Por: Zenaida Espinosa Cabrera

Cierra el 2020 y, con él, un año lleno de dolor para Colombia. Los asesinatos y las masacres fueron noticia diaria, retornando a un pasado que se creía en transformación. El fenómeno de las nuevas formas de violencia no dan tregua y el año estuvo marcado por innumerables masacres que, de acuerdo con INDEPAZ, entre el mes de enero y hasta el 19 de diciembre, ascendieron a 85. Los departamentos más afectados son Antioquia con 20, Cauca con 13, Nariño con 9 y Norte de Santander con 6.  A esto se suman los 292 líderes y lideresas sociales, defensores de DDHH asesinados en el mismo periodo de tiempo. El ambiente de estigmatización también lo viven los excombatientes, reincorporados de las extintas FARC, quienes han perdido en hechos violentos a 247 de sus miembros, lo que ha signifacado para ellos un pos acuerdo traumático y que impacta directamente en la implementación del Acuerdo de Paz.

Ver: ‘Son 85 las masacres cometidas en Colombia en 2020′: Indepaz

El sábado 18 de diciembre el partido FARC denunció un atentado contra uno de sus miembros, el excombatiente Néstor Sánchez, hechos que se presentaron en el Municipio de Soledad (Atlántico) y en el que resultó herido uno de sus hijos.

La Asociación Campesina del Catatumbo lanzó el pasado 17 de diciembre una alerta a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación y ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en Colombia, sobre acciones violentas que se han venido presentado por parte del Ejército Nacional en el corregimiento La Gabarra, en el Departamento de Norte de Santander. Las comunidades han sido objeto de amenazas de muerte, extorsiones, hostigamientos y la imposibilidad de acceso al agua, debido a que los militares se encuentran ubicados en la bocatoma donde hacen su limpieza personal y se arrojan residuos de alimentos.  También se alerta sobre la presencia del Grupo Paramilitar “Los Rastrojos”.

Lo preocupante para avanzar, es la falta de confianza en las instituciones, pues éstas en lugar de ganar credibilidad, cada día aumenta la desconfianza de la ciudadanía, al observar y escuchar la desidia con que el Gobierno, el Ministro de Defensa e, incluso, mandatarios locales asumen estas denuncias y la forma de tramitar las dificultades de seguridad y de controles administrativos. Por ejemplo, los dos últimos ministros de defensa, realizaron pronunciamientos nefastos, sin dimensionar las consecuencias que pueden generar sus palabras; el ex ministro de defensa del gobierno Santos, Luis Carlos Villegas, declaró que “La inmensa mayoría de muertes de líderes sociales se deben a peleas de vecinos, faldas y por rentas ilícitas” y, su sucesor, en el actual gobierno, Guillermo Botero, expresó ante los asistente al Congreso de la Confederación de Cámaras de Comercio:  “(…) Y con los dineros ilícitos corrompen, y en tercer lugar financian la protesta social”. 

Ver: Declaraciones del Ministro Guillermo Botero

 

Cabe recordar que este último Ministro fue objeto de una moción de censura ante el Congreso de la Repúblic, después de un bombardeo por parte del Ejército en zona de San Vicente de el Caguán, departamento de Caquetá, donde murieron varios menores de edad y, para entonces, el presidente Iván Duque ante la pregunta sobre esta situación por parte de un periodista, se limitó a contestar: “¿de qué me hablas viejo?”; y en agosto de este año al referirse a las masacres, Duque alegó: “muchas personas han dicho, volvieron las masacres, volvieron las masacres; primero hablemos por el nombre preciso: “homicidios colectivos” y tristemente hay que aceptarlo como país, no es que volvieron, es que no se han ido tristemente estos hechos”. Su actual Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en ese momento reiteró lo dicho por el Presidente, cuando manifestó: “Masacres es un término que se viene utilizando de manera periodística, coloquial”, lo que desató rechazo de la ciudadanía a través de las redes sociales.

“Cambiándole de nombre a las verdades, las verdades no cambian. En Colombia prosiguen las masacres, mientras el nombre que el gobierno nacional prefiere demuestra más indolencia que técnica” Camilo Umaña, periodista de Razón Pública.

Ver: “Homicidios colectivos”: un estado de negación

La desesperanza del pueblo con las Fuerzas Militares obedece a que, con el regreso del partido de Gobierno, pareciera que se busca revivir las políticas que llevaron a los llamados “falsos positivos”, por los cuales en la actualidad están siendo investigados 22 Generales y 10.949 soldados. “El Gobierno tiene a los líderes sociales entre la muerte y la criminalización”, expresó en su cuenta de Twitter la Representante Ángela María Robledo.

Casos reprochables también se escuchan de mandatarios locales como el Alcalde de Quibdó (Chocó) Martín Emilio Sánchez, quien ante la grave situación de seguridad le aconseja a sus ciudadanos: “negociar sus vidas con los asesinos”, pues según él “la administración pública no es soplar y hacer botellas”. Por su parte el Alcalde de Ciénaga (Magdalena) Luis Alberto Samper en un control de licencias de trabajo a vendedores ambulantes, tras la oposición de éstos manifestó: “le empujo un tiro al que se meta conmigo”.

Otra preocupación ha sido la de la protesta y las medidas de corte autoritarios contra la movilización ciudadana, ejemplo de ello es el Decreto que planea expedir el Gobierno: “para prevenir el terrorismo”, que busca contrarrestar la “radicalización violenta de los estudiantes”, pues es claramente una inculpación de terrorismo contra los jóvenes, pues en ninguna parte del borrador los términos “radicalización”, “odio” u “extremismo violento”, se explican o definen para efectos de la aplicación del mencionado proyecto de Decreto, lo que deja las puertas abiertas a que se cometan arbitrariedades contra quienes utilizan la protesta y las movilizaciones como un derecho legítimo para materializar sus exigencias.

Ver: Duque planea decreto para prevenir «la radicalización” sin decir qué es eso

La otra criminalización que se ha presentado es contra la protesta y los líderes sociales, con el arresto arbitrario de personas y líderes sociales, situación que se ha agudizado desde el 21 de noviembre del 2019 en diferentes hechos, conocidos a través de los medios y redes sociales. Por último, hace unos días el Embajador de Alemania en Colombia Peter Ptassek, denunció  a través de su Twitter el arresto arbitrario de 3 miembros del Congreso de Los Pueblos, un Movimiento Político y Social que agrupa diferentes sectores y actores sociales rurales, afro y campesinos..