Colombia: Líderes sociales judicializados: ¿quiénes son Teófilo, Adelso y Robert?

Entre el 15 y 16 de diciembre pasado fueron detenidos estos tres integrantes del Coordinador Nacional Agrario de Colombia y el Congreso de los Pueblos. Desde el sur de Bolívar, Arauca y Nariño son reconocidos como referentes de procesos organizativos. Este lunes se define su situación judicial.

El 31 de diciembre de 2019, Robert Daza Guevara bailaba con Dubi, su esposa, entre luces de Navidad, la multitud y lo que se presentaba como un bambuco en las calles de la vereda Alto Llano, del municipio de San Pablo, en Nariño. Casi un año después, faltando 15 días para que se acabara 2020, esa imagen festiva se diluyó no sólo porque la idea de una fiesta multitudinaria durante la pandemia por COVID-19 sea un sinsentido, sino porque está bajo arresto.

En la madrugada del pasado miércoles a la puerta de la casa de Carmen Alicia, hija de Robert Daza, llegaron agentes de la Policía Nacional, la Fiscalía y la SIJIN para llevarse a Robert. Allanaron la vivienda y le confiscaron el computador, el celular y unas memorias. A las tres de la mañana, en Pasto, era detenido el tercer líder social en menos de 24 horas.

Un día antes, en horas de la tarde, Teófilo Acuña y Adelso Gallo fueron arrestados en la ciudad de Villavicencio (Meta) y el municipio de Barranco de Loba (Bolívar), respectivamente. A los tres líderes sociales se les sindica del delito de rebelión, supuestamente por pertenecer a la guerrilla del Eln.

Las órdenes de captura en su contra fueron expedidas por el Juzgado de Control de Garantías de la Ciudad de Popayán y la solicitó La Fiscalía 174 de la Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales (Decoc) —antes Fiscalías Especializadas contra el Terrorismo— de Santa Marta.

Según la experiencia de Jorge Reales, abogado de Robert Daza, no es común que una Fiscalía tan distante del Juzgado solicite una orden de captura, pero no es ilegal: “El proceso de estos tres dirigentes tiene una matriz: un proceso que se inició en el Cauca, y a partir de ese proceso se generan otros tantos, por tal razón es que, de pronto, la Fiscalía solicitó que se abalaran esas capturas allá en Popayán”. Y aclara que no hay ningún hecho puntual que relacione a los líderes detenidos con hechos sucedidos en la ciudad de Santa Marta.

Adelso, Teófilo y Robert hacen parte de la organización Coordinador Nacional Agrario de Colombia (CNA). Creada el 18 de febrero de 1997, reúne campesinos, indígenas, afros, obreros y jornaleros para trabajar por intereses populares. A su vez, el Congreso de los Pueblos, creado el 12 de octubre de 2010, es la sombrilla más grande a nivel social y política que agrupa cientos de organizaciones locales, regionales y nacionales, especialmente relacionada con la base campesina, y entre ellas se encuentra el CNA.

“Todas las regiones donde estamos nosotros presentes son regiones petroleras, son regiones mineras y son regiones donde hay monocultivo. Es el enfoque que nosotros llamamos ‘neoliberal’, que es un modelo de desagrarización y altamente extractivista.”, explica Olimpo Cárdenas, delgado del Equipo Nacional de Derechos Humanos y Paz del Congreso de los Pueblos.

Los tres líderes detenidos se destacan por su amplia trayectoria en la defensa del territorio y su capacidad de convocatoria a la hora de organizar movilizaciones y fortalecer las dinámicas de unidad al movimiento social, características que los ha puesto en la mira de grupos de origen paramilitar, entre ellos las llamadas ‘Águilas Negras’.

En las diferentes alocuciones que están registradas en videos disponibles en Internet, los caracteriza un discurso de confrontación al modelo económico neoliberal, al “terrorismo de Estado”, y al asesinato de líderes y lideresas sociales.

Según Jimmy Moreno, líder social y vocero Nacional del Congreso de los Pueblos y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, “eso incomoda al régimen, al poder político regional y nacional, y sobre esas bases se dan las judicializaciones, como un plan de criminalizar, pero también de desarticular y desestructurar los procesos sociales y organizativos, y generar miedo hacia las organizaciones y hacia los mismos líderes y lideresas sociales”.

Durante una rueda de prensa realizada el pasado miércoles, voceros del Congreso de los Pueblo y el CNA denunciaron que la judicialización contra el movimiento social y político alternativo era sistemática y afectaba, especialmente, a líderes campesinos y medioambientales, defensores del Acuerdo de Paz firmado con las antiguas Farc y promotores de la protesta social.

Fabián Laverde, vocero de la Comisión de Garantías de Derechos Humanos de la Cumbre Agraria, indica que estas judicializaciones escalaron, de líderes locales a líderes de representación nacional.

“La Fiscalía comienza a judicializar a los líderes sociales por departamentos, luego por regiones y ahora con el caso de los tres dirigentes lo plantea en una situación mucho más grande, que pretende afectar a todo el movimiento campesino”, advierte Laverde.

A su juicio, esas acciones judiciales “mandan un mensaje a todo el movimiento social en Colombia ya que todo aquel que se ponga a joder en las calles, el que se ponga a organizarse, el que se ponga a incitar a la población a desestabilizar el ejercicio de gobernabilidad, pues, es un delincuente”.

Contexto preocupante

Foto: cortesía Congreso de los Pueblos y Coordinador Nacional Agrario

Son varios los casos que respaldan los argumentos de esas organizaciones. Uno de ellos es el de la lideresa Milena Quiroz, detenida el 21 de marzo de 2017 junto a doce personas más, tres de ellas defensoras de derechos humanos tras una operación de la Policía y el Ejército en los municipios de Arenal, Morales, Norosí y Tiquisio, sur de Bolívar, en ejecución de una orden de captura proferida por la Fiscalía Tercera del Circuito Especializado de Cartagena. A los arrestados se les sindicó de hacer parte de la Red de Apoyo al Terrorismo del Eln.

El informe Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz, elaborado y difundido el año pasado por un grupo de organizaciones sociales, consignó los argumentos de la fiscal Tercera Especializada de Cartagena, María Bernarda Puente López, en la audiencia ante el Juzgado Segundo Ambulante, de la ciudad de Cartagena, que definió la situación jurídica de Milena Quiroz.

“Para la Fiscalía, ¿por qué es necesaria esta medida —medida de aseguramiento intramural—? Desde el punto de vista de seguridad del Estado o de tranquilidad social, señora juez, la Fiscalía considera que es necesaria y proporcional esta medida porque la señora Milena es una señora que mueve masas y está demostrado que mueve masas y es líder comunitaria, líder social y existe testimonios que dicen que ella forma marchas, hace marchas, organiza marchas…”, se lee en el documento.

Si bien el Juzgado dictó la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía, ocho meses después de su arresto en prisión, fue revocada para Milena Quiroz, Isidro Alarcón, Nubia Gómez Jaime, José David Jaime, Manuel Francisco Zabaleta y Féliz Muñóz (defensores del sur de Bolívar), porque, según el documento citado, “los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía eran insuficientes para demostrar su pertenencia a la guerrilla del ELN”. (Leer más en: Operativo en el sur de Bolívar, más mediático que judicial)

Lo particular es que mientras los líderes sociales estaban en prisión, la fiscal Puentes López fue detenida a finales de julio de 2017 y condenada, a mediados de febrero de 2018, a 70 meses de cárcel tras comprobarse que recibió sobornos de narcotraficantes para beneficiarlos en sus procesos.

Otro caso es el de Julián Gil, exsecretario técnico del Congreso de los Pueblos, quien el 6 de junio de 2018 fue detenido y acusado del delito de rebelión, receptación y porte de armas y municiones. Sin embargo, tras 900 días privado de la libertad, el 24 de noviembre de 2020, una jueza Primera Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, lo absolvió de los cargos.

Igual situación vivió José Murillo Tobo, detenido el 2 de diciembre de 2019, en Saravena, Arauca, reconocido como “un líder de base” por sus compañeros. No es su primera vez bajo arresto. En 2003 fue encarcelado durante la práctica de capturas masivas adelantadas por la Fiscalía en desarrollo de las Zonas de Consolidación y Rehabilitación. Tres años después fue dejado en libertad. Sin embargo, desde su detención el año pasado, aún sigue preso en la cárcel La Picota.

Con la Ley 1908 del 9 julio de 2018 se modificaron las medidas de investigación y judicialización de organizaciones criminales, es por ello que al ser relacionados estos líderes con la guerrilla del Eln pueden estar privados de la libertad de 24 a 30 meses a la espera de que la Fiscalía aporte las pruebas que demuestran su vinculación a esa organización alzada en armas.

Para Moreno, vocero de Congreso de los Pueblos, lo que las autoridades judiciales han venido haciendo es relacionar insulsamente los liderazgos y movilizaciones con ese grupo insurgente con el fin de afectar procesos sociales y comunitarios.

“Como es la única insurgencia alzada en armas, no tienen donde más echar mano. Eso se suma al discurso que han venido construyendo estos gobiernos de relacionar las protestas sociales con grupos de insurgencia armada. Una política de seguridad que marca al movimiento social popular como un enemigo del Estado colombiano”, asegura Moreno.

El abogado Reales, que representa a Daza, explica que actividades que su defendido lideró recientemente como los paros campesinos o la Caravana Humanitaria al Cañón Del Micay (Cauca), realizada entre el 29 de octubre hasta 2 de noviembre de este año, lo pusieron en la mira del ente acusador.

Esas actividades, afirma Reales, “pueden ser valoradas por la Fiscalía como actividades de índole subversivo con función de fortalecer a la insurgencia, cosa que los líderes han rechazado. Siempre han dicho que sus actividades son propias de ellos y de las organizaciones populares, en las cuales la insurgencia no tiene ningún tipo de injerencia”.

Durante la audiencia de legalización de la captura de los tres líderes sociales, realizada el pasado viernes ante el Juzgado de Control de Garantías de la Ciudad de Popayán, la Fiscalía expuso que la labor de los imputados se ajusta en lo que hace un líder social, pero alegó que ese trabajo “resulta beneficioso para la insurgencia”, según versión de Reales, quien explica que desde el reconocimiento de la misma labor de liderazgo social se está alegando la defensa de Acuña, Gallo y Daza.

El fiscal del caso presentó información extraída de dispositivos electrónicos como pruebas para solicitar que los tres líderes sociales fueran recluidos en un penal tras considerar que su supuesto vínculo de los líderes con el Eln los convierte en un peligro social y podría haber riesgo de fuga.

Sin embargo, Reales recuerda que Acuña y Daza, en acto simbólico realizado el 12 de junio de 2017, se entregaron a la Fiscalía, junto con una decena de líderes sociales. Con esta actividad buscaron comprobar si el ente investigador los requería en algún proceso, sin embargo, no tenían nada en su contra.

Foto: cortesía Congreso de los Pueblos y Coordinador Nacional Agrario

“Robert, diríamos, es un campesino ilustrado”, afirma Olimpo Cárdenas del Congreso de los Pueblos. “Robert no deja sus prácticas, su cultura, su sombrerito, su forma de hablar, sus chascarrillos campesinos, pero es un hombre con formación académica que permanece con el azadón en su territorio; creando e impulsando proyectos con las comunidades”.

Daza siempre usa sombrero y resalta en su habla el acento pastuso. Representa al campesinado de la zona del Macizo colombiano y está comprometido con la lucha del reconocimiento del campesino como un sujeto de derechos.

Posee título de Ingeniero Agrónomo, otorgado por la Universidad de Nariño. Y justo ese conocimiento lo ha puesto al servicio de las comunidades, especialmente de su municipio en el norte del departamento de Nariño, San Pablo, en donde, junto a la comunidad de la vereda El Alto, cultiva café y produce la marca Café Alto, una iniciativa del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA).

En febrero de 1997, Daza fundó y fungió como primer presidente del CNA, un proceso de asociación de campesinos, indígenas, afrocolombianos, jornaleros desde donde comenzaron a trabajar en iniciativas populares que reflejen los intereses y necesidades de estas comunidades. Desde entonces, ha figurado en espacios de movilización, convirtiéndose en vocero del paro nacional agrario en 2013.

Junto con su comunidad nariñense, es uno de los gestores de los Territorios Campesinos Agroalimentarios, una propuesta colectiva de tenencia de la tierra y gobierno propio para comunidades campesinas, para el mejoramiento de la calidad de vida, el fortalecimiento económico y la protección medioambiental.

“Él dice que nosotros debemos construir territorios grandes, de organizaciones sociales, de comunidades donde la gente misma siembra lo que se come, intercambia, trata de recuperar problemas ambientales, cultivar orgánico. Y que varios de esos procesos se hagan con ‘recuperación de tierras, no comprándolas sino recuperándolas, que se han perdido históricamente”, explica Cárdenas.

Una propuesta que se traduciría en tomarse terrenos baldíos solicitados por labriegos al gobierno nacional y no han sido adjudicados, o fincas que fueron despojadas por paramilitares o terratenientes. Esta ‘recuperación de la tierra’, como ha ocurrido en el caso indígena con los Liberadores de la Madre Tierra en el departamento de Cauca, ha terminado en enfrentamientos con la Fuerza Pública.

Luz Mila Ruano es compañera del proceso comunitario y amiga de Daza. Llegó desplazada del Cauca y se quedó enganchada al departamento de Nariño apoyando proyectos de fincas de referencia agroambiental y el trabajo de las mujeres en el campo.

Con Daza se reunía con frecuencia para revisar las agendas de trabajo comunitario, pero más allá de eso, se encontraban como amigos y, además de hablar, hacer sancochos de gallina. Él último que Luz compartió con su amigo fue a finales de noviembre, en la finca de los Daza. “El primer recuerdo que tengo de él es su sonrisa. ‘¡Oh, compañera, soprana, bienvenida al territorio nariñense!’ y ‘te vas a volver pastusa’”, cuenta Ruano.

“Robert es un carismático impresionante”, agrega Cárdenas. “Es un hombre que a toda hora anda haciendo chistes. Supremamente inteligente”. Desde septiembre de 2018 y hasta mediados de 2020 trabajó en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del senador José Alberto Castilla del Polo Democrático. “Pero siempre termina abandonando lo nacional y yéndose para su territorio, siempre. A él le gusta el trabajo de base”, indica este vocero de Congreso de los Pueblos.

Como líder comunitario, Daza aconseja, trabaja sobre los errores e impulsa la defensa y reivindicación de los derechos de las comunidades a través del empoderamiento de la figura del campesinado.

“Inspira en que leamos mucho”, continúa Cárdenas. “También dice: ‘hay que investigar, hay que preguntar, hay que dejar ese nerviosismo, tú sabes que uno como campesino y campesina es como tímido, ¿no?’ Incentiva el trabajo comunitario. Y lo otro es que es muy solidario. Si hay un compañero o compañera que esté en dificultades, se da a la tarea de irlo a visitar a la casa. Cuando hay dificultades económicas, empieza a hacer mingas, llamados para recolectar recursos”.

A raíz de ese trabajo social y comunitario, con amplio reconocimiento como líder entre las comunidades, las autoridades, precisa Cárdenas, lo han querido involucrar como organizador de procesos sociales a favor de la guerrilla del Eln.

Ruano, por su parte, no duda un segundo en afirmar que la captura de su amigo y la de sus dos compañeros es un montaje judicial: “Yo que lo conozco desde el 2002 y ando personalmente desde el 2004, nunca me ha incentivado a que haga parte de grupos armados. Él siempre incentiva la denuncia. A mí me parece que es raro porque en ningún espacio Robert incentiva o alaba o… ¡no!”, reitera la mujer.

Y agrega: “Yo creo que por el liderazgo que él ejerce, por su motivación, por la desigualdad que hay en el campo, por el abandono total que hay en el campo por parte del Estado colombiano. Si eso es hacer parte de un grupo subversivo pues yo creo que la mayoría lo sería, aunque no tenga identificación o no tenga alabanza con esos grupos armados”.

Daza también ha participado en movilizaciones en contra de proyectos de extracción minero-energéticos que se han querido ejecutar en el departamento y le ha exigido al Estado el cumplimiento de proyectos de economía campesina e inversión social para la sustitución gradual de cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola, y eso, de cierta manera, ha agudizado su situación de seguridad con grupos paramilitares y del narcotráfico.

“A Robert nunca lo vez triste. Ni por las dificultades que tenga. Siempre le miraba el lado positivo. Él dice ‘mientras tengamos la oportunidad de estar vivos, hay posibilidad de todo’. Ese es Robert”, resalta Ruano.

Teófilo Acuña, el vocero

Foto: cortesía Congreso de los Pueblos y Coordinador Nacional Agrario.

Teófilo Acuña es, además de campesino y líder social, vocero de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, un proceso organizativo que hace parte del Coordinador Nacional Agrario de Colombia (CNA), que reúne a comunidades campesinas, pescadoras, agromineras, desplazadas y otras organizaciones sociales de los departamentos de Bolívar, Cesar, los Santanderes y el Magdalena.

“A Teófilo lo conocí en el marco de la Minga Social y Comunitaria sobre 2006, 2007”, recuerda Moreno, Vocero Nacional del Congreso de los Pueblos y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, “después de las movilizaciones que se hicieron en el suroccidente colombiano donde el compañero asume vocería ya en el espacio de Minga Social y Comunitaria, junto a representantes como Feliciano Valencia”.

Sus amigos recuerdan a un Acuña de ropas sencillas y algo callado. Sin embargo, sus palabras son fuertes. Ha sido delegado por asociaciones campesinas y agromineras, y trabajado por los derechos humanos, la búsqueda de la verdad y la construcción de memoria.

Es considerado por compañeros y amigos como un dirigente histórico de base, acumulando más de 20 años sólo en el CNA. Pero desde años atrás venía participando de espacios de movilización social, como el paro de 1977, durante el gobierno del presidente Alfonso López Michelsen (1974-1978), mediante el cual el sector obrero reclamaba reformas económicas.

“A pesar de temas de salud y demás, siempre ha estado comprometido con estar apoyando las dinámicas organizativas y apoyar todas las dinámicas de movilización”, cuenta Moreno.

Nació en el sur de Bolívar y desde temprana edad se inclinó por los proyectos organizativos y económicos. Impulsó el desarrollo de carreteras, energía eléctrica y alcantarillado para los pueblos y corregimientos que se fueron formando con la colonización del sur de Bolívar. Y durante su juventud formó su liderazgo en la Federación Agromineral del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol).

Ya con una sólida formación, asumió la vocería de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, que es donde, en entre 2010 y 2013, generaron grandes procesos de movilización en oposición a los megaproyectos viales, entre los que se destaca la Ruta del Sol.

Según Moreno, este es un “punto de referencia histórica en el marco que se da de todos esos megaproyectos sobre el río Magdalena, esta vía de comunicación que despojó a muchos campesinos del territorio. En el marco de ese proyecto económico se ha enmarcado un mapa de conflicto militar y armado”. (Leer más en: La empresa criminal para despojar tierras)

Acuña también ha estado presente en los procesos de protesta, huelgas y paros en contra de la extracción minera aurífera en la serranía de San Lucas por parte de transnacionales como AngloGold Ashanti.

“A él lo conozco desde el 2011 porque desde el 2010 Gran Colombia Gold asentó un proyecto en Nariño que se llama Mazamorras Gold entre el municipio de Arboleda y San Lorenzo y él fue a dar nos una capacitación sobre la minería”, recuerda Luz Mila Ruano, lideresa de Nariño.

En cuanto a trabajos sobre verdad y memoria, Acuña apoyó a los campesinos y campesinas despojados de la hacienda Las Pavas. Y aunque la Corte Constitucional falló a favor de las 123 familias reclamantes, es un litigio que aún no termina de resolverse.

“El compañero Teo es un referente de esa lucha, estuvo acompañando a todo el proceso campesino y lo asumió de manera personal, en lo político, en lo jurídico, en lo social. Por el desplazamiento causado a campesinos y los intereses de empresas que quieren instaurar palma de cera en la hacienda”, explica Moreno. (Leer más en: ¿Qué pasa alrededor de la hacienda Las Pavas?)

En 2012, en desarrollo de las movilizaciones campesinas, Acuña fue vocero de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular. Allí hizo parte del equipo negociador que desde la organización se gestó con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y también hizo parte de la mesa de interlocución del sur de Bolívar, que buscaba sostener una interlocución permanente con el gobierno nacional.

La persecución judicial tocó a sus puertas el 21 de marzo de 2017, cuando su esposa, Milena Quiroz, lideresa del municipio de Arenal, fue detenida por las autoridades, junto con doce personas más, sindicadas por la Fiscalía Tercera del Circuito Especializado de la ciudad de Cartagena de pertenecer al Eln. Luego de ocho meses de prisión fue dejada en libertad y el proceso no prosperó.

Es por esos hechos que los compañeros de Acuña aseguran que su caso hace parte de una persecución a la familia y de criminalización del liderazgo social, pues en el caso de su esposa fue presentado como delito el hecho de incitar a la movilización social y ser líder social.

Adelso Gallo, cooperativista

Foto: cortesía Congreso de los Pueblos y Coordinador Nacional Agrario

Nacido en Saravena, Arauca, es hijo de una generación de colonos que llegó a organizar los primeros caseríos en este departamento tras ser desplazados durante la llamada época de La Violencia de mediados del siglo XX.

Con los recursos que tenían, empezaron a construir la comunidad, con resultados como la constitución de cooperativas del tamaño de la Empresa Comunitaria de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de Saravena (ECAAAS) en la que Gallo, su esposa y sus seis hijos participaron. Estas experiencias colectivas han conseguido que a él y a su comunidad los cataloguen de “guerrilleros”. (Leer más en: Empresa de acueducto de Saravena: historia de un proceso exitoso)

Gallo tiene bigote poblado y cabello ondulado, ambos profundamente oscuros, y un seseo particular, que resalta cuando dice palabras como “derechos”. Presidió la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca); fue impulsor de la Cooperativa Agropecuaria del Sarare; y hace parte de la CNA.

Además, ha sido un fuerte opositor a la presencia en Arauca de empresas como la Occidental Petroleum Corporation (OXY) y Ecopetrol, y entre sus actividades se destaca la exigencia de complimientos de acuerdos y retribuciones a las comunidades por las actividades minero-energéticas en sus territorios.

Fabián Laverde, vocero de la Comisión de Garantías de Derechos Humanos de la Cumbre Agraria, recuerda que conoció a Gallo cuando éste era gerente de la Cooperativa Agropecuaria del Sarare, un proceso organizativo que también era estigmatizado: “Básicamente tratan a la población que se organiza como si fueran subsidiarios o subordinados de la insurgencia”.

A este líder le tocó capotear la guerra que libraron las guerrillas de las Farc y el Eln en Arauca entre 2009 y 2012, y que dejó una estela de muertos. Al respecto, Laverde rememora que “Adelso era la persona que estaba, básicamente, en la primera línea de la dirigencia social en el departamento de Arauca, tratando de salvaguardar los bienes de la cooperativa, tratando de salvaguardar en sí, de manera integral, lo que correspondía al movimiento campesino”. (Leer más en: Las Farc rompen tregua con el Eln en Arauca)

Uno de los hechos de guerra en los que más insistió en denunciar Gallo fue el bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana, apoyado por la multinacional petrolera OXY, al caserío de Santo Domingo, del municipio de Tame, ocurrido el 13 de diciembre de 1998, durante un enfrentamiento con las antiguas Farc, que dejó por lo menos 17 personas muertas y 27 más heridas, entre ellas por lo menos 15 menores de edad. Por esos hechos, el 30 de noviembre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano.

“Adelson decía ‘jamás olvido esa situación en la que murieron un montón de niños, yo he tenido que salir a otros países a mostrar cómo mientras llenan los bolsillos esas empresas y que representan un crecimiento e incremento de la economía nacional en estos países matrices, representa, también, una tragedia en los lugares donde existe extracción’”, evoca Laverde.

Gallo también viajó varias veces fuera del país con el fin de denunciar las afectaciones socioambientales generadas por las empresas petroleras y la persecución judicial contra líderes y lideresas sociales.

Según Laverde, “la Fiscalía utiliza esas salidas de Adelso como que se tratan de unos itinerarios, un plan estratégico, de la insurgencia del Eln para posicionarse a nivel internacional… ¡Pues claro que no es así! (…) Adelso Gallo es un ejemplo de liderazgo. (…) Adelso se ha sacrificado toda la vida. Me atrevo a asegurar que ha dejado de construir sus propios proyectos personales por dedicarle toda una vida a la construcción de escenarios colectivos, de ordenamiento territorial, de autogestión, por supuesto de reivindicación y exigibilidad de derechos desde un escenario campesino”.

Este año termina rompiendo récords de agresiones y de asesinatos de líderes sociales. Así como los violentos a quienes les incomodan pasaron de las amenazas a los homicidios, parece que el Estado pasó de la estigmatización por parte de algunos de sus funcionarios, a capturas arbitrarias. En manos de los jueces está garantizarles el debido proceso y, evitar, como en anteriores ocasiones, posibles “falsos positivos judiciales”.