Por: Zenaida Espinosa Cabrera
Inició el quinto año de los 15 previstos como plazo para implementar los Acuerdos de Paz logrados entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. La Misión de la ONU en Colombia ha hecho entrega del cuarto informe, producto del seguimiento que realizan en su misión de custodios, no sin antes agradecer la carta que recibió el Consejo de Seguridad de la ONU para ampliar el mandato de su Misión, incluyendo el cumplimiento de las Sentencias de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP). Este informe abarca el periodo del 26 de septiembre al 28 de diciembre de 2020, último trimestre del año.
RECONCILIACIÓN. Las primeras sentencias de la JEP marcan un punto de inflexión importante en el proceso de reconciliación y de justicia, ya que es positivo que a pesar de todos los inconvenientes sigan avanzando los 3 componentes del Sistema de Justicia Transicional y esté avanzado en los 7 macro casos; que la Comisión de la Verdad continúe recopilando y analizando miles de testimonios para su informe final, a pesar de las circunstancias presentadas por la pandemia. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas sigue brindando alivio a las familias de las personas desaparecidas, incluyendo casos en que algunas de éstas se han encontrado vivas y les ha ayudado a reunirse con sus familias.
El Acuerdo de Paz en Colombia ha sido innovador y continúa siendo un ejemplo mundial de inclusión de género y de consolidación de la paz responsable. Se elogia al Gobierno y a las FARC por el compromiso de garantizar el objetivo de conseguir estabilidad y paz duradera en el país. Señala además el informe, que la JEP informó que en 2021 emitirá sus primeras sanciones definiendo responsabilidades de personas por delitos cometidos durante el conflicto dentro de algunos de sus macro casos.
Recomendaciones. La Misión propone fortalecer las condiciones para la reconciliación incluyendo a través del trabajo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y del Consejo Nacional de Paz. Es necesario que todos los actores que participaron en el conflicto contribuyan plenamente con la verdad y emprendan acciones de reparación, por ello instan a las partes a cooperar ampliamente con la JEP y la Comisión de la Verdad.
Foto: Misión de Verificación de la ONU en Colombia on twitter
SEGURIDAD. La mayor preocupación es la difícil situación de seguridad pues la violencia contra los ex combatientes, liderazgos sociales y comunidades es la mayor amenaza en la construcción de paz estable y duradera; condenan enérgicamente el asesinato de ex combatientes de las FARC que, desde la firma de los Acuerdos y al cierre de este informe, asciende a 248 (incluidas seis mujeres). 21 de estos asesinatos corresponden al periodo del presente informe y 73 durante el año 2020. Además resaltan que 25 de ellos fueron asesinados mientras esperaban respuesta a su solicitud de medidas de protección. Las preocupaciones de su seguridad, llevó a los ex combatientes a la “Peregrinación por la vida y la paz” que realizaron a finales de octubre e inicios de noviembre hacia Bogotá, para exigirle al presidente garantías para sus vidas. Por otra parte, señaló que los excombatientes que viven fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) sufren mayores niveles de violencia y que, del total de los asesinatos del 2020, el 35% se han producido por fuera de estos espacios.
El Informe también señala que el Gobierno informó la asignación de $13.500 millones de pesos a la unidad Nacional de Protección (UNP) en el mes de septiembre, cumpliendo la orden de la JEP de cubrir vacantes de escoltas y analistas dentro de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección (SESP) de la Unidad; sin embargo, hasta la fecha no se ha contratado a ningún escolta y solo a 27 analistas.
Recomendaciones: La Misión de Verificación de la ONU insta al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias que se traduzcan en mejoras efectivas en los territorios desarrollando estrategias de focalización de seguridad en nuevas áreas de reincorporación y la posibilidad de realizar despliegues similares a los AETCR (Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación), para proporcionar seguridad a ex combatientes y comunidades aledañas. Garantizar la integridad física y protección es elemento integral del Acuerdo. También señala la importancia de asegurar que las mujeres excombatientes tengan igual acceso a los esquemas de protección. Igualmente, hace un llamado a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad a cumplir con su mandato, según el Acuerdo de Paz, de concretar una política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que son los principales responsables de esta violencia.
Sostenibilidad del proceso de reincorporaón. La Misión destaca que cuatro años después de la dejación armas, más de 13.000 excombatientes de las antiguas FARC-EP siguen comprometidos activamente con el proceso de reincorporación y que las partes continúan trabajando para superar los retos propios del proceso. El informe señala distintos esfuerzos y avances para brindar acceso de vivienda a los excombatientes.
Recomendaciones. Prestar mayor atención a medidas para apoyar la sostenibilidad de los proyectos productivos mediante la asistencia técnica y mayor acceso a los mercados; aumentar la participación de las mujeres excombatientes en los espacios de toma de decisiones; aumentar el apoyo institucional para los más de 9.500 excombatientes que residen fuera de los antiguos ETCR; garantizar el apoyo institucional a los excombatientes que han tenido que reubicarse por motivos de inseguridad, así como sus familias; garantizar los recursos adecuados para hacer realidad la promesa de los tres programas o mecanismos creados por el Acuerdo de Paz como son: Los PDET, el Programa integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los territorios y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. La Reforma Rural Integral debe ponerse en marcha y resolver el acceso a la tierra que se planteas desde la firma del Acuerdo. El programa de sustitución de cultivos ilícitos debe consolidarse con recursos complementarios. Todo esto con el fin consolidar la presencia integral del Estado como condición necesaria para una paz duradera y para el desarrollo sostenible.
El secretario General de la ONU insta a las partes y a los actores colombianos a que trabajen juntos para proteger logros alcanzados y acelerar el impulso de los asuntos pendientes.
Foto: Misión de Veririficación de la ONU en Colombia
En este contexto es importante resaltar que este 20 de enero la Representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde Juanita Goebertus, quien hace parte de la iniciativa “del capitolio al territorio”, en entrevista con Caracol Radio, dada la situación de violencia en el país y, en especial, lo que acontece esta semana en el corregimiento de Montes de María, donde se repite la historia de hace 21 años cuando en la población de El Salado fueron asesinadas por parte de las Autodefensas, 100 personas después de recibir amenazas como las que hoy viven en esa zona; la Representante alerta sobre la alarmante situación de esa región que hace parte de los territorios PDET y manifiesta que, pese a que el gobierno habla de estabilización en la tasa de homicidios, varios expertos dicen que es muy posible esto se deba a las restricciones propias de la pandemia y el contexto local en esa y otras regiones que han sido afectadas por la violencia no se compadece con esa estabilización.
Por otra parte, las promesas de inversiones en esos Municipios, la tasa de pobreza continúa siendo muy alta y, especialmente, en la sub región de Montes de María donde se cerró con 58.3% de índice de pobreza multidimensional y, a la fecha, hay 0% de ejecución de pequeñas obras comunitarias o de infraestructura que eran la llegada efectiva del Estado. Del total de recursos de OCAD PAZ, Montes de María ocupa el 1.4% del total de recursos PDET. Lo anterior debido a que no todas las subregiones tienen la misma manera de acceder a los recursos a través de la presentación de proyectos por la diferente capacidad institucional en las mismas.
