El senador Francisco Huenchumilla dice, con razón, que tenemos la oportunidad inédita de redactar una nueva Constitución, fundada en la soberanía popular. Agrega que, por primera vez, se ha abierto una puerta a los pueblos originarios para opinar sobre su presente y futuro (El Mostrador, 22-12-2020). Insiste, con preocupación, en la unidad de la oposición para enfrentar la elección de constituyentes.

Hay que reconocer, sin embargo, que la oportunidad para terminar con la Constitución de Pinochet, después de cuarenta años de injusticias, no encuentra su fundamento principal en el accionar de los partidos políticos sino sobre todo en la rebelión popular del 18-0 y posteriormente en el plebiscito aplastante del 80-20. Esto no debe olvidarse, a riesgo que se deteriore aún más la ya debilitada centroizquierda.

En consecuencia, los disminuidos partidos políticos se deben a esa mayoría abrumadora que conquistó el derecho a construir un país decente. Entonces, más allá de diferencias partidarias o de perfilamientos propios, lo sustantivo, en la hora actual, es lograr una mayoría de constituyentes que redacte una Carta Fundamental para terminar con el régimen de desigualdades y abusos que instaló la Constitución de Pinochet.

Está claro que, si la oposición va dividida y la derecha unida, la derrota es inevitable y el costo para la sociedad chilena sería desastroso. Pero también debe estar claro que la unidad de los partidos opositores no puede hacerse en desmedro de la ciudadanía que instaló las transformaciones; por tanto, sus demandas son ineludibles.

Según el senador Huenchumilla parecen haber escasas diferencias entre los partidos opositores sobre los temas sustantivos a debatirse en la nueva Constitución: el término del Estado subsidiario, así como la recuperación de los derechos sociales, la preponderancia del medio ambiente, el Estado plurinacional, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho de propiedad, entre otros.

Creo que el senador tiene en parte razón. Sin embargo, existen dudas sobre la efectiva disposición de algunos miembros de los partidos de la Unidad Constituyente por terminar con el actual régimen económico y político. Porque no se conoce una debida autocrítica de los economistas y políticos de centroizquierda sobre la administración del modelo neoliberal. Por el contrario, más bien ha habido complacencia con los años de gobierno de la Concertación. Y eso preocupa a las organizaciones del Chile Digno, pero sobre todo a los movimientos sociales críticos del régimen actual.

Junto al conformismo ideológico de la centroizquierda con el neoliberalismo, existe otro tema preocupante. El tipo de economía que la Concertación ayudó a construir en el país no hubiese sido posible sin la instalación de fluidos vasos comunicantes con los grandes negocios. El cohecho de políticos y también la instalación de exautoridades gubernamentales en los sillones de las empresas, han facilitado el tráfico de influencias e incluso instalado legislaciones indebidas en favor del gran capital.

En consecuencia, el desafío político principal en la hora actual, y en particular para la elaboración de la nueva Constitución, es terminar con la hegemonía económica y el poder fáctico del gran empresariado. Los promotores de los abusos y desigualdades deben ser puestos en su lugar, deben ser disciplinados. Aquí está el nudo gordiano que la sociedad chilena debe romper. Si no hay acuerdo en esto es difícil una unidad real de la oposición y de los políticos con la sociedad civil.

Por tanto, para que se haga efectiva la convergencia entre partidos opositores debe existir un referente común, y ese es la unidad social del pueblo. Más allá de contingencias partidarias, lo relevante es articular a una amplia mayoría social que reúna a trabajadores, organizaciones de la sociedad civil, junto a pequeños y medianos empresarios, con el apoyo del Estado. Esta es la única manera de hacerle contrapeso al gran capital, el gran poder fáctico del país, que ha corrompido la política chilena e impide las transformaciones de Chile.

Otro tema de controversia, aunque de menor trascendencia, es la obstinación del Partido Comunista en su política internacional de apoyo a dictaduras en otras latitudes. Ello favorece el atávico anticomunismo, que sólo sirve para que algunos oportunistas le cierren las puertas a su incorporación a la unidad opositora. Sin embargo, lo que se debiera valorar del PC es su ineludible compromiso democrático, a lo largo de toda la historia de Chile.

Unir la dispersión opositora será difícil. Pero la convergencia de políticos transformadores con las organizaciones ciudadanas resulta indispensable para redactar una nueva Constitución que fundamente los cambios que Chile requiere en favor de la igualdad, la democracia y la inclusión social. Es la unidad social y política que el pueblo necesita.