La ONG Temblores presentará el 25 de enero el informe “Bolillo, Dios y Patria” sobre abusos policiales en Colombia a tres años de la implementación del Código Nacional de Policía por parte de la Fuerza Pública

Por: Zenaida Espinosa Cabrera

No solo en el contexto de las manifestaciones multitudinarias como las ocurridas desde el 21 de noviembre de 2019, donde los colombianos salieron a las calles a protestar de manera pacífica, la Policía ha sido blanco de críticas por el empleo de la fuerza excesiva contra manifestantes, propinando golpizas y el uso indebido de armas durante las operaciones antidisturbios, que han terminado con heridos de gravedad y muertes entre manifestantes y miembros de la misma fuerza pública.  

Pese a que la Constitución proclama al país como “un Estado social de derecho”, lo que implica la promoción y garantía de los derechos fundamentales a sus ciudadanos mediante el acceso a sus servicios de manera digna, oportuna y efectiva; ese pacto social consagrado está lejos de hacerse realidad. La Fuerza Pública que hace presencia en las calles con militares y policías, es una de las caras más visibles del Estado y, en teoría, su función principal es mantener el orden social.

El problema de la violencia policial es estructural y no un problema de “manzanas podridas” o hechos aislados, como lo ha dicho el Gobierno, pues estos sucesos presentan un patrón generalizado. En primer lugar, la institución siempre evade su responsabilidad en torno a los casos de abuso que se presentan; en segundo lugar, no existe un equilibrio con respecto a la igualdad de fuerzas dentro de los procedimientos que se refleja en la extralimitación con el uso de sus armas y, por último, la ciudadanía ha denunciado la poca celeridad en las investigaciones en los casos de abuso presentados que, finalmente, terminan en impunidad.

Las reacciones de la ciudadanía se han hecho más mediáticas luego del homicidio de Dilan Cruz, un joven de 17 años a quien el 23 de noviembre del 2018 un integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) le disparó en la cabeza con una munición conocida como “bean bag”, diseñada para ser disparada a los brazos o las piernas. Cruz participaba de una manifestación en el centro de Bogotá y falleció dos días después producto de las heridas.

En un caso ocurrido el 7 de diciembre de 2019, un agente de la policía detuvo a una periodista y, cuando esta se negó a entregar su teléfono, la arrastró tirándola del cabello y la llevó a una unidad de detención administrativa. La Policía indicó que la detenían para su “protección”.

El 12 de enero de 2020, en la estación de Transmilenio Veraguas en Bogotá, un grupo de personas fueron requeridas por el patrullero Elías Madera, por evadir el pago del pasaje, entre ellas una mujer de 20 años. El grupo fue conducido a un bus de la institución y, posteriormente dejado en libertad, a excepción de la joven de 20 años, quien fue violada por el patrullero Madera.

El 21 de abril de 2020 en la ciudad Cali, Valle del Cauca, un hombre y una mujer fueron conducidos a un CAI en el sur de la ciudad porque, supuestamente, había violado la cuarentena obligatoria. Allí los uniformados les solicitaron dinero a las personas detenidas para dejarlos en libertad, por lo cual el hombre salió del lugar para buscar el dinero requerido. Mientras tanto, uno de los agentes de policía abusó sexualmente de la mujer. La Policía Nacional menciona que los uniformados habían sido retirados de su cargo y que se iba a iniciar la investigación correspondiente; sin embargo, aún no se han mostrado avances en el caso. 

El 19 de mayo del 2020, en el municipio de Puerto Tejada, Cauca, el joven Anderson Arboleda de 24 años de edad se encontraba a las afueras de la casa de su madre. La policía lo requiere por estar violando la medida de aislamiento obligatorio y, en medio del procedimiento, le propicia diferentes golpes y patadas que le ocasionan la muerte. Una ola de indignación generó este caso, pues se vinculó a las manifestaciones que surgieron días después por el asesinato de George Floyd en EEUU.

Ver: Anderson Arboleda: relato de unas horas agónicas 

El 3 de julio del 2020 en la localidad de Kennedy en Bogotá, se realizó un procedimiento policial contra un grupo de jóvenes que departían en la madrugada; luego de un altercado, uno de los uniformados sacó su arma y disparó contra un joven de 23 años que murió a raíz de este ataque. Según la Policía, ellos atendieron a una asonada en este lugar, por lo cual el uniformado se vio “obligado” a disparar contra estas personas.

El 24 de julio del 2020 en la ciudad de Barranquilla (Atlántico) Ángela María Pérez, una mujer de 50 años murió después de recibir un bolillazo en el pecho por parte de uniformados del CAI ‘Rebolo’. Según testigos, los agentes ingresaron a la casa de Ángela por un altercado y, en medio de ello, le propiciaron una fuerte golpiza en el pecho, lo que la desplomó y dejó sin signos vitales. La Policía no realizó ningún pronunciamiento. 

El 24 de agosto del 2020 en la ciudad de Cartagena, Bolívar, Harold Morales de 17 años, trabajador de un lavadero de motos, se negó a lavar la motocicleta de un agente de la Policía de forma gratuita. Harold fue golpeado y atacado con un arma de fuego por parte de los uniformados, lo que ocasionó la muerte del menor de edad. Según la policía, Harold atacó a los agentes de la Policía y, por ello, estos se vieron obligados a accionar su arma.

No obstante, los hechos en los que la Policía se ha visto involucrada, no sólo se asocian al abuso por medio de la violencia física directa. Los casos de abuso sexual por parte de la Policía también han sido reiterativos.

El 4 de septiembre de 2020, nueve jóvenes que se encontraban detenidos en el CAI de San Mateo, ubicado en el municipio de Soacha, a 30 minutos de Bogotá, murieron a causa de las graves quemaduras que sufrieron, luego de que el lugar se incendiara. Esta noticia había pasado desapercibida hasta que el concejal de Bogotá, Diego Cancino, hizo publicación en su cuenta de Twitter junto al video del incendio y manifestó: “En la hoguera humana perpetrada en la estación de Policía de San Mateo sí hubo gasolina y lo dice el dictamen médico de uno de los jóvenes. Este es el testimonio de su familiar que hoy teme por su vida ante las amenazas que ha recibido”.

El 9 de septiembre de 2020, Colombia despertó nuevamente con otro caso de abuso policial. Esta vez contra Javier Ordoñez, un abogado de 46 años que murió luego de recibir varios golpes y choques eléctricos con un arma taser, por parte de dos uniformados de la Policía Nacional. Este fue otro de los casos que causó graves protestas y disturbios en la ciudad de Bogotá, como producto de la indignación por el caso.

Ver: Javier Ordóñez: la indignación en Colombia por la muerte de un hombre tras una violenta detención de la policía por violar la cuarentena

A raíz del caso de Ordoñez, los días 9, 10 y 11 de septiembre en Bogotá y Soacha, municipio aledaño a la capital colombiana, murieron 13 personas y 178 más resultaron heridas en la acción desmedida de la Policía Nacional, que en distintos lugares de las protestas, dispararon indiscriminadamente contra los manifestantes.

Ver: Al borde del estallido: protestas, brutalidad policial y golpe de facto

Según un informe publicado por Noticias Uno, después de cinco meses de presentados los hechos en Bogotá y Soacha, los asesinos de las 13 personas podrían quedar en la impunidad:

Asesinos de trece civiles en protestas del 9 de septiembre, podrían quedar impunes

Todos estos hechos y otros más han sido cuestionados por diferentes organizaciones de Derechos Humanos y tiene consternada e indignada a la ciudadanía, que cada día pierde credibilidad en las instituciones y, sobre todo, en las encargadas de brindarle protección y seguridad.

El pasado 16 de enero de 2021, en una cigarrería del barrio Brasil en la localidad de Bosa, en la capital de la República, se habría presentado un supuesto abuso de autoridad cuando unos policías adelantaban un operativo que terminó en un enfrentamiento entre una familia y los agentes. De acuerdo con el propietario del establecimiento no se trató de un operativo de rutina, sino que hubo una irrupción ilegal de los uniformados, que entraron a tiros destruyendo lo construido con esfuerzo; hirieron a una menor, patearon en el pecho a una mujer y arrastraron a un hombre por  la calle. Los hechos están por esclarecer pues la policía alega agresión inicial de las personas.

De acuerdo con el informe “Bolillo, Dios y Patria” que se presentará el próximo 25 de enero de 2021 por la ONG Temblores, que trabaja por la protección de los DDHH de habitantes de calle, personas LGBTI, trabajadores sexuales, usuarios de drogas y víctimas de violencia policial, a tres años de la implementación del Código Nacional de Policía por parte de la Fuerza Pública se han presentado las siguientes cifras de abuso policial contra la sociedad civil:

Asesinatos: 289 personas, que representa un promedio de 2 por semana.

Lesiones personales: 39.613 casos de los cuales 10.271 han sido en la capital del país.

Abusos y violencias Sexuales: 102 casos en los que el 80.4% de las víctimas han sido mujeres y siendo también la capital la ciudad con más casos, en total 21.

Estas alarmantes cifras, tienen al país en máxima alerta y desde diferentes organizaciones, escenarios políticos y civiles se pide con urgencia una reforma policial para que estos abusos no queden impunes, solicitando además que los casos plenamente identificados no pasen a la Justicia Penal Militar.

Ver: Más allá del caso Ordóñez y del 9S: el abuso del poder policial en Colombia