Una nueva elección presidencial y congresal se avecina. Este 11 de abril los peruanos deberán emitir, una vez más, el voto en las urnas eligiendo a un nuevo presidente de la República y a 130 congresistas que nos representarán por el periodo de cinco años. Pero, ¿Por qué el peruano común siente y resiente que las elecciones son una “obligación” a la que debe asistir como “invitado” y no como “dueño”?

¿Será tal vez por la “calidad” de candidatos que tenemos?

En los últimos 40 años, el Perú ha sido testigo de la debacle de los partidos políticos (de los cuales se mantienen bastante disminuidos Acción Popular (AP), Partido Popular Cristiano (PPC), Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), FREPAP); así como el surgimiento de otros tantos que sirven de vientre de alquiler a los candidatos como Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Partido Morado, Partido Nacionalista Peruano y otros que yacen en el baúl de los recuerdos.

Y con la ruina de nuestros partidos políticos, también devino la de nuestra clase política, pues hoy el Perú no cuenta con cuadros políticos que garanticen un idóneo desempeño de la función pública, y con ello, el ansiado desarrollo del país.

La razón: nuestros padres de la patria presentan los “siete pecados capitales del ejercicio del poder” que los alejan de los objetivos para los que fueron elegidos y los acercan al abismo que significan las denuncias, los procesos de investigación, prisiones preventivas, encarcelamiento y prisión en los casos confirmados.

Pero, ¿Cuáles son los siete pecados capitales del ejercicio de poder de la clase política peruana?

Nº 1: Corrupción

El Perú, en las últimas décadas, ha visto crecer la corrupción en los distintos niveles de gobierno, llegando incluso al Poder Ejecutivo e involucrando a cinco expresidentes. Pero la corrupción va más allá del uso particular de la función pública y alcanza la mentalidad colectiva.

Teniendo como causa la ausencia de valores en la sociedad, la falta de transparencia en la distribución del poder político, las percepciones ancestrales que consideran el Perú como un “botín a conquistar”; estas han influido en la inestabilidad política, la deficiencia en el aprovechamiento de nuestros recursos y sobre todo, la desconfianza en las instituciones públicas que genera finalmente una desestructuración social[1].

La corrupción se ubica como el primer pecado capital que presentan la gran mayoría de nuestros representantes políticos, cuyo oficio no es producto de una vocación pública o una doctrina partidaria; sino de intereses particulares cuya influencia perjudica no solo el entorno en que se desenvuelve, sino, al presente y futuro del país.

Las investigaciones sobre corrupción que apuntan a los expresidentes Alberto Fujimori, Alan García Pérez, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski son casos emblemáticos que nos recuerdan que este “pecado capital” puede gestarse en las más altas esferas del Estado.

Nº 2: Nepotismo

El segundo pecado capital, el nepotismo, ocurre con mucha frecuencia en las esferas del poder y se afianza en los vacíos legales que presenta el marco jurídico nacional.

La figura del nepotismo está regulada por dos normas legales: la Ley 26771 que impide a los funcionarios públicos el contratar, o inducir a hacerlo, a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (cónyuges, convivientes, hermanos, cuñados, abuelos, padres, hijos, nietos, tíos y primos hermanos).

Y la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 11, que impide a familiares de funcionarios públicos, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de contratar con el Estado; es decir, reglamenta sobre la familia del funcionario[2].

Pese a las sanciones que suspenden (en el caso del funcionario) y anulan el contrato y hasta pueden ocasionar consecuencias penales (en el caso de los familiares), es de conocimiento público y práctica común “el tarjetazo”.

Sino que lo digan los familiares de los investigados ex congresistas Milagros Salazar (contratación de sobrino), Segundo Tapia, Federico Pariona y Elard Melgar (contrataciones de sus familiares en diversos despachos parlamentarios), entre otros.

Hecha la ley, hecha la trampa. Los vacíos legales como la dificultad para demostrar que los funcionarios conocían o influyeron en las contrataciones de sus familiares, o el escaso seguimiento a las declaraciones juradas de no tener impedimento para contratar con el Estado, así como la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado solo a proveedores regulares, entre otros vacíos; afianzan este pecado capital y lo convierten en la mejor herramienta para un ascenso rápido y de abultadas ganancias.

Nº 3: Tráfico de influencias

Otro pecado capital que se evidencia con frecuencia en la política peruana es el tráfico de influencias. Por ejemplo, podemos citar el reciente caso del ex premier Cesar Villanueva quien es investigado por presuntamente contactarse con el fiscal adjunto provincial Ronald Chafloque Chávez y el fiscal superior Alberto Rosell Alvarado para recibir apoyo en la investigación que se le sigue por el caso Odebrecht[3]; así como otros casos que atañen a candidatos, ex congresistas, entre otros.

El delito de tráfico de influencia se configura cuando una persona con supuesto poder hace alarde de una influencia simulada o real, mientras que la persona interesada en obtener beneficio de esa influencia es quien activa el proceso delictivo[4].

Y es que, en la “criollada” nacional, el que tiene poder, termina alardeando de éste por prestigio social y en otros casos, por un beneficio particular. Las sanciones señaladas por el Código Penal (artículo 400), como el riesgo de perder la libertad entre seis y ocho años o ser inhabilitado en su función, no persuaden a los infractores.

En el 2017, solo 14 personas se encontraban recluidas en la cárcel por el delito de tráfico de influencias[5], ¿será esta (impunidad) la razón por la que el tráfico de influencias se sigue cometiendo a vista y paciencia de todos?

Nº 4: Asociación ilícita

Los peruanos se han visto sorprendidos por los niveles de asociación ilícita que se han destapado en los últimos años y que han implicado a políticos de todas las tiendas partidarias, como el caso Lavajato, los Cuellos Blancos, Los Intocables Ediles, Los Temerarios del Crimen, Club de la Construcción, caso Gasoducto del Sur, entre otros.

Los niveles de asociación ilícita dan evidencia que el Perú ha llegado a niveles altos de organización criminal en la que en muchos casos se encuentran implicadas nuestras principales autoridades, lo que genera desconfianza en la población, respecto a la gestión pública.

Asimismo, vemos con pasmosa realidad otro riesgo alterno al delito, y que pone en peligro a los defensores de la ley, como la destitución de los fiscales del caso Lavajato, a quienes se pretendió (entre gallos y medias noches) removerlos del caso para impedir la investigación en curso.

La acción inmediata de la población, exigiendo su restitución es un claro ejemplo de ejercicio democrático, en la que el ciudadano de a pie, de manera organizada, dijo No a la corrupción y exigió la continuidad de las investigaciones. Claro ejemplo también de que la organización civil puede contribuir al cambio.

Nº 5: Discriminación

Cuando el expresidente Alan García Pérez declaró que los pueblos indígenas “no son ciudadanos de primera clase”[6] se levantó polvo unas semanas y luego se pasó la página; de igual modo sucedió cuando la congresista Martha Chávez se refirió a los “rasgos andinos” del ex premier Vicente Zeballos y luego se retractó, ante el escándalo, y cuando el ex candidato Mario Bryce regaló un jaboncito al candidato Julio Arbizú y no lo consideró como un acto discriminatorio… entonces, todo evidenció que algo pasa en el Perú.

Los actos discriminatorios en nuestro país son de larga data, se han normalizado y se caracterizan por su impunidad, ocurren en cualquier lugar y son expresados en la calle por el ciudadano común, y peor aún por nuestros políticos; porque forma parte de nuestra realidad, una que divide a todo un país entre blancos y quechuas o negros, ricos y pobres, por la extracción social, discriminación por la identidad sexual, contra la mujer, entre otros.

En el Perú, todo acto de discriminación está penado por el Código Penal en su artículo 323, con sanciones entre dos a tres años de cárcel o con servicio a la comunidad[7]; sin embargo, es ley muerta, pues todos hacen tabla rasa de esta. Más aún, en el caso de nuestros congresistas, están respaldados por el artículo 93º de la Constitución que señala que los padres de la patria no son responsables de las opiniones que se puedan verter en el ejercicio de sus funciones.

Visto así, ¿Puede un país superar sus divisiones si se mantiene la discriminación en su práctica común? Este es un pecado capital que adolece gran parte de nuestra nación, y de la cual, nuestros representantes no son ajenos.

Nº 6: Abuso de autoridad

El abuso de autoridad se realiza cuando un funcionario o autoridad pública ejerce su potestad de manera prepotente o para fines distintos del interés público, ya sea en sus relaciones con los particulares o sus subordinados[8].

Los casos que presentan denuncias por abuso de autoridad, como el del ex congresista Orestes Sánchez (por la entrega de parte de sueldo de un ex trabajador), o el caso del congresista Jorge Castro (por probable cobro de diezmos a trabajadores) demuestran que este pecado capital es más frecuente y diverso de lo que imaginamos.

Nuestro marco jurídico, en el artículo 376º del Código Penal, corrige este tipo de acto con una sanción administrativa-disciplinaria, y no penal, salvo que el caso sea realmente grave[9], alcanzando una pena privativa de libertad no mayor de tres años.

Nº 7: Soberbia

Finalmente, el séptimo pecado capital, la soberbia, es el más peligroso para nuestras autoridades, ya que los obnubila y les hace creer que poseen un poder absoluto, sin límites, infinito en el tiempo y sin medir las consecuencias de sus actos. La soberbia es la principal herramienta de los regímenes autoritarios y antidemocráticos.

Todavía se mantiene en el recuerdo cercano las imágenes del expresidente Alan García declarando “demuéstrenlo pues, imbéciles” respecto a las investigaciones de las que era objeto, también cuando la ex primera dama Nadine Heredia fue calificada por su suegro como “borrachita de poder”; el poder ilimitado mostrado por la candidata Keiko Fujimori en el famoso chat de La Botika, o cuando la ex primera dama Eliane Karp proclamaba al expresidente Alejandro Toledo como un “cholo sano y sagrado”.

Los siete pecados capitales de nuestra clase política surgen de las entrañas de nuestra historia y se enraizaron tanto, como una mala hierba lo hace al terreno fértil, acabando por sofocarlo.

Sin duda, las nuevas elecciones representan un gran reto para la población peruana, que deberá renovar su clase política, fiscalizando los antecedentes de los candidatos. El desafío es alto, ya que actualmente, los partidos políticos participantes presentan los mismos candidatos de siempre. Sin embargo, el panorama es óptimo para la renovación, luego del contundente ejercicio democrático mostrado en las últimas manifestaciones públicas que transformaron el país.

(*) Este artículo se publicó en http://debates.pe/articulos/detalle/peru-los-siete-pecados-capitales-del-ejercicio-del-poder/

 

[1] Yván Montoya. Sobre la corrupción en el Perú.

[2] El Comercio. Congresistas con familiares en el Estado: ¿Cuándo es nepotismo? 20 de setiembre 2019.

[3] https://www.idl.org.pe/cesar-villanueva-fue-detenido-por-el-presunto-delito-de-trafico-de-influencias-exitosa/#:~:text=Este%20martes%2C%20C%C3%A9sar%20Villanueva%20fue,fiscal%20supremo%20Jes%C3%BAs%20Fern%C3%A1ndez%20Alarc%C3%B3n.

[4] https://www.enfoquederecho.com/2015/10/09/el-delito-de-trafico-de-influencias-la-lesividad-de-la-influencia-simulada-y-el-titulo-de-imputacion-del-interesado-en-las-influencias/#:~:text=El%20delito%20de%20tr%C3%A1fico%20de%20influencias%20se%20encuentra%20regulado%20en,o%20promesa%20o%20cualquier%20otra

[5] https://idehpucp.pucp.edu.pe/notas-informativas/10-claves-para-reconocer-el-delito-de-trafico-de-influencias/

[6] SPDA. Actualidad Ambiental. Alan García negó haber dicho que poblaciones indígenas “no son ciudadanos de primera clase”. 19 de enero, 2016.

[7] La Ley, El ángulo de la noticia. Martha Chávez; ¿Constituiría delito de discriminación las declaraciones vertidas contra ex premier Zeballos? 2 de setiembre de 2020.

[8] https://dpej.rae.es/lema/abuso-de-autoridad

[9] Raúl Pariona Arana. EL Delito de Abuso de Autoridad. Consideraciones dogmáticas y político-criminales. 2016.