Por Laura Carlsen
El sufrimiento de los sectores marginados suele ser invisible para el público entrenado en desviar la mirada. El sistema patriarcal-capitalista que fabrica su miseria hace todo lo posible para esconderlo. Para los medios, no es noticia. Para las empresas y buena parte de las iglesias, es el orden natural del mundo. Para los machos, es asunto privado.
Y de repente, estalla en las calles, cientos de miles de personas gritando que las cosas no pueden seguir así, que el sufrimiento —nada parejo ni natural— no es justo, no es tolerable. Así pasó en dos países latinoamericanos en estas semanas: Perú y Guatemala.
Las movilizaciones tienen mucho en común. Primero, el catalizador fue el descaro total de las élites políticas. En Perú, el congreso —controlado por políticos que enfrentan denuncias por corrupción y enriquecimiento ilícito, y van por más—destituyeron al presidente Martín Vizcarra el 9 de noviembre en un golpe de estado técnico, acusándolo de “incapacidad moral permanente” que no existe como causal de remoción, ya que la constitución no precisa al respecto.
En Guatemala, el Congreso, también constituido por muchos miembros vinculados a la corrupción endémica del sistema político, aprobó un presupuesto que quitaba dinero a programas sociales como, entre otros, el combate a la desnutrición, para aplicarlo en sus propios gastos. El 21 de noviembre se llenaron las calles de la capital y de las ciudades de los departamentos con manifestaciones masivas. Distintos sectores organizados pidieron la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y sus ministros.
El estallido popular en Perú es quizás el menos esperado, a pesar de su historia de inestabilidad política. Las movilizaciones —primero, en contra de la destitución por el Congreso del entonces presidente Martín Vizcarra y después contra la imposición del derechista Manuel Merino de Lama— fueron convocadas por jóvenes, en redes sociales, por lo general, sin otra base organizativa. Lograron su objetivo, que fue quitar a Merino del poder. El presidente impuesto solo duró 6 días.
Las manifestaciones en Guatemala también fueron lideradas por jóvenes, con una participación destacada de mujeres, organizaciones indígenas y de derechos humanos y otros sectores. Allí, también lograron la demanda que desató la protesta, que fue la anulación de modificaciones en el presupuesto. Pero si en Perú el cambio de presidente fue suficiente para que las manifestaciones cesaran, en Guatemala, con una sociedad civil mucho más organizada, han continuado. Como decía un letrero mostrado frente al Palacio Nacional, “No es sólo el presupuesto. Es la cooptación, el abuso, la represión, la incapacidad, el robo, el descaro, la pobreza, el abandono, la desnutrición”.
Otro factor tristemente compartido por las dos protestas fue la represión. La acción violenta por parte de las fuerzas de seguridad en Perú dejó dos muertos y más de 100 heridos. El nuevo gobierno está investigando los hechos y reorganizando la policía y las fuerzas armadas. En Guatemala, la represión también fue brutal y dos jóvenes perdieron el ojo izquierdo, entre muchas otras personas heridas. El enojo por la respuesta violenta del estado hizo más fuerte y más amplia la demanda por la renuncia de los gobernantes.
Las movilizaciones en los dos países son resultado del hartazgo ante la corrupción y la desigualdad del sistema político y el neoliberalismo. En las dos, fue la juventud que se rebeló de manera destacada, reclamando el derecho a tener un futuro mejor. Las fotos y videos de las protestas en Guatemala muestran el papel sobresaliente de las mujeres mayas, con críticas al patriarcado y demandas de los pueblos indígenas. El paso de los huracanes Eta y Iota arrasó a muchas zonas indígenas, revelando la devastación permanente del modelo extractivista y la discriminación que enfrentan. Y, como en otros países del continente incluyendo el Perú, la pandemia ha dejado en claro la desigualdad y el deterioro, casi colapso, de los servicios públicos.
No podemos saber el desenlace de esta ronda de insurrección popular en el continente. En el Perú, la situación ha vuelto a una nueva aunque inestable normalidad. Tiene elecciones presidenciales el 11 de abril, mismo día en que Chile llevará a cabo la elección de constituyentes. En Guatemala, siguen las demandas populares. En los dos países, ha surgido la demanda de una asamblea constituyente para iniciar el proceso hacia una nueva constitución, con distintos grados de apoyo. Es una demanda que tiene mucho sentido, dadas las lagunas y contradicciones en las constituciones actuales, pero que necesitaría lograr una base organizada entre el pueblo para prosperar.
Las insurrecciones de noviembre muestran que la población no está dispuesta a aceptar este grado extremo de corrupción y despojo de bienes públicos, menos la juventud que tiene que heredar lo que deja esta generación rapaz de gobernantes y empresarios.
