Por Carolina Vigneaux Lobato
El 4 de enero fue detenido, Alex Cuadra, camarógrafo de CNN Chile, mientras se encontraba cubriendo una acción de protesta estudiantil, lo que causó gran revuelo mediático, como si no se tratara de una situación cotidiana para los camarógrafos, periodistas y comunicadores populares que trabajan cubriendo las movilizaciones sociales en las calles de Chile.
En Chile la concentración de los medios de comunicación es tal que la mayoría se divide en hegemónicos y contra hegemónicos. Los hegemónicos se cuadran editorialmente con los grandes empresarios que manejan los destinos del país a través de su poder económico y su influencia en los poderes del Estado, es decir, sirven como plataforma de los poderes fácticos en un mundo en que el manejo de la información es clave.
Los contra hegemónicos en cambio, son medios que con escasos recursos y mucha convicción buscan informar lo que está pasando desde el mundo popular: los estudiantes, los trabajadores, los luchadores sociales. Denuncian habitualmente la represión policial y los abusos en distintos ámbitos. Están, muchas veces formados por pobladore(a)s que voluntariamente dedican su tiempo a contarles y/o a mostrarles a sus pares lo que está pasando. Al no depender de auspicios de grandes empresas, no reciben presiones en su cobertura. por lo que son considerados potencialmente peligrosos ya que realizan una labor inconveniente.
Entonces, el trato que les otorga las policías en las calles es muy duro. L@s trabajadore(a)s de los medios populares muchas veces no son reconocidos como tales, por el contrario: sufren persecución policial que incluye detenciones, golpizas, rupturas de sus equipos de trabajo (que han sido adquiridos con mucho esfuerzo), disparos de perdigones, lanzamientos de bombas lacrimógenas, intoxicaciones con gas pimienta y carros lanzagases, como si fuese un costo asociado a la realización de su labor. Los agentes persiguen a quienes buscan hacer registro de las detenciones ilegales, los incumplimiento de procedimientos, las golpizas y los abusos, lo que es totalmente contrario a un Estado democrático.
Si bien durante la revuelta social iniciada el 18 de octubre de 2019 hubo una persecución general a la prensa en distintos ámbitos, esta continuó siendo fue más intensa en las comunicaciones populares.
La labor de los trabajadores de las comunicaciones es de vital importancia ya que, al ser testigos de potenciales abusos, su presencia puede resultar inhibitoria para la comisión de los delitos y posteriormente el material puede ser materia de juicio y, a la vez, ejercer presión social mediante la difusión en las redes.
Luego de los abusos más graves se han interpuesto muchas veces recursos de protección a favor de los comunicadores, ya que se atenta contra su integridad, la libertad de expresión y la información de la sociedad. Sin embargo, no han existido respuestas institucionales favorables, ni menos un cambio en el accionar de Carabineros de Chile.
Esta situación no es nueva, sino parte de la criminalización sistemática que sufre la protesta social en Chile desde hace décadas, como ha sido consignado en reiteradas oportunidades en informes de derechos humanos, declaraciones del colegio de periodistas y de agrupaciones de comunicadores como la Asociación de Reporteros Independientes.
