieron está la entrega de una cantidad económica a las víctimas, aún no se ha determinado las cantidades, esto se hará más adelante. De igual forma, se solicitan disculpas públicas por la empresa e instituciones del Estado inmersas en las vulneraciones de los derechos por omisión. El Ministerio de Trabajo y de Salud deben acompañar y apoyar en las mejoras de las condiciones de salud y trabajo de las víctimas. Así como se espera que cuenten con necesidades básicas como agua potable, luz eléctrica, educación, y acceso a otros servicios para ellos y sus familias.
Mayra Valdez es una de las víctimas, quien ha declarado las condiciones de explotación, pobreza y de vulneración de los derechos humanos. Refiere que sus casas son cuartos muy pequeños. Ante eso solicita como representante de sus compañeras y compañeros afectados, la necesidad de tener viviendas dignas, con agua, luz y educación. Considera que deben tener una escuela dentro de la misma hacienda. La abogada Alejandra Zambrano, explica que requieren que las reparaciones y mejoras en su condición de vida, no sean solo para las personas que participan del proceso judicial sino para todos los afectados.
Para Jacqueline Gallegos del colectivo afrocomunicaciones, y como parte de las doce organizaciones que han apoyado el proceso expresa que: “la situación que han vívido estas personas es parte de un “Estado que ha sido colonial y racista. El resultado de esa historia son opresiones y formas de esclavización de hombres y mujeres. El que hayan conseguido las medidas de reparación son un ejemplo de lucha por una vida digna”. Esperan que esto no se repita.
Para las víctimas es una alegría las sentencias. Así lo relata Susana Quiñonez, víctima de la empresa, quien considera se ha hecho justicia. Por tal razón, afirma que tiene el “corazón muy alegre. Solo quieren que el Estado les de Justicia y Reparación”. Considera que esta reparación es para ellos, sus familias y sus nietos, para que sus futuras generaciones no sufran como ellos. Creen que, para tener una vida digna, también requieren que les sea entregada la tierra. Desconocen cuánto tiempo durará esa resistencia. Segundo Ordóñez también expresa su alegría: “están representando a sus compañeros que han perdido a familias enteras. No les han sido reconocidas esas pérdidas”.
La resistencia de las víctimas han sido constantes, en la que afirman se les ha intentado dividir y que no continúen con el juicio. Susana afirma que han recibido amenazas, intento de compra de los líderes, entre otros problemas, que han podido solventar y seguir adelante. Esto lo han hecho con el apoyo de otras personas que también les han colaborado con víveres para su subsistencia.
Fibra de abacá en proceso de secado
Sobre la sentencia, esperan que exista una ejecución inmediata, afirman los abogados. Todavía la empresa puede apelar a esta, estarán atentos a este proceso. Advierte la abogada Alejandra Zambrano que este no es el único caso, que pueden existir otros donde las personas estén viviendo en condiciones de vulneración de derechos humanos parecidos, donde la ruralidad favorece estas situaciones. Esperan con este caso sentar un precedente para que otras personas denuncien y puedan tener mejores condiciones de vida.
