Por: Stephanía Aldana Cabas
Entre la zozobra y el miedo a ser asesinados, los guardaparques de Parques Nacionales Naturales y líderes defensores del medio ambiente han desarrollado sus labores en algunas de las áreas protegidas del país, sin estrategias necesarias por parte del Gobierno Nacional para salvaguardar sus vidas
Durante el 2020 fueron asesinados 64 guardaparques y defensores ambientales en Colombia, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), y tras iniciar el 2021, el pasado 11 de enero fue asesinado Gonzalo Cardona, coordinador de la Reserva ProAves Loros Andinos y guardián del Loro Orejiamarillo. Además, el menor de edad Francisco Viera, defensor del medio ambiente fue amenazado un día después, a través de la red social Twitter.
La llegada de la Covid-19 a Colombia, que llevó a los habitantes a quedarse en casa, fue el espacio propicio para que los grupos armados ilegales (disidencias de las Farc, paramilitares y el narcotráfico), buscan obtener mayores territorios en algunas de las 122 áreas protegidas nacionales, 228 áreas protegidas regionales y 933 áreas protegidas locales, según el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP).
Además, en los primeros días del mes de febrero de 2020, disidencias de las Farc, llegaron a una de las cabañas localizadas en el parque Cahuinarí, ubicado en sistema fluvial entre Caquetá y Putumayo. “En ese momento, les indicaron a los guardaparques que tenían 48 horas para irse, pues no querían tener a funcionarios del Estado ni turistas en aquel lugar”, indicó al diario El Tiempo el antropólogo Carlos Castaño Uribe, exjefe de Parques Nacionales Naturales (El Tiempo, 24 de febrero de 2020).
Ver: Guardaparques salen de áreas protegidas por amenazas
También en ese mismo mes de 2020, los guardaparques de Chiribiquete, Yaigojé Apaporis y La Paya, tuvieron que dejar las áreas protegidas donde llevaban a cabo las funciones de velar por la protección y cuidado de los ecosistemas, realizar acompañamiento a las comunidades indígenas que habitan dentro y fuera de las áreas protegidas, además de frenar la siembra de cultivos ilícitos y la minería.
Las amenazas han sido reiteradas
Las intimidaciones a los guardaparques y a los defensores del medio ambiente han sido recurrentes. Entre 2017 y 2018 fueron amenazados 19 funcionarios que laboraban en las áreas protegidas de Parques Nacionales Naturales. Además, entre el año 2000 y 2018 fueron asesinados 11 integrantes de esta institución, según datos del Sistema de Parques Naturales Nacionales.
De los 59 Parques Nacionales Naturales que existen en el país, en 11 de ellos (Paramillo, Sanquianga, La Macarena, La Playa, Tinigua, Los Picachos, Catatumbo Barí, Tayrona, Sierra Nevada de Santa Marta, Las Orquídeas y los Farallones de Cali), son los lugares donde se han registrado el mayor número de amenazas y asesinatos contra los guardaparques.
Así, los funcionarios que dedican sus jornadas laborales a proteger los Parques, con el fin de de conservar la biodiversidad que hay en estas áreas protegidas, se convirtieron para los actores armados y grupos de narcotráfico, en obstáculo para llevar a cabo sus prácticas ilegales. Por ello, en entrevista con César Augusto Agudelo, biólogo y especialista en la implementación de instrumentos económicos en Colombia para la preservación del medio ambiente, en regiones del posconflicto en el país, Pressenza conversó sobre esta situación:
Pressenza: ¿Son frecuentes las amenazas por parte de los grupos armados hacia los guardaparques?
César Agudelo: Sí, todo el tiempo hacia ellos o hacia cualquiera que lleve a cabo algún tipo de proyecto en las zonas protegidas. Y a pesar de que su recurrencia era mayor antes de la firma de los Acuerdos de Paz en La Habana, en 2016, este fenómeno desde 2019 volvió a incrementarse. Sin embargo, este tipo de amenazas no se le puede adjudicar a un solo grupo armado, pues vienen de todos los grupos, incluyendo la delincuencia común.
Este tipo de intimidaciones tienden a cumplirse en territorios donde es evidente el conflicto armado y la disputa letal por los territorios. Ejemplo de ello es el Parque Nacional Natural Sumapaz, en el cual la antigua guerrilla de la FARC hizo presencia durante años. Si bien, estos actores ilegales sí los constriñeron en varias ocasiones, se llegaron a acuerdos en que los guardaparques podían realizar sus labores, sin miedo a ser asesinados.
No obstante, cuando en un territorio protegido confluyen varios grupos armados, como las disidencias de las FARC, el ELN, los paramilitares o el narcotráfico, es evidente que no hay control del Estado y el riesgo al que debe enfrentarse un guardaparques o un líder ambiental es muy alto.
Pressenza: Durante el tiempo que trabajó en las áreas protegidas de Parques Nacionales Naturales; ¿cuáles fueron las medidas de seguridad que se le brindaban a los funcionarios que trabajan en las zonas protegidas?
C.A: Durante el tiempo que trabajé en Parques y por los amigos que tengo, que aún trabajan en distintas zonas protegidas, no hay conocimiento que dentro de las tareas de los efectivos del Ejército, antes y después de los Acuerdos de Paz, esté identificar a los guardaparques de Parques y construir con ellos una estrategia para salvaguardar su identidad, y no existe un programa enfocado únicamente por la Unidad de Protección para salvar los guardaparques o de los líderes ambientales en las áreas protegidas.
Así mismo, el Gobierno Nacional no ha diseñado un plan de contingencia real que permita garantizar una labor fundamental en un país como el nuestro, como lo es salvaguardar la biodiversidad y sus áreas protegidas. Y por ello las cifras sobre las amenazas y asesinatos hablan por sí solas.
Pressenza: ¿Cuáles son los principales problemas a los que deben enfrentarse los guardaparques en el país?
C.A: Un aspecto a rescatar es que Parques Nacionales Naturales tiene un capital humano muy fuerte, comprometido; no obstante, el compromiso del Gobierno con la protección de la biodiversidad debe verse traducido en un presupuesto que vaya aumentando y permita tener más funcionarios, dado que distintas partes de las áreas protegidas en Colombia sobreviven gracias a los estudiantes que van hacer un semestre de voluntariado, a los guardaparques que realizan su labor sin recibir remuneración, a los habitantes de las zonas aledañas y a los trabajadores de Parques Nacionales Naturales. Pero es de resaltar que el voluntariado que realizan los estudiantes debería ser un espacio de formación y no uno en el que ellos deban encargarse de hacer los trabajos por los cuales debería pagar el Gobierno Nacional.
Así mismo, el Gobierno debe mejorar la planta física en los Parques Nacionales Naturales, pues en zonas de 400.000 hectáreas solo hay cinco guardaparques para que hagan monitoreo y control; pero eso no es posible en un país donde el conflicto armado es causante de múltiples amenazas, desplazamientos forzados y asesinatos.
Pressenza: ¿Usted nos podría explicar el conflicto social y de territorio que se vive en algunos parques naturales?
C.A: El proceso de áreas protegidas en Colombia es particular. Si bien podemos decir sin lugar a dudas y sin temor a equivocarse, que la gestión de las áreas protegidas en Colombia, no solamente desde el punto de vista ambiental, que es la conservación de los recursos naturales de la flora y la fauna, sino también desde el punto el punta de vista social, ha mejorado, sí puede hablarse de un problema estructural de Parques Nacionales Naturales, entendido éste como la falta de atención y proporción de una solución a temas como la propiedad, el saneamiento y los problemas que se generan con las comunidades que viven en las áreas declaradas como áreas protegidas o que viven cerca de estas zonas. Y esto genera un caldo de cultivo mucho más amplio para que el conflicto armado tenga un mayor eco, pues una de las razones del conflicto armado es el control y la distribución de la tierra como un activo para el desarrollo.
El Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta es un ejemplo excelente con un alto conflicto social, porque nunca se sanearon esas tierras. Es un parque de conflicto social porque nunca se solucionaron los conflictos con los pueblos indígenas Kogui, Wiwa y Arhuaco. Y un parque que además ha sido un corredor de las antiguas guerrillas de las Farc y las Bacrim, lo que ha hecho que esté en medio del conflicto armado.
Otro ejemplo es el Parque Nacional Natural Paramillo, ubicado entre Córdoba y Sucre. En este lugar el conflicto armado está muy presente. El conflicto armado es un problema estructural en el país, pero encuentra un nicho muy atractivo en los Parques Nacionales Naturales, porque la definición de un área que limita el uso, más no la propiedad, que saca corriendo a los dueños de esa tierra sin un saneamiento adecuado y termina convertido en un fortín para que los grupos armados encuentren un refugio o puedan establecer sus corredores o sus actividades ilícitas.
Por ello, a la gestión de Parques Nacionales Naturales le falta mayor trabajo con las comunidades, dotar a las áreas protegidas de recursos económicos, de profesionales y de funcionarios, al tiempo que otorgar recursos técnicos para que se pueda hacer una verdadera gestión ambiental.
Ante las constantes amenazas que han sido denunciadas por los guardaparques y líderes ambientales, así como lo indica el especialista Agudelo, en el especial realizado por Mongabay.com, Juan Carlos Clavijo, quien ha sido jefe en varios Parques Nacionales Naturales y que hoy dirige a los guardaparques del Parque Nacional Natural Chingaza, le indicó a este portal que “durante mi dirección en el Parque Nacional Tinigua, recibí junto a los demás guardaparques varias amenazas que fueron puestas a conocimiento de la Institución y de los entes correspondientes”, y agregó que “El trabajo es muy bonito, pero no es para todos. Tienes que estar mucho tiempo en campo y eso significa sacrificios familiares. Este es un trabajo en el cual debes estar en zonas de guerra, y de bastante conflicto armado. A pesar de ello, el trabajo en territorios es gratificante, los hermosos paisajes, la riqueza natural y cultural son inmensos; aunque sean territorios complejos” (Mongabay.com, 2020).
Ver: Especial Parques Naturales Nacionales
Reconocimiento ante la JEP
El colectivo de guardaparques ha pedido desde 2018 a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ser reconocidos, junto a las áreas protegidas del país, como víctimas del conflicto armado. Por ello, el pasado 20 de noviembre de 2020, esta asociación presentó a la Comisión de la Verdad un informe de la mano de la Universidad de los Andes denominado “Los derechos de la naturaleza, el territorio y el colectivo de guardaparques del sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.
El informe indica que en los últimos 30 años, un guardaparques ha sido exiliado, uno desaparecido y, 81 más, han sido asesinados. Además, el documento explicita que en 24 áreas protegidas del país hay presencia de minas antipersonas, lo cual vulnera el derecho a la integridad física de los guardaparques y afecta su labor de monitoreo.
Así mismo, se recogen los hechos en los que fueron asesinados los guardaparques y sus memorias, las experiencias de quienes fueron retenidos temporalmente o expulsados de los Parques por grupos armados y las intimidaciones de las que han sido objeto.
Finalmente, el informe destaca que “las voladuras de oleoductos, la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos, la colonización dirigida por grupos armados, el asesinato de defensores del medio ambiente y funcionarios públicos y el acaparamiento de recursos naturales hacen parte de la historia del conflicto armado” (Comisión de la Verdad, 2020).
Cambio en la dirección de Parques
Después de la presentación del Informe a la Comisión de la Verdad el pasado 20 de noviembre de 2020, el Ministro de Medio Ambiente Carlos Correa, anunció el 15 de diciembre el cambio en la dirección de Parques Nacionales Naturales, cargo que ocupaba Julia Miranda desde 2004, caso que ha generado gran polémica entre ambientalistas y expertos. En cabeza del organismo fue nombrado Orlando Melo, ex director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) en Bogotá durante la administración de Enrique Peñalosa.
Ver: Piden la renuncia de Julia Miranda a la dirección de Parques Nacionales
Según el periódico El Tiempo, el paso de Melo por el IDRD fue polémico, porque si bien logró la construcción de 1447 nuevos parque en Bogotá, se presentaron casos como el de la construcción del parque El Japón en la localidad de Chapinero, donde la publicación destaca que “durante semanas, se vivieron varias protestas por la tala de algunos árboles del parque El Japón, que llevaban décadas. La tala se hizo para renovar el parque y darle paso a juegos para niños, senderos, mesas de ajedrez, así como construir una cancha de fútbol 5” (El Tiempo, 16 de diciembre de 2020).
Cabe destacar que el nuevo director es arquitecto y tiene una especialización en Gerencia de Construcciones y un MBA de la Universidad Politécnica de Cataluña, según lo indicó el periódico El Tiempo.
Ver: Orlando Molano, exdirector del IDRD, sería el director de Parques
Fuentes allegadas a la dirección de Parques Naturales Nacionales indicaron que el relevo en la administración de esta institución estaría ligada a la negativa para permitir la construcción de un posible complejo hotelero en el Parque Nacional Natural Tayrona, ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Ante este hecho, distintos sectores se pronunciaron en contra de la situación, pues dejaría a los Parques Nacionales Naturales, sin un director con los conocimientos y experiencia necesaria para dirigir la entidad y proteger la biodiversidad de las áreas protegidas de los grupos armados, la deforestación, la siembra de cultivos ilícitos y demás prácticas que atentan contra el equilibrio de la naturaleza y el mantenimiento de los recursos naturales.
