Gran escándalo se produjo hace unos días atrás cuando llegaron imágenes a las redes sociales de una fiesta de año nuevo de jóvenes escolares en Cachagua, un exclusivo balneario donde tienen sus casas de veraneo las élites empresariales y políticas de Chile. En ella se mostraba a decenas de sus participantes compartiendo un mismo espacio cerrado sin cumplir ninguna norma sanitaria impuesta para controlar la pandemia de Covid-19. Fue en el mismo balneario en que días antes el presidente Piñera posaba para selfies sin mascarilla mientras caminaba por la playa.
Nada hubiera pasado si ambas situaciones no hubieran tenido difusión y gran viralización en redes sociales. En el primer caso, a pesar de que Carabineros llegó al lugar, no se detuvo a ninguno de los participantes, no se detuvo la fiesta ni tampoco fue noticia en medios de comunicación en un primer momento. En el segundo, no hubo reacción alguna de parte de la autoridad. La institucionalidad solo reaccionó ante el cuestionamiento masivo respecto de su pasividad para enfrentar estos comportamientos ilegales de los mismos privilegiados de siempre.
Por otro lado, son las mismas policías que invitan a los medios de comunicación para grabar, fotografiar y difundir, en medios de comunicación masivos, los operativos en que se detiene a gran cantidad de personas por estar participando en fiestas clandestinas sin autorización ni normas de seguridad sanitaria. La diferencia está en que las instituciones sí funcionan cuando se trata de los territorios en que vive la gente común.
Duele ver como se deteriora el estado de derecho, no solo por las ilegalidades que se cometen, sino porque la aplicación de la ley es para un grupo mayoritario, mientras que los grupos de poder mantienen sus privilegios situándose por encima de ella con una complicidad inmoral de las instituciones del Estado. Esto último es lo que genera indignación en la población y sobre todo en las juventudes que, con sentido crítico, no se dejan domesticar por un sistema que está corrompido.
En Fundación Semilla, que abordamos temas de ciudadanía y trabajamos con y para las juventudes, celebramos el avance del proceso constituyente con la inscripción de candidatos y candidatas, pero asumimos la responsabilidad de decir fuerte y claro que es absolutamente insuficiente que la Constitución sólo diga que las personas nacen iguales en dignidad y somos iguales ante la ley porque tenemos la convicción que las personas nacen y permanecen iguales en dignidad y que somos iguales ante la ley y, sobre todo, debemos ser iguales en el trato que recibimos por parte de las instituciones del Estado.
Tenemos esperanza en el involucramiento y la participación de la ciudadanía en el proceso constituyente, especialmente de los y las jóvenes, quienes iniciaron el movimiento social que obligó a la política a dar respuestas que eran impensadas hasta octubre de 2019.
Debemos aspirar a una Constitución que nivele la cancha y ponga control sobre las instituciones del Estado porque cuando estas se corrompen para beneficiar a los mismos privilegiados de siempre, se pone en riesgo la paz social y la democracia.
